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 Hermógenes Pérez de Arce
Su columna semanal en el diario EL MERCURIO
Reflexiones desde el resumidero
Miércoles 28 de septiembre del 2005
Cuando bajó en solitario la escalera del Patio de los Cañones, a los acordes del "Va, pensiero", en medio de aclamaciones de sus mil invitados y ante la mirada
de millones de telespectadores, temí que se nos fuera al Olimpo.
Ese día promulgó una Constitución que —dijo— nos une y no nos divide. Por supuesto, no es así. Muchas personas preferirían otra, con un sistema
parlamentario o con menores atribuciones para el Presidente o con propiedad estatal predominante o, en fin, con algo de la infinita variedad de opiniones propias del libre albedrío.
Tampoco era verdad que la anterior nos dividiera más, porque había sido aprobada en 1980 con 60 por ciento y ratificada en 1989 con 80 por ciento de los votos, lo que difícilmente pueda ser sobrepasado.
Pero él ni siquiera tuvo problemas para modificar las leyes de la astrofísica, al proclamar: "Hoy despunta la primavera", lo cual no era así. Es que escenificaciones como ésa lo han llevado al pináculo de la popularidad interna y
externa y, al parecer, de la admiración por sí mismo.
La verdad poco importa: por ejemplo, se le reconoce el hecho de mantener durante años un superávit estructural, pero casi nadie sabe que hubo cuatro
años de déficit real, y sólo en estos dos últimos, gracias a miles de millones de dólares del alza del cobre y del molibdeno, logró superávit.
La suerte publicitaria también le sonríe. Hace unos días vi una fotografía,
seleccionada entre las más impactantes del año, donde aparece saltando de la puerta de un helicóptero, desde una altura inverosímil. Por supuesto, tampoco era verdad: el helicóptero tenía un escalón a centímetros del suelo, desde el cual
saltó el Presidente, pero la foto lo captó con ambos pies en el aire y desde un ángulo en que tal escalón no se veía. Sólo ha quedado el testimonio gráfico de un salto desde gran altura.
En medio de tanta admiración, no ha podido tolerar una crónica sobre las objeciones a un contrato de una empresa, representada por uno de sus cuñados, con un ente estatal. Ha enviado al diario una carta calificándolo como
"resumidero de todos los infundios con que se quiso atacar al Presidente de Chile" e imputándole estar "al servicio de la tribu... que desea sembrar el odio a través de los que escriben su página editorial".
Como en esta página la mayoría de las columnas firmadas es favorable a él y los editoriales son cuidadosos en el trato a su persona, no he podido menos que ponerme el sayo y suponer que un blanco de la ira olímpica puede ser esta
columna. Ella, efectivamente, ha criticado más de una vez sus compras sin licitación y con sobreprecio en España, sus procedimientos para pagar con fondos fiscales trabajos que no se hicieron, su reparto entre los hombres de gobierno de
sobres con efectivo proveniente de gastos reservados y, en fin, contratos de sus cuñados con entes estatales donde él tiene decisiva influencia.
Descender las escaleras a los sones del "Va, pensiero", el incienso de los
aplausos, creerse el dispensador de la Constitución que nos une, anticipar a su amaño la primavera, ser premiado con 70 por ciento de apoyo nacional y reconocimiento internacional, ¿no da como para que a uno se le despeguen los
pies de la tierra? Tal vez, justamente por eso algún emperador romano se preocupó de pedir que, en trances semejantes, se le musitara al oído: "Acuérdate de que eres hombre". ¿No podría alguien, aparte del autor de este resumidero,
responsabilizarse de esa tarea en los meses que quedan? ¿Qué haríamos si el dignatario, en medio de otra de sus ceremonias, se nos escapa a las alturas del Olimpo y debemos buscar un sustituto para entregar la banda a su sucesor(a)?
Nada personal
Por Carlos Peña G.
