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Nadie por sobre la ley Por Raúl Hermosilla Hanne (Ralph)
El Presidente de la República ha declarado en Washington que en Chile nadie está por sobre la ley, a propósito del procedimiento judicial que
está iniciando el Consejo de Defensa del Estado en contra del General Augusto Pinochet Ugarte, para determinar el origen de los fondos que este último manejara en el Banco Riggs, de EE.UU., entre los años 1994 y 2002.
Según el informe de la Subcomisión del Senado norteamericano que investiga en ese banco las cuentas extranjeras que pudieran haber sido usadas para el financiamiento del terrorismo
islámico (¡¿...?!), las del General Pinochet registraron en ese período un "movimiento" entre 4 y 8 millones de dólares.Contando con el escaso conocimiento de la gente en general de la terminología bancaria, han hecho creer a la opinión
pública, en primer lugar, que esos montos se referirían a los "saldos" de dichas cuentas. Tal como ya lo señalé en mi anterior comentario sobre el tema, el movimiento de una cuenta bancaria es la suma de todos los depósitos y los giros del
período, y los saldos medios no son proporcionales a él, y suelen ser muy inferiores al 10% del movimiento. Si tal fuera el caso, y aún si los saldos medios hubieran sido mayores, no serían desproporcionados con los ahorros susceptibles
de haber sido hechos por el gobernante durante el largo período de su gestión, a los que habría que sumar importantes y desinteresadas donaciones recibidas de varios empresarios agradecidos de su gobierno que permitió la recuperación de la
economía nacional. Califico a dichos aportes de desinteresados, porque se produjeron en la época del plebiscito que perdió el General Pinochet, lo que hizo comprender a esos leales amigos lo abandonado y expuesto a las venganzas del
socialismo internacional que iba a quedar al entregar el mando, y los enormes gastos que seguramente iba a demandarle su defensa, como finalmente resultó. Lamentablemente no puedo creer en las palabras presidenciales en Washington,
porque él es el primero que se situó por sobre la ley en el caso de la compra del material educacional español, cuyo sobreprecio terminó depositado en una cuenta bancaria en Bahamas. Transcribiré textualmente, el párrafo al respecto de la
columna de Hermógenes Pérez de Arce en El Mercurio del miércoles 21 de julio, como sigue: "En 1990 y 1991, Ricardo Lagos, ministro de Educación, a través de un particular sin cargo alguno en el Ministerio, hizo
compras para éste en España, con fondos públicos, pero sin licitación. Vendedora: la empresa de un socialista de allá. Se pagó un sobreprecio estimado por la Contraloría en cuatro millones 200 mil dólares. Pero ésta no instruyó sumario
porque -argumentó- el agente de Lagos era un particular y no un funcionario, y ella sólo puede sumariar a funcionarios. Yo pregunté: Y el ministro que lo mandó, ¿no era funcionario? Nadie contestó. El contralor pasó la papa caliente
al Consejo de Defensa del Estado. Éste se la devolvió, diciendo que no podía hacer nada sin sumario previo. La papa se enfrió. Cuatro millones 200 mil dólares no investigables." Sin embargo, talvez podría existir una nueva
oportunidad para hacerlo, o para parar de una vez por todas el leseo. En efecto, si los tribunales de justicia aplican por parejo a ambos gobernantes las normas sobre prescripción que rigen en nuestra legislación, tendrán que archivar
ambas causas y, en caso contrario, investigarlas también ambas. ¿Está claro? |
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