El siguiente es el Proyecto de Ley que será próximamente sometido a discusión en el Senado, y que pretende equiparar los beneficios para ex integrantes de las FF.AA. y Carabineros condenados y procesados por casos de Derechos Humanos, con aquellos que ya han sido otorgados a terroristas subversivos.

 

MOCIÓN QUE CONCEDE BENEFICIOS A CONDENADOS Y PROCESADOS
POR LOS DELITOS QUE INDICA

Honorable Senado:

Habiendo transcurrido más de treinta años desde la crisis institucional que terminó con el derrumbe del régimen de gobierno imperante, constituye un imperativo avanzar en el proceso de reencuentro de todos los chilenos, cualesquiera que hayan sido las causas que lo produjeron y quienes intervinieron en la misma.

Los resultados de dicho quiebre fueron de tal magnitud, que hoy resulta indispensable superarlo mediante un gran acuerdo nacional destinado a lograr que los chilenos enfrentemos unidos los inmensos desafíos que nos impone el bien común y el desarrollo de nuestro país. La paz social y la reconciliación entre los chilenos así lo demandan.

En este sentido, se han promovido diversas iniciativas que, inspiradas en razones humanitarias, han beneficiado a un conjunto de personas condenadas y procesadas por delitos cometidos - incluso bajo la vigencia del régimen democrático - contra personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Por ello resulta de toda justicia que dicho propósito se extienda a aquellas personas que tendrían responsabilidades penales por hechos originados en la misma situación política, cumpliendo, de esta forma, con el derecho constitucionalmente garantizado de igualdad ante la ley y avanzando en el camino de superar un trágico pasado para todos los chilenos, surgido en un escenario político e ideológico que durante la segunda mitad del siglo XX dividió a la humanidad entera.

En cuanto a los beneficiados por el proyecto que proponemos, es necesario hacer hincapié en que podrán acceder a sus disposiciones los agentes del Estado que hayan cometido los delitos que se individualizan, dentro de un período determinado. En tal sentido, si bien el concepto de "agente del Estado" es desconocido para nuestra legislación, existen algunos precedentes internacionales que permiten precisarlo.

Así, de acuerdo con el artículo 2º de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, se considera tal "la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.".

Por otra parte, según con el artículo 1º de la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de Naciones Unidas, el agente o victimario es "un funcionario público u otra persona instigada por un funcionario".

El proyecto propone dos clases de beneficios para las personas que reúnan las características señaladas. En primer lugar, se establece una pena única de diez años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada por el resto de la condena original.

Adicionalmente, se establece que los sentenciados que, durante el cumplimiento de la condena, cumplieren la edad de setenta años y aquellos que sufrieren una enfermedad grave o incurable, tendrán derecho a la remisión condicional de la pena, siempre que hayan cumplido la mitad de ésta.

Ambas medidas se encuentran condicionadas a que los beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos delictivos como los que han dado lugar a la condena y a la suscripción previa de un compromiso de renuncia al uso de la violencia en el accionar político.

Por todas estas consideraciones y en mérito de lo expuesto, venimos en someter a la consideración de este Honorable Senado el siguiente:

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal cometidos por agentes del Estado entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, cumplirán una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta.

Se   exceptúan   de  los  beneficios   de  esta   ley   quienes   hubieren desempeñado cargos directivos superiores en los organismos de seguridad.

Artículo 2º.- Si varios tribunales hubieren dictado las condenas o intervenido en los respectivos procesos, sólo conocerá la solicitud a que de lugar la aplicación del artículo 1º, aquel que hubiere dictado la última sentencia definitiva o el que estuviere actualmente a cargo del respectivo proceso.

El Tribunal resolverá dentro de los treinta días contados desde que se formule la petición.

Artículo 3º.- Los beneficiados por esta ley quedarán sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada contemplado en la ley 18.216, por el plazo de la condena original.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º, sólo se podrá disponer como condición previa para la aplicación del citado régimen alternativo, aquella señalada en la letra b) del artículo 17 de dicha ley.

