Año 5  Nº 50

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ARTÍCULOS Y EDITORIALES

Hermógenes Pérez de Arce

Su columna semanal en el diario EL MERCURIO

El ingenio del estribo

Miércoles 26 de octubre del 2005


Nunca la derecha había tenido un candidato tan bueno como Lavín. Joven, íntegro, preparado, trabajador como el que más y con ganas de ser Presidente. Don Jorge Alessandri tenía parecidas virtudes, pero le faltaban las ganas. La derecha, que siempre encuentra pretextos para no apoyar a los suyos, estuvo a punto de descartarlo en 1957, para irse con Frei. Si no hubiera sido por Juan Antonio Coloma, que controló a los conservadores, y Raúl Marín que, al costo de su vida, contuvo a los liberales, Alessandri no habría sido Presidente. Hoy, algunos en la derecha, además de Sebastián, que nunca ha pertenecido a ella, disparan contra Lavín a la par con la Concertación.

Todas las noches rezo para que sea él quien pase a segunda vuelta. Sebastián es lo más parecido a la Concertación que hay fuera de ella. Se me haría cuesta arriba votar por él. Cuando la derecha infiel lo prefirió a mí en las senatoriales del año 89, apenas llegó al Senado ya estaba apoyando las reformas laborales de Aylwin y aumentando, por ejemplo, la indemnización por despido, causa fundamental del desempleo de los pobres, a su turno causa fundamental de la desigual redistribución del ingreso.

Claro, ni siquiera Joaquín es perfecto. Hace poco fue pillado volando bajo en Concepción y, preguntado si, de haber sabido lo del Riggs y el Informe de la Tortura, habría votado "No" en el plebiscito de 1988, contestó afirmativamente. Respuesta poco feliz. Le ha valido que muchos leales a la Junta se inclinen a Piñera, ¡que siempre se opuso a ella! No sé cómo pudo Joaquín comprar la moneda falsa de la Concertación. Claro, ésta domina los medios, reescribe la historia y lava cerebros. Pero nuestro candidato debería saber mejor.

Uno, lo del Riggs. Si alguien lee el listado de depósitos no declarados de Pinochet en el exterior, según el juez Muñoz, verá que a la fecha del plebiscito, tras 16 años de gobierno militar, totalizaban menos de 500 mil dólares ("La Tercera", 8 de octubre, p. 4). Cuando a Lagos y los suyos los pillaron llevándose gastos reservados (que tampoco declaraban), sustraían esa suma ¡cada dos meses! En 16 años se habrían llevado 48 millones de dólares. ¿Y Lavín habría votado por ellos en el plebiscito? Por favor, Joaquín.

Dos, la tortura. ¿Habría votado a favor de los sucesores de Allende y Frei Montalva, cuyos gobiernos torturaron no sólo a los subversivos, sino a los meros opositores? Lo dijo el acuerdo de los diputados de 1973, corredactado por don Patricio: el gobierno de Allende "ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas". Al presidente de la Juventud Nacional lo interrogó, en 1972, el subdirector de Investigaciones de la UP, después de una sesión de aplicaciones eléctricas. Era tortura institucionalizada. ¿Y la denuncia contra Frei Montalva, de Ricardo Lagos y otros abogados de izquierda, en 1967, por las torturas sistemáticas a los miristas? ¿Joaquín habría votado a favor de ellos en el plebiscito?

Por supuesto, hubo más denuncias de tortura en el gobierno militar, pero es que los guerrilleros eran 10 o 15 mil, y no 100, como bajo Frei, ni cero, como bajo Allende (donde todos eran partidarios suyos).

Bueno, ya es tarde como para haber contestado todo eso. Es el tardío "esprit de l'escalier" de que hablan los franceses, o "el ingenio del estribo", entre nosotros. Ya pasó la oportunidad. Pero, en todo caso, sirve para no comprar moneda falsa otra vez.