Vicerrector Académico Universidad Diego Portales
El Mercurio, 25 de septiembre del 2005
Erizado hasta el hartazgo por las informaciones de prensa que describen las vinculaciones entre parientes suyos y la administración de bienes públicos, no aguantó más.
No hay presión en la carta presidencial: hay errores intelectuales. No es admisible echar mano a vinculaciones personales para reprochar una
información periodística. Tampoco es admisible identificar la propia personalidad con la patria. Eso es llevar los simbolismos demasiado lejos.
El conflicto entre los compromisos cívicos y la incondicionalidad del amor a la familia es muy viejo. Lo relató Sófocles hace casi 2.500 años. Y se ha recreado
mil veces. Es el mismo conflicto que se plantea entre nuestros deberes éticos y el afecto hacia quienes nos abrigan en la cotidianidad ¿No dijo Jesús que venía a
poner al padre contra el hijo? Es así. El conflicto entre los afectos y los deberes -lo sabía Kant, lo sabía Hegel, lo sabe usted y lo sé yo- está a la base de la condición humana.
En la semana que acaba de pasar, se planteó de nuevo.
Y lo protagonizó nada menos que el Presidente.
Erizado hasta el hartazgo por las informaciones de prensa que describen las
vinculaciones entre parientes suyos y la administración de bienes públicos, no aguantó más.
Preso de la ira, malescribió una carta.
Lo hizo como poseído por una urgencia largo tiempo aplazada.
No le consultó a nadie. Estaba ofuscado. Tomó un papel con el membrete de la Presidencia y sin cuidar el estilo, repitió palabras, no tuvo miedo de las cacofonías, olvidó el punto aparte, usó las comillas como sospecha, omitió
eufemismos, esgrimió su cargo, suprimió la cortesía y simplemente se quejó. Con amarga dureza. Se quejó del trato que recibían él y sus parientes ¿Por qué maltratarlo a él, si lo conocían? ¿A él que ha hecho todo para el reencuentro? ¿A
él que se ha esmerado todos estos años por espantar fantasmas?
Comprensible la reacción del Presidente. Sin duda. Ya dije que está en la memoria humana este conflicto. Cualquiera se indigna cuando le tocan a la familia. Es cosa
de haber leído a Sófocles.
Comprensible. Pero inaceptable bajo las reglas de un régimen republicano. Porque cuando se trata de pedir cuentas y examinar el desempeño de las autoridades, no hay nada personal.
El Presidente de la República debe estar expuesto, más que cualquier otro, al escrutinio público. La Presidencia no inmuniza a quien la ejerce contra la mirada de los ciudadanos. Por el contrario. Lo expone. En una sociedad abierta, los
políticos -¿será necesario recordarlo a estas alturas?- son los más vulnerables de los hombres. Aunque, con razón, conciten más del setenta por ciento del apoyo.
Por eso es pueril sostener que el Presidente no hizo más que ejercer su libertad de opinión.
Porque el problema no es que haya emitido una opinión. No hay, después de todo
, Presidente que nos haya regalado con más opiniones. Tiene derecho. Eso no está en cuestión. Tampoco se trata de exagerar las cosas y ver en esto un atentado a la libertad de expresión. El asunto no llega a tanto.
¿Cuál es entonces el problema? El problema es el contenido de la opinión presidencial. Las razones que le subyacen.
Porque no es admisible echar mano a relaciones personales para reprochar una
información periodística. El interés de una información, o su grado de veracidad, es independiente de las intenciones, de la historia, de los afectos o de las
relaciones de quien la divulga. Esgrimir relaciones personales -"el conocimiento que usted y yo nos tenemos recíprocamente", como expresó el Presidente- es
incompatible con la impersonalidad de las reglas que él, más que nadie, debe cuidar. Las reglas -que permiten divulgar información de interés público- no deben subordinarse a esa trama de relaciones y de compromisos endogámicos
que arriesgan a veces infectar el espacio público en Chile. Esgrimir la propia identidad para eludir la crítica -algo así como "usted sabe quién soy"- es un aristocratismo raro en un presidente progresista.