Artículo 4°.- Los sentenciados que, durante la pena impuesta, alcanzaren la edad de setenta años o que sufrieren una enfermedad grave o incurable, tendrán derecho al beneficio de la remisión condicional establecido en la ley 18.216 siempre que hayan cumplido la mitad de aquella. En el caso de enfermedad grave o incurable se practicarán las pericias médicas necesarias para acreditar la condición.

Artículo 5º.- Los beneficios que concede esta ley se encuentran sujetos a la condición de que sus beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos delictivos de la naturaleza de aquellos por los que hubieren sido condenados, durante el tiempo que restare para el cumplimiento de sus primitivas condenas. En caso contrario, se agregará a la condena que les correspondiere por este nuevo delito, el tiempo en que aquellas se hubieren reducido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 6º.- Para obtener los beneficios de esta ley, los interesados deberán suscribir una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia que contenga un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia como método de acción política.



             Senador Hernán Larraín             Senador Jorge Arancibia

             Senador Baldo Prokurica            Senador Edgardo Boeninger

                                 Senador Enrique Silva Cimma

El triste fin de Salvador Allende:
¿Por fin descubierto?

Por Eduardo Mackenzie

Salvador Allende no se suicidó, ni murió bajo las balas de los militares golpistas el 11 de septiembre de 1973. Durante el asalto contra el palacio de la Moneda, el presidente de Chile fue cobardemente asesinado por uno de los agentes cubanos que estaban encargados de su protección. En medio de los bombardeos de la aviación militar, el pánico se había apoderado de los colaboradores del jefe de Estado socialista y éste, en vista de la desesperada situación, había pedido y obtenido breves ceses de fuego y estaba, al final, decidido a cesar toda resistencia. Según un testigo de los hechos, Allende, muerto de miedo, corría por los pasillos del segundo piso del palacio gritando: "¡Hay que rendirse!". Antes de que pudiera hacerlo, Patricio de la Guardia, el agente de Fidel Castro encargado directo de la seguridad del mandatario chileno, esperó que éste regresara a su escritorio y le disparó sin más una ráfaga de ametralladora en la cabeza. Enseguida, puso sobre el cuerpo de Allende un fusil para hacer creer que éste había sido ultimado por los atacantes y regresó corriendo al primer piso del edificio en llamas donde lo esperaban los otros cubanos. El grupo abandonó sin mayor tropiezo el palacio de la Moneda y se refugió minutos después en la embajada de Cuba, situada a poca distancia de allí.

Esta versión del fin dramático de Salvador Allende, que contradice las dos anteriores casi oficiales, dadas ya sea por Fidel Castro (la tesis de la heroica muerte en combate), ya sea por la Junta militar chilena (la del suicidio), emana nada menos que de dos antiguos miembros de organismos secretos cubanos, muy bien informados acerca de ese sangriento episodio y hoy exiliados en Europa.

En un libro que acaba de publicar en París las Ediciones Plon, intitulado Cuba Nostra, les secrets d'Etat de Fidel Castro, Alain Ammar, un periodista especialista en Cuba y América Latina, analiza y confronta las declaraciones que le dieran Juan Vives y Daniel Alarcón Ramírez, dos ex funcionarios de inteligencia cubanos.

Exilado desde 1979, Juan Vives es un ex agente secreto de la dictadura y sobrino de Osvaldo Dorticós Torrado, el presidente cubano de opereta que reinó de 1959 a 1976, y que fue "suicidado" en obscuras circunstancias en 1983. Vives cuenta que en noviembre de 1973, en un bar del hotel Habana Libre, donde algunos miembros de los órganos de seguridad del Estado solían reunirse los sábados para beber cerveza e intercambiar de manera informal chismes e informaciones de todo tipo, escuchó del mismo Patricio de la Guardia, jefe de las tropas especiales cubanas presente en la Moneda en el fatídico 11 de septiembre de 1973, esa escalofriante confesión.

