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28 de agosto del 2004
Reflexiones ante el desafuero Me pidieron mis contertulios en el Café Dino's de Valdivia que les explicara qué sentido, efectos, y calidad tenía en Chile la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y les contesté que ni siquiera la de un curanto chilote, al cual sin embargo se asemeja, aunque no sea más que en aquello de que el que quiere saca choros y el que quiere longanizas. Y digo
que sólo en eso se parece, porque lo que es en cuanto a la calidad y el sabor de sus obras, los supremos cocineros no le llegan ni a los tobillos a los más rascas chilotes.Toda judicatura civilizada -y más aún,
decente- respeta sus propios dictámenes respecto de una misma persona y una misma causal. En el caso del General Pinochet, su sobreseimiento definitivo decretado por la misma Corte, en causa llevada por el mismo juez, en razón
del deterioro progresivo e irreversible de la capacidad mental de un anciano al borde de los 90 años de edad, para afrontar un debido proceso, constatado por los exámenes médicos ordenados tanto por la justicia chilena como antes por la
británica.. No perderé mi tiempo analizando en derecho un fallo aberrante, de clara inspiración en la más sucia política, que sólo pretende seguir fomentando el odio entre los chilenos y distrayendo a la ciudadanía de los
latrocinios de los más altos personeros de gobierno, de los parlamentarios de la coalición oficialista, y de la alta burocracia, así como de la mala administración del estado, del deterioro ocupacional del pueblo, y de los fracasos de una
reforma judicial que haya sido cual haya sido su inspiración, en razón de su inadecuación a la idiosincrasia y costumbres nacionales, sólo ha derivado en la protección al delincuente y en el abandono de la gente honorable y
trabajadora que hoy día está a su merced. Los juristas y abogados defensores del honor de la patria, sin duda se encargarán del análisis en derecho de la última atrocidad suprema, acordada por 9 votos (Juica, Chaigneau, Pérez,
Benquis, Marín, Yurac, Rodríguez Espoz, Oyarzún, y Morales, por el gobierno), contra 8 votos (Hernán Alvarez, Kokisch, Espejo, Gálvez, Cury, Jorge Rodríguez, Orlando Alvarez y Tapia, por la correcta administración de
justicia y en especial por el respeto del principio de la cosa juzgada). Afortunadamente el General Cheyre, en un noble y grandioso gesto de valentía y decisión que honra al glorioso ejército que comanda, y que sin duda la historia
militar recogerá y destacará en toda su honda significación y definitiva efectividad, manifestó en defensa de los nuevos batallones olvidados y del benemérito comandante en jefe ultrajado, su dolor de que como sociedad no logremos
desentramparnos del pasado... Raúl Hermosilla Hanne 21 de agosto del 2004 Un nuevo montaje
Cuando el aparato comunicacional del gobierno encomendó a un periodista de la cloaca
denunciar la supuesta rearticulación de un comando conjunto contra los derechos humanos, advertí a mis lectores que se trataba de un montaje para descabezar a la
Fuerza Aérea de Chile. Logrado el objetivo y conformado el nuevo alto mando, no se habló más del asunto ni de Colmillo Blanco y, naturalmente, no se difundió el hecho de
haberse archivado en los tribunales, por falta de mérito, la denuncia en tal sentido que hizo el gobierno. La principal víctima del canallesco montaje fue la esposa de un
distinguido general de aviación, que debió quedar en tratamiento psicológico para superar los traumáticos efectos de la infamia de ser acusada de haber secuestrado,
torturado y desaparecido gente, en circunstancias que a la época de los hechos imputados ella tenía 19 años de edad, sólo había ingresado a la institución hacía un
año, como secretaria, y ostentaba apenas el grado de cabo, cuando renunció para casarse con el entonces teniente Patricio Campos. Es insensato pensar que una secretaria hubiera tenido en una institución armada tal capacidad resolutiva y