Después de todo, si tenemos reglas es para no tener príncipes.
Tampoco es admisible identificar la propia personalidad con la patria. Eso es llevar los simbolismos demasiado lejos. Los lógicos la llaman, si no recuerdo mal, falacia
de división. Consiste en atribuir a las partes las cualidades del todo: si el barco flota, entonces cada una de sus partes flota. No, no es cierto. El barco flota aunque todas sus partes no floten (la oposición suele incurrir en la falacia
inversa: si una parte del barco no flota por sí sola, entonces el barco tampoco).
En suma, el Presidente tiene derecho a manifestar sus opiniones; pero el
contenido de ellas no estuvo, esta vez, a la altura de sus deberes ante el público.
Además dejó ver un dejo de desencanto. Un desencanto incomprensible en un político profesional e inteligente como pocos.
Es como si se hubiera esforzado todos estos años nada más que para seducir a sus rivales políticos, sociales e ideológicos. Para ser aceptado. Y todo ello sólo
para descubrir, de pronto, que no. Que siguen siendo rivales. Alertas a los errores. Esperando los tropiezos.
El Presidente creyó que la política puede desenvolverse sin adversarios. Pero no.
Hay adversarios y es sano que los haya. Ellos vigilan, evitan las ensoñaciones excesivas, esgrimen los compromisos que nos vinculan a todos y revelan a los ciudadanos lo que aparenta ser incorrecto. Todo eso puede ser molesto, pero la
salud de la vida pública lo hace imprescindible.
Lo sabían de sobra quienes imaginaron el ideal republicano que el mismo Presidente suele esgrimir. Nacido hacia el siglo XIII -y tejido luego en los
Discursos de Maquiavelo y el humanismo cívico- el republicanismo defendió siempre la idea de que la comunidad política reposa sobre ciudadanos dispuestos a sacrificar sus afectos incondicionales por estar a la altura de sus deberes
cívicos. Por eso los florentinos solían decir que cuando se estaba al cuidado de la comunidad había que estar dispuesto a amar las instituciones incluso al precio de sacrificar el alma.
A esa disposición la llamaron virtú.
La misma que, por la ofuscación del momento, el Presidente, mientras intentaba razonar escribiendo esa carta inútil, dejó desgraciadamente en el tintero.
Polémicas opiniones presidenciales
La Semana Política
El Mercurio, 25 de septiembre del 2005
Una carta del Presidente de la República a El Mercurio ha provocado una animada polémica sobre la relación entre la prensa y el poder. El propio Presidente Lagos,
en otra oportunidad, calificó tales relaciones como "difíciles y complejas", pues los dirigentes políticos aspiran siempre a un trato preferente y desde siempre, en
palabras del Primer Mandatario, "el Estado o el gobierno de turno han tenido tendencias a moldear un poco a la prensa".
En 178 años de historia, El Mercurio ha recogido una larga experiencia de
diferencias y conflictos con los gobiernos, los que no siempre han comprendido bien la labor profesional periodística. Pero la discusión actual no parece reflejar
tan complejas dimensiones, puesto que el artículo inicial que dio origen a la reacción presidencial informaba acerca de materias que estarían incuestionablemente en el foco periodístico en cualquier democracia. Y la carta
presidencial tampoco puede considerarse una corrección a esas informaciones ni una crítica como a la que está expuesta toda labor periodística.
El artículo original que dio lugar a la réplica presidencial se refería a una licitación
de una empresa estatal, Correos de Chile, que fue ganada por una empresa española representada en América Latina por un cuñado del Presidente Lagos. Pero en el desarrollo del proyecto asignado surgieron problemas que han
significado un atraso de varios meses en su puesta en marcha. Correos solicitó una prórroga que había sido rechazada por la Contraloría y, además, hizo otros cambios a las condiciones del contrato. Basándose en la Ley de Probidad
Administrativa, el abogado Héctor Musso, que representaría a una empresa afectada, solicitó antecedentes sobre la licitación, los que le fueron negados por Correos. Ante esto, el abogado recurrió a la justicia, y en julio de este año una
jueza dictaminó que Correos debía entregar dichos antecedentes. Pero la empresa estatal nuevamente se negó y apeló del fallo judicial, el que está aún pendiente. Otras gestiones emprendidas por el abogado para conocer los
antecedentes de esta situación también han sido tramitadas sin resultados, lo que contrasta con las disposiciones de la Ley de Probidad Administrativa, que establece en términos generales que serán públicos todos los actos de los
órganos de la administración del Estado.