Durante años, Vives no quiso dar a conocer esa información pues, como dice, "era peligroso hacerlo" y porque no había hasta ese momento ningún otro responsable cubano en el exilio que pudiera confirmar el carácter fidedigno de esos hechos. Cuando supo que Daniel Alarcón Ramírez, alias "Benigno", uno de los tres sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia, se hallaba también exilado en Europa, la idea de dar a conocer esos graves hechos volvió a cobrar fuerza.

En el libro de Alain Ammar, "Benigno" confirma plenamente la narración de Vives. Ambos conocieron a Salvador Allende y a su familia. Ambos vivieron en Chile durante el gobierno de Allende. Ambos escucharon, en momentos diferentes, la confesión de Patricio de la Guardia a su regreso a La Habana.

El libro de Ammar describe con precisión los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular y, sobre todo, muestra el avanzado grado de control directo que Fidel Castro había logrado instalar --mediante sus centenas de espías de la DGI (un servicio cubano de inteligencia), mediante sus operadores y agentes de influencia implantados en Santiago--, sobre el presidente Salvador Allende, sobre sus ministros y hasta sobre sus amigos y colaboradores más íntimos. De hecho, la llamada "vía chilena al socialismo" había sido desviada por el castrismo hasta el punto de que dentro del gobierno de Allende hubo voces que criticaban esa brutal ingerencia. Meses antes de su muerte, Salvador Allende había sido ya "instrumentalizado por Castro", explica Juan Vives. "Pero Allende no era el hombre que la Habana quería tener en el poder en Santiago. Los que Castro y Piñeiro [brazo derecho de Castro en operaciones de espionaje en Latinoamérica, muerto recientemente en Cuba de un infarto] preparaban para el relevo, a espaldas del mismo presidente Allende, eran Miguel Henríquez, principal dirigente del MIR y Pascal Allende, número dos del MIR, lo mismo que Beatriz Allende, la hija mayor del presidente, quien pertenecía también al MIR". Beatriz morirá en Cuba en 1974.

Ese control sobre el jefe de Estado chileno se había agudizado notablemente tras el primer intento de golpe militar, el 29 de junio de 1973, más conocido como el tancazo. Cuando la Habana supo que los chilenos que rodeaban al presidente estaban asustados, Fidel Castro hizo saber que Allende no podía en ningún caso rendirse ni pedir asilo en una embajada. "Si el debía morir, debía morir como un héroe. Cualquier otra actitud, cobarde y poco valiente, tendría repercusiones graves para la lucha en América latina", recuerda Juan Vives. Por eso Fidel Castro dio la orden a Patricio de la Guardia de "eliminar a Allende si a último momento éste cedía ante el miedo".

Poco después de los primeros ataques a la Moneda, Allende mismo había dicho a Patricio de la Guardia que había que pedir el asilo político ante la embajada de Suecia. El mandatario había incluso designado a Augusto Olivares, su consejero de prensa, para hacerlo. Probablemente por eso Olivares, alias el perro, fue también ultimado por los cubanos antes de que éstos enfilaran baterías contra el presidente de Chile. "Reclutado por la DGI cubana, Olivares transmitía hasta los pensamientos más mínimos de Allende a Piñeiro, quien, a su vez, informaba a Fidel", declara Juan Vives.

Otro guardaespaldas chileno de Allende, un tal Agustín, fue también "fusilado" por los cubanos en esos momentos dramáticos, según la declaración hecha por "Benigno" al autor del libro. Semanas después del golpe de Estado, Patricio de la Guardia había revelado, en efecto, a "Benigno" el fin de Agustín, hermano de un amigo suyo que vive aún en Cuba, y le había dado otro detalle importante sobre lo ocurrido durante esa trágica mañana en el palacio de la Moneda: antes de ametrallarlo, el agente cubano había atrapado con fuerza a Salvador Allende, quien quería salir del palacio, y lo había sentado en el sillón presidencial gritándole: "¡Un presidente muere en su sitio!".