 

 


 

El justificado temor de los isleños

Por Jorge Arturo Prat

Editor La Trinchera www.trinchera.cl


Mucho espacio se ha empleado en la prensa, en la radio y en la TV, para elucubrar crónicas y reportajes sobre un tesoro de la época colonial que, eventualmente, permanecería enterrado en Juan Fernández.

Ello ha servido para fabricar la acostumbrada cortina de humo destinada a ocultar "condoros" concertacionistas.

Primer "condoro":  se denuncian serias irregularidades en la empresa Correos de Chile, por contratos incumplidos por parte de una empresa española (no confundir con el tema de las Aulas Tecnológicas y sus sobreprecios), cuyo representante es cuñado del Presidente Lagos.  Buen motivo para hacer cortinas de humo.

Pero el propio Mandatario se encarga de "mandarse" el segundo "condoro". Lo hace a través de una carta al director de El Mercurio, indignado porque este diario dio la información sobre el escándalo de Correos, en la cual, haciendo soberbia gala de la más soberbia de sus soberbias, Ricardo Lagos pretende acallar y desacreditar al medio de prensa. Hasta el presidente del Colegio de Periodistas mostró su repulsa al accionar presidencial.

Del tercer "condoro" se encargó el ya legendario MOP, el ministerio estrella del Presidente Lagos, el mismo ministerio que él encabezaba cuando la catástrofe del Estero Minte (27 personas fallecidas) o cuando la construcción del hoy derrumbado Puente Loncomilla. El mismo MOP de los sobresueldos, del MOP-GATE, del MOP-CIADE, de los computadores sustraídos, de la amenazada Jueza Chevesich. El mismo MOP donde había parentela presidencial.

El desaguisado consistió ahora en la puesta en funciones, "sin haberse recibido oficialmente", de la nueva segunda pista del Aeropuerto Internacional de Santiago, Comodoro Arturo Merino Benítez.  A sólo días de iniciarse las operaciones, aparecieron "eventos" (vulgo hoyos) y ondulaciones que dieron cuenta de la mala calidad de los trabajos y de la necesidad de rehacerlos... a costa, naturalmente, del bolsillo del contribuyente. No resulta difícil acordarse de los 3.200 millones de pesos arrojados literalmente "a la calle" cuando se reparó la Alameda Bernardo O'Higgins.

Y sobre el tema recién tratado, se cierne otro "condoro":  la autoridad insiste en el cierre del Aeropuerto Cerrillos, única alternativa para la aviación general y el tráfico comercial que existe para Merino Benítez.  ¿Alguien investigará alguna vez qué intereses comerciales de tipo inmobiliario están –necesaria e indudablemente– detrás de esa empedernida iniciativa?

Pero como ese "condoro" aún está en lista de espera, no le daremos numeración, y nos referiremos al cuarto desatino:  la millonaria indemnización (3.000 millones de pesos) que el MOP ha debido pagar a la Costanera Norte por el atraso en habilitar ciertos tramos, responsabilidad del Ministerio, en perjuicio de la concesionaria.

Y como resulta que la Justicia dejó sin efecto la intervención de Villa Baviera (Colonia Dignidad) –tradicional artilugio productor de cortinas de humo– hay que buscar otra fuente de humaredas. ¡Qué mejor que inflar el tema del tesoro de Juan Fernández!

Pero el tema tiene otra arista, talvez no prevista por los creativos del segundo piso de La Moneda: el que la sola palabra "tesoro" pueda despertar los apetitos del MOP para hacer las excavaciones y "apropiaciones" del caso.

¿Ve usted alguna justificación en el temor de los isleños?

 

 


 

Viejos de...

Por Álvaro Bardón

El Mercurio, 29 de septiembre del 2005


A Spiniak lo tienen preso y me dicen que el único delito de verdad sería algo así como comprar sexo, práctica más antigua que el hilo negro. También está adentro el senador Lavandero, gran promotor del royalty-robo, de aprobación política generalizada.

Ambos, por su edad, deberían tener otras sanciones, pero no estar privados de libertad. Como Paul Schaeffer, inválido, sometido a tortura y secuestro permanente.