La reacción presidencial no proporciona nuevos antecedentes ni corrige los datos que obtuvo el diario. Más bien se limita a expresar una opinión no bien comedida
sobre la labor de este medio durante el período de su gobierno. La información sobre la disputa en la empresa estatal, el Primer Mandatario la considera como un
infundio destinado a atacarlo. Pero sería difícil sostener que los entes públicos no constituyen un objeto primordial para el interés ciudadano o que no sea un deber ineludible de la prensa informar sobre ellos.
Todos los ciudadanos, por cierto, pueden expresar sus opiniones sobre tales asuntos y sobre la forma en que han sido tratados en este medio, pero el Presidente no debiera opinar como un ciudadano más, como han argumentado
algunos, ni menos ante un caso que está pendiente en los tribunales.
La primera reacción del Gobierno, a través de su vocero, fue poner el acento en que la carta, aunque tenía el membrete oficial de la Presidencia, era una
comunicación privada. Para el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, tal precisión le confería mayor gravedad al asunto, puesto que abría la posibilidad
de que el Mandatario hubiera dirigido cartas confidenciales contra otros medios, lo que a su juicio constituiría una forma de presionarlos.
La prensa libre cumple un papel crucial en la vida republicana y es un elemento
central para definir las demás libertades. Si la expresión de un ciudadano se ve coartada, no podrá desarrollar un pensamiento verdaderamente libre. Nadie esperaría que en un país democrático se utilizara la fuerza para impedir la libre
expresión ciudadana, pero no puede negarse que existen formas más sutiles de ejercer coerción sobre los medios, y es en este punto donde se plantean reparos sobre las expresiones descalificatorias del Presidente Lagos. Durante su gobierno
se han registrado notables progresos para dar mayores garantías a la prensa, como la promulgación de la nueva ley de prensa, el término del desacato y la difamación, y los avances en el acceso a las fuentes públicas. Sus expresiones
airadas no contribuyen a consolidar estas realizaciones y sólo parecen ser una apasionada manifestación personal que no guarda relación con el trato respetuoso que siempre ha recibido de la prensa. El Mercurio se debe a sus
lectores, y al informar sobre situaciones controvertidas en las empresas públicas sólo cumple con su misión. En la perspectiva del tiempo se valorarán los recientes progresos en la libertad de prensa, y una vez que se aclaren los hechos
noticiosos que motivaron su carta se podrá apreciar que el tratamiento periodístico de El Mercurio se ha ajustado a los antecedentes conocidos y ha estado al exclusivo servicio de sus lectores.
En la puerta del horno
Por Pedro Gandolfo
El Mercurio, 24 de septiembre del 2005
La pesadilla de Creso, y de todo gobernante exitoso, es la del mal final.
No es novedad aplicar a otras dimensiones de lo humano las reglas del gran arte culinario. La que aludo es muy simple, esencial: es allí, a la salida, cuando ya se
puede ver su superficie dorada, casi palpar su textura crujiente, cuando llega su delicioso olor, allí, cuando hemos recién abierto la puerta del horno, es entonces
cuando se quema el pan. Más de alguno recuerda aquel viaje que iba a las mil maravillas: la compañía, el alojamiento, la comida, el clima y, en la media hora
final, se deja caer el accidente, la súbita enfermedad, la discusión agria y, a la larga, insignificante, que lo arruina.