La versión del asesinato a quemarropa de Allende no era del todo desconocida. El 12 de septiembre de 1973 varias agencias, entre ellas la AFP, resumieron en cuatro líneas ese hecho. Publicado al día siguiente por Le Monde el cable decía: "Según fuentes de la derecha chilena, el presidente Allende fue matado por su guardia personal en momentos en que pedía cinco minutos de cese al fuego para rendirse a los militares quienes estaban a punto de entrar al palacio de la Moneda". Ammar indica que esa hipótesis "fue enterrada inmediatamente" pues ella no le convenía a nadie: "ni a los colaboradores de Allende, ni a la izquierda chilena, ni a sus amigos en el extranjero, ni a los militares ni, sobre todo, a Fidel Castro…".

La confirmación que esa, hasta hace poco, "hipótesis" acaba de recibir de parte de Juan Vives y Daniel Alarcón Ramírez podría ser reforzada en el futuro por los testimonios de otros funcionarios cubanos silenciados hasta ahora y por documentos que se encuentran fuera de Cuba. En efecto, en un banco de Panamá reposaría la pieza maestra de este magnicidio. Según los autores del libro, Patricio de la Guardia, condenado a treinta años de cárcel durante el proceso -farsa contra el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, y hoy en residencia vigilada, habría depositado en el cofre de un banco panameño un documento comprometedor en el que describe, entre otras cosas, el asesinado de Allende por orden de Castro, texto que debería ser revelado en caso de muerte de Patricio de la Guardia. Fidel Castro, según los autores del libro, habría tomado muy en serio esa amenaza y habría hecho que éste escapara al fusilamiento, a diferencia de Tony, hermano de Patricio, quien junto con el general Ochoa y dos otros funcionarios del ministerio del Interior, fué pasado por las armas el 13 de julio de 1989.

La revelación de lo ocurrido a Salvador Allende no es interesante únicamente para los historiadores de la calamitosa aventura de la Unidad Popular en Chile. Lo es igualmente, y de qué manera, para los nuevos amigos latinoamericanos de Fidel Castro, especialmente para el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Hugo Chávez y los otros, por más jefes de Estado confiables que puedan ser para La Habana, como lo pudo haber sido en su momento, al menos en los papeles, el presidente Allende, podrían estar siendo ahora objeto de idénticos entramados siniestros de control y de dominación física y política directa por parte de los mismos servicios que obraron tan bestialmente contra el presidente de Chile. El libro de Alain Ammar aborda, en sus 425 páginas, muchos otros temas y episodios relacionados con las complicadas y no siempre exitosas operaciones secretas de La Habana en Cuba y en varios países. Es de esperar que una traducción al español de ese útil libro sea puesta rápidamente en librerías.


Depto. de Investigaciones
La Nueva Cuba

Argentina

Carta Abierta a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Teniente Coronel (R) del Ejército argentino Emilio Guillermo Nani, entregó en el despacho de cada uno de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, la Carta Abierta que a continuación se publica:


Escribe Emilio Guillermo Nani - Teniente Coronel (R) - Veterano de Guerra

Carta Abierta a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Señor
Ministro de la CSJN

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Presidente del Movimiento por la Recuperación de la República y en representación y mandato de todos sus integrantes, ciudadanos argentinos preocupados por el camino que la República, de la mano de sus autoridades, está tomando.

Largo sería enumerar aquí lo ocurrido a partir del instante en que fuera reinstalado el régimen democrático –no federal, para nada representativo y en absoluto republicano, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional- que, desde el 10 de Diciembre de 1983, conduce los destinos de nuestro país.

El trámite de la Causa 13 del registro de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, donde se juzgara a los Comandantes en Jefe que dirigieron el país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de aquellos años y el juicio plagado de insoportables irregularidades instruido a quienes asestaron el zarpazo de la intolerancia y la violencia a la sociedad argentina en el criminal ataque al Cuartel de La Tablada, fueron sólo algunos de los ejemplos que pusieron en duda la seriedad de la Justicia.