Los viejos no tienen derechos humanos, y se los veja cuando ya no son un peligro para nadie. Es el caso de los uniformados jubilados, así como lo sería el de los revolucionarios que, cuando jóvenes, estaban dispuestos a robar, secuestrar y matar burgueses. Se persigue a Pinochet, de 90 años, y hasta a su señora, porque se sospecha —nada probado— un uso de gastos reservados, algo feo, pero legal y habitual en el actual Gobierno, que repartió sobres brujos a sus ministros, incluida, se supone, Michelle Bachelet.

Si el día de mañana se armaran procesos de venganza política —como los actuales—, sería lo último, en especial si incluyera a viejos de 65, que ya ni soplamos y merecemos una libertad final, hasta con acceso a las milenarias drogas, hoy prohibidas. ¿O prefiere la eutanasia? Si los viejos de miéchica han eludido impuestos, que los paguen, pero encarcelarlos es de gente mala. Los tributos son un robo violento del que no podemos defendernos ni por la fuerza, la que sí podemos usar frente a los ladrones comunes. Violan nuestra libertad y propiedad y, cuando son abusivos —como las contribuciones y el impuesto de los combustibles—, se justifica hasta la rebelión popular, según enseñan variados pensadores clásicos.

Es un abuso judicial y político indigno, como el de los juicios a los banqueros, por allá por los ´80. Les liquidaron la vida porque había que culpar a alguien de la profunda crisis mundial de esos años: una vergüenza "social", como la actual, de variadas venganzas y persecuciones políticas. Se arman cuentos para ganar elecciones, sentándose en la dignidad de las personas. Es el caso del senador Jovino Novoa, al que ligaron falsamente con Spiniak, en un montaje en que participaron diputados y periodistas "progres", los que, con toda desfachatez, siguen pontificando, candidateándose y hablando de moral. A la UDI y a Lavín los han hecho puré con operativos efectistas comunicacionales. Y éstos no se defienden ni aclaran las cosas. Como con las platas de Pinochet, a cuyo respecto falta una explicación, cualquiera que ella sea.

Por respeto a las personas y pensando en el futuro, pongamos un punto final para todos los involucrados en la guerra civil del ´73 y en los ya clásicos fraudes públicos, además de reducir el tamaño del Estado robador. Terminemos con los llamados delitos económicos, que no existen, según me enseñó hace décadas un prohombre superinteligente de la Concertación. No se debe encarcelar a personas no condenadas, ni considerar como crímenes las faltas civiles, "porque lo dice la ley", gran explicación que me dio un distinguidísimo penalista. Y habría que liberar a los vinculados con la droga milenaria, hoy criminalizada por una ley represiva destinada al fracaso.

Faltan estadistas y gobernantes libertarios, respetuosos de la gente y sus derechos y con visión y pantalones de futuro.

Pero me desvié. Pasa con la edad. A lo que iba es que meter presos a los viejos es lo último. Casi como usar estos temas para ganar elecciones. En fin, los que están en este negocio son de reciente y dudosa conversión a la democracia y a los derechos humanos: también hay que amnistiarlos.

 

 


 

Polémicas opiniones presidenciales

La Semana Política

El Mercurio, 25 de septiembre del 2005
 

Una carta del Presidente de la República a El Mercurio ha provocado una animada polémica sobre la relación entre la prensa y el poder. El propio Presidente Lagos, en otra oportunidad, calificó tales relaciones como "difíciles y complejas", pues los dirigentes políticos aspiran siempre a un trato preferente y desde siempre, en palabras del Primer Mandatario, "el Estado o el gobierno de turno han tenido tendencias a moldear un poco a la prensa".