operativa y, por consiguiente, responsabilidad en los hechos denunciados, los que -además- están cubiertos por la amnistía de 1978 que favoreció por igual a ambos bandos en lucha, por la prescripción, y por la cosa juzgada.Después, cuando elementos gobiernistas posiblemente asociados con un traidor de la oposición y bajo la conducción del mismo periodista, usaron a una diputada tontita
para involucrar a un par de respetables senadores de la Unión Demócrata Independiente en el caso más abyecto que conmovía a la opinión pública, sobre violaciones y prostitución de menores, volví a advertir a mis lectores que se trataba de
otro montaje, esta vez para desplazar de sus asientos a dichos parlamentarios. A poco andar se cayó la acusación del menor L.Z. que sostenía haber sido abusado por el
senador Carlos Bombal, cuando se derrumbó frente a una jueza subrogante, prorrumpió en llanto, y dijo que todo era falso, que él jamás había estado en la casa de Claudio
Spiniak, que no conocía al referido senador, de quien sólo le habían mostrado unas fotos, y que el periodista Víctor Gutiérrez le había pagado 10 mil pesos para declarar
como lo había hecho, y el diputado Guido Girardi le había ofrecido un par de zapatillas. Tampoco se habló más del asunto, a pesar de que ambas acusaciones se inscribían en el mismo montaje.
Con respecto al senador Jovino Novoa la cosa duró más; diez meses para ser más precisos. La acusadora en este caso, Gema Bueno, que inicialmente dijo haber vivido
secuestrada en la casa de Spiniak en El Arrayán por siete meses, tiempo durante el cual Novoa la habría violado varias veces por semana, terminó por confesar al juez de
la causa, después de caer en innumerables contradicciones y de varias retractaciones y retractaciones de las retractaciones, que todo, absolutamente todo, era mentira;
que ella nunca había estado en la casa de Spiniak, que tampoco había conocido jamás a Novoa, y que había sido inducida a hacer sus acusaciones por el cura José Luis
Artiagoitía, quien la acogía en su hogar, y el cual le había proporcionado las informaciones sobre el senador, y por la psicóloga Rina Montt. Claro que antes el juez
Sergio Muñoz había comprobado a través de sus investigaciones y entre otras mentiras, que durante la época que ella decía haber vivido secuestrada en Santiago,
asistía a clases en un establecimiento educacional de Graneros, y que las cicatrices que decía haber visto en el cuerpo desnudo de Novoa correspondían a una intervención quirúrgica practicada al senador con posterioridad a la época de los
supuestos abusos sexuales. En todo caso, se hizo pagar a la UDI un indebido costo político, porque mucha gente ha quedado pensando que algo habría de verdad en el asunto, porque, dicen, cuando el río suena es porque piedras trae.
Ahora comienza un nuevo montaje, esta vez sin la intervención, por lo menos aparente, del mismo periodista: el caso del doloroso asesinato del niño Rodrigo Anfruns
Papi, de sólo 5 años de edad, ocurrido en 1979 y cerrado con sentencia de término ejecutoriada, hace 25 años, con autor convicto y confeso del mismo, el menor P.P.V., de 16 años.
Próximamente analizaré este nuevo montaje en más detalle, de modo que por ahora anotaré solamente que: 1º.- El asesinato del niño Rodrigo Anfruns Papi, conmovió como era lógico, al país. Su
cadáver fue encontrado varios días después de su desaparición, enterrado en un sitio eriazo cerca de su casa, lugar que señaló el homicida y violador, un joven bastante
retrasado en su desarrollo, de corta estatura y apariencia más bien infantil, amigo de juegos con el niño Anfruns. Patricio Pincheira Villalobos, actualmente de 42 años de
edad, quien ahora sostiene inocencia y dice no recordar nada de su vida anterior, fue en su oportunidad procesal declarado sin discernimiento y por lo tanto inimputable.