No obstante ello, un gran sector de la ciudadanía que había sido víctima del accionar terrorista de los setenta o que había participado en el combate contra esos sectores sediciosos, aceptó esas decisiones porque interpretó que ese era el precio que debía pagar por sus responsabilidades en aquel triste período y como aporte a la ansiada y necesaria pacificación nacional - Todo ello en la creencia que los otros sectores del quehacer nacional -judicial, empresarial, comunicacional social, religioso, gremial, en fin, la sociedad en su conjunto- y las organizaciones armadas, harían lo propio por su indudable coparticipación en todo lo sucedido.

Grandes fueron los esfuerzos que hicieron los sucesivos gobiernos en estos veinte largos y complicados años, para lograr la recuperación de la paz social, tan ansiada y necesaria.- Las Leyes de Pacificación (Nº 23.492 y Nº 23.521) propuestas por el doctor Raúl Alfonsín y los indultos del doctor Carlos Menem, que el Congreso promulgara y el Poder Judicial convalidara –por las que se beneficiaron tanto a militares como terroristas- nos hicieron creer que comenzábamos a transitar el camino de la concordia, luego de décadas de discordia.

Aceptamos -con nuestras reservas- la conmutación de las penas otorgada, por el doctor Fernando de la Rúa, a los terroristas del ERP/MTP responsables del ataque a las instituciones del 23 de Enero de 1989, como un nuevo aporte a la búsqueda de la paz social.

Durante su efímera presidencia, el doctor Eduardo Duhalde hizo su contribución final a la difícil construcción de la armonía y la conciliación liberando al terrorista Gorriarán Merlo y al Coronel Seineldín, asumiendo los costos políticos de tal decisión y dejando el camino expedito a su sucesor para la consolidación de ese anhelado proyecto.

Pero de un solo golpe, todo el andamiaje pacificador construido en ese lapso fue demolido por el gobierno asumido el 25 de Mayo de 2003 y, a partir de ese momento, el odio, la sed de venganza y la confrontación entre argentinos nuevamente se instaló en nuestro país.

No obstante ello nuestras esperanzas siempre estuvieron puestas en lo que habíamos considerado la nueva reserva moral (en un país en el que –salvo honrosas excepciones- la ausencia de todo principio o valor ético y moral es la característica fundamental de quienes integran los poderes del Estado): la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, el pasado año solicitamos audiencias a todos los integrantes de la Corte, siendo recibidos solamente por el doctor Boggiano, a quien le hicimos presente nuestra inquietud respecto de la supervivencia del estado de derecho, luego que el Congreso promulgara la inconstitucional Ley Nº 25.779, arrogándose atribuciones que no tenía –ni tiene- disponiendo la nulidad de las leyes Nº 23.492 y Nº 23.521, dictadas -como ya quedara expresado- por el Congreso Nacional, a propuesta del Poder Ejecutivo y cuya constitucionalidad ya había sido reconocida en numerosas ocasiones por esa Corte, como es del conocimiento de todo hombre de derecho.

Si bien somos legos, no por ello dejamos de recordar cuando nuestros profesores del secundario nos enseñaron que en nuestro derecho constitucional no existe la figura de la anulación de las leyes y qué éstas sólo pueden ser derogadas (que no es lo mismo) por el Congreso e invalidadas por el Poder Judicial mediante su declaración de inconstitucionalidad en caso" concreto. Y este carácter de legos tampoco nos impide recordar que ambas leyes citadas contaban con una amplia legitimidad popular para su dictado, ya que formaron parte de las propuestas electorales que el cincuenta por ciento de los argentinos votó el 30 de octubre de 1.983, ni que al momento de la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), aún no habían sido elevados a la jerarquía constitucional los once instrumentos internacionales de derechos humanos a que se refiere el art. 75 inciso 22, lo cual fue establecido recién en 1994; ni que en aquel momento tampoco estaban vigentes para nuestro país la mayoría de los tratados de derechos humanos aplicables a esos hechos, los cuales fueron ratificados a partir de 1984;o que ni siquiera se había adoptado la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que data de 1994, por cuanto son cosas que hasta el más desprevenido tiene conocimiento.