En 178 años de historia, El Mercurio ha recogido una larga experiencia de diferencias y conflictos con los gobiernos, los que no siempre han comprendido bien la labor profesional periodística. Pero la discusión actual no parece reflejar tan complejas dimensiones, puesto que el artículo inicial que dio origen a la reacción presidencial informaba acerca de materias que estarían incuestionablemente en el foco periodístico en cualquier democracia. Y la carta presidencial tampoco puede considerarse una corrección a esas informaciones ni una crítica como a la que está expuesta toda labor periodística.

El artículo original que dio lugar a la réplica presidencial se refería a una licitación de una empresa estatal, Correos de Chile, que fue ganada por una empresa española representada en América Latina por un cuñado del Presidente Lagos. Pero en el desarrollo del proyecto asignado surgieron problemas que han significado un atraso de varios meses en su puesta en marcha. Correos solicitó una prórroga que había sido rechazada por la Contraloría y, además, hizo otros cambios a las condiciones del contrato. Basándose en la Ley de Probidad Administrativa, el abogado Héctor Musso, que representaría a una empresa afectada, solicitó antecedentes sobre la licitación, los que le fueron negados por Correos. Ante esto, el abogado recurrió a la justicia, y en julio de este año una jueza dictaminó que Correos debía entregar dichos antecedentes. Pero la empresa estatal nuevamente se negó y apeló del fallo judicial, el que está aún pendiente. Otras gestiones emprendidas por el abogado para conocer los antecedentes de esta situación también han sido tramitadas sin resultados, lo que contrasta con las disposiciones de la Ley de Probidad Administrativa, que establece en términos generales que serán públicos todos los actos de los órganos de la administración del Estado.

La reacción presidencial no proporciona nuevos antecedentes ni corrige los datos que obtuvo el diario. Más bien se limita a expresar una opinión no bien comedida sobre la labor de este medio durante el período de su gobierno. La información sobre la disputa en la empresa estatal, el Primer Mandatario la considera como un infundio destinado a atacarlo. Pero sería difícil sostener que los entes públicos no constituyen un objeto primordial para el interés ciudadano o que no sea un deber ineludible de la prensa informar sobre ellos.

Todos los ciudadanos, por cierto, pueden expresar sus opiniones sobre tales asuntos y sobre la forma en que han sido tratados en este medio, pero el Presidente no debiera opinar como un ciudadano más, como han argumentado algunos, ni menos ante un caso que está pendiente en los tribunales.

La primera reacción del Gobierno, a través de su vocero, fue poner el acento en que la carta, aunque tenía el membrete oficial de la Presidencia, era una comunicación privada. Para el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, tal precisión le confería mayor gravedad al asunto, puesto que abría la posibilidad de que el Mandatario hubiera dirigido cartas confidenciales contra otros medios, lo que a su juicio constituiría una forma de presionarlos.

La prensa libre cumple un papel crucial en la vida republicana y es un elemento central para definir las demás libertades. Si la expresión de un ciudadano se ve coartada, no podrá desarrollar un pensamiento verdaderamente libre. Nadie esperaría que en un país democrático se utilizara la fuerza para impedir la libre expresión ciudadana, pero no puede negarse que existen formas más sutiles de ejercer coerción sobre los medios, y es en este punto donde se plantean reparos sobre las expresiones descalificatorias del Presidente Lagos. Durante su gobierno se han registrado notables progresos para dar mayores garantías a la prensa, como la promulgación de la nueva ley de prensa, el término del desacato y la difamación, y los avances en el acceso a las fuentes públicas. Sus expresiones airadas no contribuyen a consolidar estas realizaciones y sólo parecen ser una apasionada manifestación personal que no guarda relación con el trato respetuoso que siempre ha recibido de la prensa. El Mercurio se debe a sus lectores, y al informar sobre situaciones controvertidas en las empresas públicas sólo cumple con su misión. En la perspectiva del tiempo se valorarán los recientes progresos en la libertad de prensa, y una vez que se aclaren los hechos noticiosos que motivaron su carta se podrá apreciar que el tratamiento periodístico de El Mercurio se ha ajustado a los antecedentes conocidos y ha estado al exclusivo servicio de sus lectores.

 

 

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