2º.- El sentenciador fue el ministro Ricardo Gálvez, uno de los mejores jueces que ha tenido el poder judicial chileno. 3º.- El crimen lo resolvió policialmente el profesor de psicología criminal de la Escuela
de Investigaciones Policiales, Hernán Tuane, prestigioso profesional en cuyo libro sobre el caso -que por supuesto leí concienzudamente- se aclaran todas las dudas,
contradicciones y especulaciones que siempre rodean a estos casos, incluida la comprobación de haberse encontrado en celo la perra del cuidador del sitio donde fue
encontrado el cadáver del infortunado niño, lo que explicó a la luz de la ciencia veterinaria y los ciclos de celo del animal, que el perro policial de Carabineros que rastreó antes el lugar no hubiera detectado su presencia.
4º.- La constitución política de la nación prohibe expresamente reabrir procesos fenecidos, no obstante lo cual la jueza Patricia González lo ha hecho 25 años después,
aduciendo que se habría tratado de un crimen de lesa humanidad al haber -según los querellantes- podido intervenir en él funcionarios del estado, lo que haría el delito
nuevamente investigable, al tenor de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. 5º.- Al obrar de esa manera, dicha jueza está violando nuestra carta fundamental,
porque en ella se dispone que los acuerdos internacionales sólo serán aplicables en Chile después de ser aprobados por el Congreso Nacional, y en todo caso sin efecto
retroactivo, y dicha convención sobre crímenes de lesa humanidad no sólo no ha sido aprobada por nuestro Parlamento, sino que ni siquiera ha sido requerida su aprobación
por ninguno de los gobiernos habidos en nuestro país con posterioridad a ella. 6º.- En consecuencia, sólo se trata de reciclar viejas controversias propias de los
crímenes de gran impacto en la opinión pública, para fines políticos evidentes, por una parte, y de elevación de rating televisivo y circulación de medios, por otra, al amparo
de lo que en el ámbito de la psicología social, el analista Carlos Huneeus ha descrito como "la atracción fatal de los chilenos por las historias terribles que involucran errores
o caídas de otras personas." En cuanto a la madre querellante, prefiero pensar que su actitud se funda en el insuperable dolor de haber perdido de ese terrible modo a su
pequeño hijo, aunque haya transcurrido un cuarto de siglo, y no en la búsqueda de alguna indemnización del estado, basada en meras presunciones y flagrantes atropellos
a la legalidad vigente, como se viene estilando últimamente por algunas personas de clara definición izquierdista, de testigos interesados, y de prósperos abogados especialistas.
"Me pasé a todo Chile por la raja", fueron las expresiones textuales de Gema Bueno a un medio periodístico. Pero como yo no soy tan ingenuo ni tan estúpido -y tampoco
me atrae la mierda- como para tragarme que ella sola pensó y cumplió el plan, espero de las autoridades judiciales, o sea, del juez Muñoz y de sus instancias superiores, que
le digan con prontitud y claridad a la ciudadanía lo que para mí está claro hace rato: quiénes son realmente los que se vienen pasando a los chilenos por la raja hace
tiempo, y pretenden seguir haciéndolo, ahora con el niño Anfruns, y mañana con cualquiera otra cosa que les sirva para entretener al pueblo y enlodar a sus opositores,
y naturalmente como cortina de humo para ocultar sus fracasos y sus latrocinios, así como para apernarse en las próximas elecciones a la teta fiscal. Raúl Hermosilla Hanne 14 de agosto del 2004
El precio de la movida La movida le resultó al Presidente Lagos. En efecto, no provocó en definitiva las iras
norteamericanas y les cumplió finalmente la palabra empeñada en el sentido que no habría royalty minero ni otra forma de aumento de los impuestos a esa actividad, y por
consiguiente, no se violarían los contratos suscritos por el estado chileno con los inversionistas extranjeros al amparo del DL Nº 600 dictado bajo el gobierno militar y
transformado en 1993 en la Ley Nº 19.207, bajo la administración concertacionista. En privado les había asegurado que sólo se trataba de una maniobra de política interna,
pero que él no llevaría su administración a tal suicidio económico, ni sus buenas relaciones personales con la dirigencia norteamericana a un punto de ruptura.