Por ello no desconocemos que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" -lo que es la consagración del antiguo principio nullum crimen, nulla poena, sine lege- o que en personas beneficiadas con indulto, juega el non bis in idem, salvo que se le impute un nuevo delito y que los indultos del presidente Carlos Menem fueron anteriores a la modificación de la Constitución de 1994 y en pleno ejercicio de una facultad que la Constitución le otorgaba.

Fue así que, en ocasión de entrevistar al doctor Boggiano, le hicimos saber que los Jueces de la Corte eran la última esperanza que le quedaba a nuestro país para retornar a la seguridad jurídica que tanto necesitamos para volver a insertarnos en el mundo, de modo tal de poder reiniciar nuestro desarrollo como Nación Soberana.

Lamentablemente, al instante de incorporarse la doctora Highton de Nolasco, se puso en funcionamiento una verdadera "mayoría automática" -integrada también por el mismísimo Dr Boggiano– que comenzó a producir fallos en aparente complacencia con los deseos del Gobierno Nacional.- Así fue que primero arrasó con el derecho constitucional a la propiedad privada convalidando el despojo -por parte del Estado- de los bienes de miles de ahorristas, para luego directamente aniquilar las mismas bases del Derecho que nos rige al -virtualmente- derogar la norma constitucional de la irretroactividad de la legislación penal. Ello, seguido luego de los fallos que, en materia laboral, aumentaron la inseguridad jurídica en ese campo, impidiendo a empresas, tanto extranjeras como nacionales, realizar inversiones en nuestro suelo y generar los puestos de trabajo que nuestro país tanto está necesitando.

Y el escándalo final, con el comentado y vergonzoso fallo que beneficiara a la madre de un conocido terrorista, autor intelectual de varios y resonantes asesinatos, fallo que ha de provocar el reclamo de cuanta persona haya decidido irse del país mientras gobernaban los militares, lo que significan miles de millones del erario público destinados a indemnizar a exiliados políticos, emigrantes económicos y cientos de "avivados".

Es decir que con cinco fallos, los Ministros de la Nueva Corte Suprema de Justicia, la convirtieron –parafraseando a un conocido periodista- en una Cohorte de Suprema Injusticia, contribuyendo a la desaparición del estado de derecho y de la seguridad jurídica y alejando casi definitivamente toda posibilidad de alcanzar la necesaria y declamada paz social que tanto necesitamos los argentinos para poder vivir y desarrollarnos en un país serio y de la manera que nos merecemos.

Sepan Uds. que no queremos el país que, con sus actos están coadyuvando a destruir.- Nos cuesta aceptar que no entiendan Uds. el ruego de la ciudadanía, que hoy día, más que ruego es un clamor.- Queremos que sepan que como pueblo de esta tierra, nos asquea la ductilidad de algunos Jueces de adecuar sus opiniones conforme a la forma de pensar y proceder del gobierno de turno.

A pesar de lo expresado, y tal vez ya cándidamente, insistimos en nuestro pedido para que recapaciten, pues si continúan en esta peligrosa línea la República se encamina aceleradamente hacia su disolución, porque con jueces como los que citamos; con legisladores que, para aprobar una ley, tengan que ser incentivados mediante exacciones ilegales y con funcionarios que demuestran estar más preocupados por las internas políticas o por absurdas venganzas, que por lo que la sociedad les requiere, difícilmente se logrará la paz social que tanto ansiamos para poder desarrollarnos.

Mientras tanto, la Nación toda se sigue cayendo en pedazos.

Emilio Guillermo Nani
Presidente
Movimiento por la Recuperación de la República
-MORERA-

Homenaje a la memoria del coronel
Germán Barriga Muñoz

 

El día 7 de septiembre, se realizó en el Circulo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, un acto en homenaje al Coronel de Ejército Germán Barriga Muñoz (Q.E.P.D.).

Durante la emotiva ceremonia, se procedió a la bendición de una placa recordatoria, que adorna la entrada del salón que ahora lleva su nombre, e hicieron uso de la palabra el Presidente del Movimiento 10 de Septiembre, don Renán Ballas, uno de los hermanos del homenajeado, y el conocido abogado y periodista don Hermógenes Pérez de Arce.

