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Hacia una nueva ENU
Por Raúl Hermosilla Hanne (Ralph)
El proyecto de la "Escuela Nacional Unificada, ENU", que constituía uno más de los atentados a la democracia concebidos por el gobierno socialista de Salvador Allende para moldear los espíritus jóvenes en el
socialismo, se está impulsando nuevamente -aunque esta vez más disimuladamente- desde el Ministerio de Educación.
En efecto, se encuentra en elaboración por una comisión ad hoc un llamado "Plan de Formación Ciudadana", cuyo
Mapa de Progreso del Aprendizaje MPA, en el sector Historia y Ciencias Sociales, será incluido en la evaluación SIMCE de 2º Medio, a partir de 2008.
Se realizará el próximo año un curso sobre formación ciudadana para docentes de
Historia y Ciencias Sociales, y una plataforma metodológica denominada "Aula Libre de Formación Ciudadana de los Jóvenes de Enseñanza Media", plataforma virtual disponible a contar de marzo de 2006, que contendrá estrategias y
metodologías para apoyar el trabajo de los docentes en el aula. Este portal se complementará con material de apoyo y capacitación para docentes, orientadores y otros profesionales.
La formación ciudadana de los jóvenes es sin duda
un asunto del mayor interés y necesidad. A ello respondía la antigua asignatura de "Educación Cívica" y sería de felicitarse de que de alguna manera se estuviera restableciendo en la educación media. Pero el proyecto, en manos del actual
gobierno, es sólo una bomba de tiempo.
En Educación Cívica, que se impartía en 5º de Humanidades (actual 3º Medio) aprendí en el Instituto Nacional, donde cursaba el referido año, que era de la esencia de la democracia occidental el
respeto a la constitución política de las naciones y a sus leyes, y la vigencia del estado de derecho, en el cual los tres poderes del estado se sometían a ellas. Ello no acontece bajo el actual gobierno, en que el ejecutivo ha formado
mañosamente una judicatura adicta, tiene mayoría simple en el parlamento, y cada vez que ha necesitado de quorums mayores para reformas constitucionales o leyes de rango constitucional, los ha obtenido negociando platos de lentejas con una
oposición débil e inmediatista.
Entre múltiples violaciones de la carta fundamental citaré, a vía de ejemplo, un solo caso.
La constitución chilena dispone -y lo ha dispuesto siempre y lo sigue disponiendo a pesar
de la última reforma-
que los convenios internacionales a los que no hubiere adherido nuestro país, simplemente no tendrán aplicación en Chile y, respecto de los que hubiere suscrito nuestro gobierno, sólo tendrán aplicación en Chile y fuerza de ley una vez que fueren ratificados por el Congreso Nacional, y promulgados por el Presidente de la República, pero en ningún caso retroactivamente.
Pues bien, el convenio sobre delitos de lesa humanidad que dispone su imprescriptibilidad e inamnistiabilidad y prohibe su indulto, no sólo no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, sino que ni siquiera ha sido éste requerido
por el Ejecutivo de hacerlo, pero invocándolo impropiamente se siguen abriendo procesos en contra de militares, y se mantiene a cientos de ellos procesados y varios han sido ya condenados, por hechos acaecidos hace 30 años, que se
encuentran amnistiados, prescritos y en muchos casos ya juzgados. Se acusa a esos militares de diversos delitos que se califican de lesa humanidad, cometidos en la represión del terrorismo.
Es verdad que en algunos casos los actos
imputados son efectivos, horribles e incomprensibles en el contexto actual.
Pero no es menos cierto que restablecido el orden público, y siguiendo las recomendaciones de los Convenios de Ginebra (que sí habían recibido ratificación parlamentaria en su oportunidad), se dictó la Ley de Amnistía de 1978, en cuyo mérito se liberó a 1.500 terroristas que estaban siendo procesados por asesinatos, secuestros, torturas, desaparecidos, asaltos, atentados dinamiteros y toda suerte de violaciones a los derechos humanos de militares y civiles, y a 500 uniformados que las propias instituciones armadas habían pasado a la Justicia Militar, principalmente por violación de los derechos de los prisioneros.
Ahí terminó jurídica y moralmente el tema de los derechos humanos en Chile. Naturalmente quedaron delitos impunes por ambos bandos, porque se trató de una amnistía general. La posterior actividad judicial al respecto es
inconstitucional y sólo encubre odios y venganzas, además de intereses políticos y pecuniarios.
Los gobiernos de la coalición actual
-que como lo he demostrado con el ejemplo de los convenios no ratificados pero igual aplicados, están violando tan gravemente el estado de derecho- no pueden estar capacitados para enseñar ni fortalecer la formación ciudadana de los educandos.
La vía violenta para acceder al poder total, a través de la guerrilla y el terrorismo, formó parte de la que se denominó "Guerra Fría" entre las dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Chile se
alineó siempre con las democracias occidentales, y lógicamente tuvo que combatir a la izquierda revolucionaria que había iniciado el camino, asociada a la Unión Soviética y el régimen comunista ya establecido en Cuba.
Terminado ese
período, y cuando los socialistas actuales aseguran haber abandonado la vía violenta, no se divisa la razón para que los militares chilenos tengan nuevamente que reprimirlos.
Finalmente, tampoco se ha derogado la ley de amnistía,
sólo que no se cumple respecto de los militares, porque lo que es respecto de similares delitos cometidos por elementos izquierdistas, ha sido recientemente aplicada, así como también se les ha reconocido la prescripción que los ha
favorecido.
Como puede verse, no hay equidad en el asunto, y cada vez se ve más lejana la posibilidad de restablecer la necesaria convivencia de los chilenos, dentro, por supuesto, del pluralismo, y se dificulta la reconstitución
del tejido social.
Y cuando algunos senadores, tanto de oposición como de gobierno, buscaron la posibilidad de una solución legislativa, que sólo consistía en dar a los militares el mismo tratamiento en las penas y derechos
carcelarios que a los condenados por acciones terroristas posteriores al gobierno militar, la coalición, su candidata presidencial, y hasta el propio Presidente de la República, les quitaron el piso.
Entretanto, los jóvenes chilenos
seguirán cargando las pesadas mochilas de odiosidad y revanchismo de sus padres y abuelos, lo que les impedirá construir juntos una sociedad más amable, justa, solidaria, y próspera para todos, verdaderamente democrática, en la que se
acepten las opciones diferentes mientras no se funden en el terrorismo, y en la cual se cumplan las normativas constitucionales y las leyes que se apliquen sean las vigentes, y sean iguales para todos.
La ciudadanía deberá
esforzarse en los comicios generales de los próximos días, por lograr al menos un parlamento serio y decididamente impermeable a los intentos socialistas de proseguir en la destrucción de los valores democráticos, y de aquellos que forman
la base de la nacionalidad y de la moral tanto pública como privada, entretanto aparece un verdadero líder que pueda hacer retomar a Chile el camino de su grandeza.
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