Con su aparente posición en favor del aumento tributario a las empresas mineras de inversionistas extranjeros recuperó, en la proximidad de las elecciones que se
avecinan, alguna parte del apoyo popular perdido por la mala gestión de su gobierno, porque siempre el pueblo -sobre todo cuando está sumido en la pobreza a que una
mala administración lo ha conducido principalmente como consecuencia del desempleo que ella ha acarreado- verá como un camino rápido para mejorar su aflictiva situación, el sacarle dinero a los que tienen o ganan más que él.
Ese pueblo no está en situación de comprender cabalmente que la violación por el estado de sus contratos internacionales, lejos de aliviar sus males los agravaría, por lo
que se le hace más difícil entender la posición de los sectores políticamente más responsables, que aún a riesgo de perder adhesión deben oponerse a tales barbaridades.
Por otra parte, tanto se le ha mentido al pueblo en la siembra del odio, que se ha logrado que buena parte de la opinión pública crea realmente que los inversionistas
extranjeros en la minería -que fueron invitados a traer sus capitales al amparo de la seriedad- se han llevado todas las ganancias sin pagar un peso de impuestos a nuestro país.
El reducido espacio disponible no me permite hacer un análisis más acabado del tema, de modo que lo reduciré al mínimo que lo haga comprensible. Y así señalaré que en las
regiones en que las actividades mineras chilenas se asientan, el desarrollo ha sido enorme: hay más supermercados, más bancos, más caminos, más restoranes, más
colegios, más automóviles, etc. que en el resto del país, y los trabajadores (unos 80 mil entre personal propio y de contratistas) ganan salarios muy superiores al promedio
nacional. Los impuestos a la renta pagados por la gran minería privada entre 1990 y 2002 superan los 1.800 millones de dólares, y las proyecciones de la Comisión Chilena
del Cobre para 2002-2010 se elevan sobre los 4.500 millones de dólares considerando el cobre a un precio promedio de 87 centavos la libra, rango muy inferior al actual. En
cuanto a producción, la inversión foránea al amparo del estatuto del inversionista extranjero ascendió a 18 mil millones de dólares, permitiendo un aumento de la
producción, de 1 millón 500 mil a 5 millones de toneladas anuales, mientras las enormes sumas gastadas en prospecciones han casi duplicado las reservas cubicadas.
La visión del gobierno militar primero, y la prudencia de los posteriores gobiernos al mantener el modelo, han resultado altamente exitosos. No debe ser destruido por razones más que políticas, francamente demagógicas.
Que las condiciones ofrecidas por nuestro país a los inversionistas extranjeros fueron atractivas, es cierto. Y no tanto en bajos impuestos, como en seriedad de estado. En
efecto, Chile lidera la baja carga impositiva, con un 36,6%, sólo un 0,5% inferior a Polonia, que tiene un 37,1%. Tasas más altas existen en países que por eso reciben
muy poca inversión foránea en el rubro, como Argentina, con un 40%, Perú, con un 42,8%, y Bolivia, con un 43,1%, para no mencionar a Papúa Nueva Guinea, con un
57,8%, o a Burkina Faso, país que cualquier lector o inversionista ni siquiera conoce aunque sea de nombre, con un 83,9%. Por ambas razones fuimos favorecidos con los
capitales extranjeros. No es prudente suprimirlas ahora de una sola plumada. Y decir que los royalties no son impuestos es sólo una cuestión semántica, porque igual van a las arcas fiscales.