Reproducimos a continuación, para conocimiento de nuestros lectores, la emotiva alocución del señor Pérez de Arce:
 

Nos reúnen hoy sentimientos encontrados, pues por una parte está el de la recordación de un hombre bueno y noble y un militar ejemplar, pero por otra sentimos un impulso de rebeldía y de protesta por las extremas injusticias de que se le hizo víctima y el abandono en que quedó, la persecución de que fue objeto y la sensación de que su institución, sus camaradas y, en definitiva, todos los chilenos, quedamos en deuda con él.

No le cumplimos a Germán Barriga. Cayó tras las líneas enemigas y no lo fuimos a rescatar. Necesitó del apoyo de quienes mucho le debían a él y a su Ejército, y no lo tuvo.

Por lo menos se merece hoy, cuando ya es demasiado tarde para él, pero no para su memoria y su familia, una reivindicación, para dejar algunas constancias que no pueden esfumarse, para impedir que su muerte sea apenas un episodio más, casi de carácter policial, que acaparó algunos titulares durante un par de días.

Porque cuando el país necesitó de alguien que arriesgara su vida y su tranquilidad en la más ingrata de todas las tareas, la de combatir al terrorista clandestino, la de proteger a los ciudadanos pacíficos sin que éstos siquiera supieran, ni menos, por lo mismo, agradecieran estar siendo protegidos, Germán Barriga cumplió esa misión y no esquivó su deber.

¡Qué difícil es pedir a los ciudadanos que no sufrieron un atentado con bomba en el Metro, que no fueron quemados por el incendio con cocteles molotov del bus en que viajaban, a los empresarios y dignatarios que no debieron soportar el secuestro propio o de un ser querido, que agradezcan hoy a los hombres abnegados que arriesgaban sus vidas para frustrar esos atentados terroristas! Porque, como es obvio, cómo alguien va a agradecer por haberse librado del atentado, el asesinato o el secuestro que no se produjeron. Claro, nadie puede probar que una persona determinada iba a ser víctima de él. Pero sabemos que si no hubiera habido militares abnegados y valientes que enfrentaran a la subversión y al terrorismo y anularan su capacidad de cometer delitos, las víctimas habrían existido. No sabemos quiénes habrían sido, pero sí sabemos que cualquiera pudo haber sido.

Pero la sociedad no sólo ha sido ingrata, al no agradecer la protección que recibió. Ha sido, además, inhumanamente injusta, porque ha perseguido precisamente a quienes la protegieron en los tiempos de mayor peligro. Y la mayor iniquidad de todas ha sido la de haber tratado como delincuentes a quienes la defendieron de los delincuentes, y a éstos como a víctimas. Y a la persecución judicial injusta se han añadido las funas, las publicaciones agraviantes y el daño al honor de las personas.

Pero, como si todo eso no hubiera sido suficiente para llamar a la rebeldía y la protesta por tanta injusticia, ha resultado que había todavía más, y para peor, porque esta sociedad que está en deuda con los militares que la protegieron se ha prestado, además, para que sus instituciones básicas, como el Gobierno, el Parlamento y la Justicia, traten ilegal e inconstitucionalmente a aquellos a los cuales tanto debe la Patria.

Pues si hay un derecho que tiene todo chileno, por desprovisto, insignificante y despreciable que sea, es el de que a su respecto se respeten las leyes. El más mísero de los chilenos en lo material y lo moral goza del derecho a que las leyes rijan para él. Y se da el caso de que en Chile, en estos quince últimos años, ha aparecido una categoría de chilenos parias, que están por debajo de los más miserables, y que son los que carecen hasta de los derechos que les reconocen las leyes. Son los uniformados que salvaron al país de la subversión y del terrorismo. Se les inventan delitos que no existen, se les hace responsables sin pruebas, se les desconocen causales eximentes de responsabilidad que establecen la Constitución y las leyes, como la presunción de inocencia, la cosa juzgada, la amnistía y la prescripción.

Un hombre noble y bueno como Germán Barriga sufrió esa persecución inicua. Sometido injustamente a proceso, fue perseguido en su hogar y su trabajo por los mismos grupos subversivos que ayudó a combatir, que sí gozan de todos los derechos, del perdón oficial, de indemnizaciones pecuniarias, de que se olviden sus delitos y de que se olvide que ellos iniciaron todo, ellos declararon la guerra a la democracia y, justamente por eso, en 1973 los demócratas llamamos a los militares para defendernos. Todo se ha dado vuelta, todo se ha tergiversado, los cerebros han sido lavados, los agresores ahora resultan ser los agredidos, los delincuentes son las víctimas, los que nos protegen de ellos son los victimarios, los malos son ahora los buenos y los buenos están siendo condenados como malos.

Germán Barriga era un hombre cabal, noble, duro y firme. Pero vio que la persecución quebrantaba la salud de su ser más querido. Eso requería de un desembolso económico que él obtenía de un trabajo en una empresa. Pero el extremismo lo persiguió mediante funas en su lugar de trabajo. ¿Y qué hizo la empresa? Le puso término a su contrato.

¿Habría sido de su actual dueño esa empresa si los militares no hubieran salvado a Chile de la guerrilla, la subversión y el terrorismo que pretendía consumar la asonada totalitaria? No lo creo. Pero Chile no es agradecido. El empresario tal vez ni siquiera piensa que algo debe a los militares y si la presencia de un militar genera algún desorden de extremistas en la empresa y amenaza su imagen políticamente correcta y sus ventas, mala suerte para el militar.

Perseguido por la justicia, impedido de trabajar, obligado a solventar los gastos por los quebrantos de salud de un ser querido, comprendió que la sociedad no sólo lo estaba victimizando a él, sino a su familia, y no vaciló en hacer lo que creyó mejor para liberarla de tanta carga. Su propia muerte fue un sacrificio sublime; fue, una vez más, un acto de entrega a los demás.

Hoy queremos honrar su memoria y pedirle perdón en nombre de tantos que le persiguieron injustamente, de quienes le dieron la espalda y no lo fueron a recoger tras las líneas enemigas, de quienes lo privaron de un trabajo que necesitaba con urgencia.

Yo quiero decir aquí algo que sólo he revelado a las personas más próximas a mí. Pocas semanas antes de que Germán Barriga pusiera término generosamente a su existencia, yo iba saliendo de un centro comercial hacia el estacionamiento y un hombre de mediana edad, de elevada estatura, me detuvo y me dijo: "Yo soy un oficial en retiro del Ejército y quiero decirle que todos mis camaradas lo veneramos a usted por la defensa que hace de nosotros. Por favor no desista. Quiero que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo".

No supe su nombre. Le agradecí y ambos seguimos nuestros respectivos caminos. Al poco tiempo vi su retrato en el diario, con motivo de su fallecimiento. Estoy casi ciento por ciento seguro de que era el oficial en retiro que me detuvo para expresarme su reconocimiento.

Por eso quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado hoy de expresar mis sentimientos y mi pesar a sus familiares y amigos, y procurar que ellos entiendan que los chilenos de corazón bien puesto, la gente pacífica y decente de este país , la que valora el sacrificio de tantos militares que hicieron posible salvar a la Patria de su más grave encrucijada, van a hacer 32 años en cuatro días más, nunca olvidará a los que tanto dieron y tan poco han recibido.

Quiero terminar parodiando a ese gran estadista que fue Winston Churchill y que dijo, respecto de los aviadores ingleses que salvaron a su patria durante la Batalla de Inglaterra: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". En el caso de Chile, teniendo en la mente el recuerdo de Germán Barriga y sus compañeros que fueron al sacrificio en la parte más dura de la guerra contra los que pretendían someter a Chile por las armas a un régimen totalitario, la frase debería ser un poco más larga: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos y les pagaron tan mal".
 

HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE

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