Con todo, si el Presidente de la República realmente cree que es bueno para Chile hacerlo, proponga un leve cambio de las condiciones tributarias, pero para las nuevas
inversiones, jamás para las pactadas y efectuadas bajo el honor del estado chileno, por el plazo de los contratos. En todo caso, con el rechazo de la farsa en el Senado el peligro ha pasado, por ahora,
pero el costo de la movida electorera presidencial ha sido caro, pues se ha sembrado en importantes sectores del exterior la duda sobre la seriedad de los compromisos de
estado chilenos, y se han postergado por a lo menos un año nuevas inversiones por millones de dólares, con el consiguiente atraso en la recuperación económica del país,
al tiempo que se ha metido más adentro en el alma popular el odio a los que hacen industria, generan trabajo y bienestar, y como en este caso, pagan buenos jornales e impulsan el progreso nacional. Raúl Hermosilla Hanne 7 de agosto del 2004 Incidente en tribunales
Por orden judicial emanada del ministro de fuero Alejandro Solís debió presentarse el General (r) Manuel Contreras ante él el lunes 2 para la firma mensual del libro de
excarcelados, que debe cumplir el militar por estar sometido a proceso por diversas causas y en libertad bajo fianza de comparecencia.No sólo el juez que lo había citado lo esperaba, sino que también la autodenominada
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y varios periodistas. Como no podría constituir noticia el cumplimiento rutinario de una obligación legal de un
procesado, resulta evidente que la noticia serían los incidentes preparados por dicha agrupación, como efectivamente terminó sucediendo. Y así se sigue avanzando en la destrucción de los valores de nuestro glorioso ejército,
porque el incidente terminó con la separación de un escolta, su sometimiento a sumario, y la petición de disculpas institucionales a los agresores. La función natural de todo escolta como el del general Contreras, es impedir que
alguien se acerque al escoltado, así sea un manifestante o cualquiera otra persona, aunque porte una cámara fotográfica o un micrófono que lo haga aparecer como periodista. Esta última sería una buena forma de encubrirse un posible atacante
armado. El escolta no incurrió en falta alguna, antes por el contrario, cumplió cabalmente su misión al repeler al aparente periodista que no acataba la orden de retirarse, porque el
general no haría declaraciones. Pero es efectivo que no debió luego alejarse del escoltado persiguiendo al intruso, aunque se tratara de devolverle los combos y patadas de él previamente recibidos.
Si yo hubiera sido su superior, junto con felicitarlo por su celo en el cumplimiento de su deber, le habría reprochado dicho alejamiento, y nada más. Y en vez de pedir públicas disculpas habría aclarado derechamente el asunto,
responsabilizando a quien corresponde hacerlo, que fundamentalmente es el juez Solís. En efecto, ¿es necesario para un trámite tan rutinario como firmar una hoja de control,
hacer concurrir al general al edificio de los tribunales, previa información a los piquetes, y exponerlo no sólo a los vejámenes de esos grupos políticos y riesgos
inherentes? Y si fuera necesaria (que no lo es) la presencia del procesado en la oficina del juez, ¿no sería lo adecuado que este último hiciera despejar primero el lugar de manifestantes?
Más aún, si yo hubiera sido el encargado de resolver el tema dentro de la institución castrense, habría advertido a la judicatura que el general Contreras ni nadie en similar
situación concurriría a los edificios forenses mientras sus autoridades no estuvieran en posición y en disposición de garantizar la seguridad y la decencia en el cumplimiento de
los trámites decretados, los que entretanto podrían cumplirse en recintos militares. ¿Qué va a pasar el próximo mes, cuando deba nuevamente firmar el general Contreras?
Es posible que las insólitas declaraciones del vicepresidente peruano en el sentido de estar las fuerzas armadas de su país perfectamente preparadas para un eventual
enfrentamiento con el nuestro correspondan a una exagerada percepción del deterioro de los valores militares chilenos, los que pienso que aún podrían rescatarse en la
ciudadanía en el evento de una agresión militar exterior. Pero, en todo caso, cuidemos la imagen pública de nuestro glorioso ejército, y hagámoslo respetar también en la paz, como manera más segura de evitar la guerra.
Raúl Hermosilla Hanne |
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