Es que en el final las probabilidades de error parecieran conjurarse. Así, les temo
más a los aterrizajes que a los despegues; no en pocas ocasiones me he quedado en blanco al dar una clase en los últimos minutos saliendo con la impresión de fracaso; y el bailarín es cuando se aproxima a dar los pasos finales que parece
propenso a oscilar y descoordinarse. En la puerta del horno se quema el pan.
Una formulación más técnica de lo mismo es la siguiente: en la última fase de un
proceso aumentan las probabilidades de que se frustren sus objetivos. Hay, pues, que cuidarse de los finales; son más peligrosos; hay que desarrollar el arte del
buen finalizar. Este principio se vincula con aquel otro, algo cruel, que señala: "Está bien lo que termina bien". Es clásica la respuesta del sabio Solón al rico y
poderoso rey Creso de Sardes. No puede darle el nombre de feliz hasta no saber cómo terminará el curso de su vida: "Pues es menester siempre contar con el fin; pues hemos visto frecuentemente desmoronarse la fortuna de los hombres a
quienes Dios ha ensalzado".
Dije que era regla cruel y hasta injusta. Pienso que existen procesos (como hacer el pan, construir un puente), procesos que al perseguir la obtención de una obra
exterior están de mayor manera regidos por ella; otros, en cambio, poseen una finalidad interior (amar, pensar, pasear), gratuidad que les otorga un cierto amparo. Pero incluso a éstos los tiñe la suerte de un mal o buen final. Si bien,
como dictamina el poeta, "lo que has amado es tu tesoro, nadie te lo puede robar", es preferible el amor correspondido y pleno hasta el último día a aquel que
se frustró después de años. También lo saben los gobernantes. Es parte del sentido común. Procuran darle a su gestión el sello de las grandes realizaciones; multiplican las inauguraciones; acumulan logros concretos; se apresuran a fijar
hitos visibles a medida que advierten cómo su gestión se esfuma.
La pesadilla de Creso, y de todo gobernante exitoso, es la del mal final. Por eso deberían tender más a la parquedad en la acción y al silencio, sin precipitado
nerviosismo, porque en la puerta del horno se quema el pan.
¿Quién nos defenderá de los verdes?
Por Álvaro Bardón
El Mercurio, 15 de septiembre del 2005
Los verdes gustan del prohibicionismo y de la propiedad común, en la antigua línea iniciada por las primeras leyes ecologistas, las de la Alemania nazi.
¿En qué grupos humanos se observa más depredación de recursos, contaminación y basura? En los más pobres, donde apenas se sobrevive y se usan tecnologías
sucias. Así, si quiere cuidar el medio ambiente, lo primero es crecer.
¿Dónde se aprecia más mugre y deterioro? ¿En los bienes públicos, de todos, o en
los que tienen propietarios que los cuidan? En los primeros, lo que llaman "la tragedia de los comunes". Para vivir en un ambiente limpio y descontaminado, se deben extender los derechos de propiedad.
¿Y en qué países se observan procesos productivos más puros y menos contaminación de ríos, lagos, ciudades y bosques? ¿En los capitalistas o los socialistas? La ruina ambiental y tecnológica de los países comunistas habla por sí
sola. Las naciones capitalistas son más limpias. Al parecer, cuando sube el ingreso -lo que está ligado a la libertad, la propiedad y la competencia-, la gente comienza a preocuparse de bienes superiores, como la conservación de los
recursos.
Hay casos complejos, como el calentamiento de la Tierra y la contaminación de las ciudades, que se pueden manejar bien con bonos de contaminación, tipo
acuerdo de Kioto, o el proyecto para Santiago que duerme en el Congreso por el veto de los ambientalistas, que prefieren la represión, que no funciona, a las soluciones libres y voluntarias, que sí funcionan.
Los verdes rojelios gustan del prohibicionismo y de la propiedad común, en la antigua línea iniciada por las primeras leyes ecologistas, las de la Alemania nazi;
en general, se oponen a cualquier desarrollo productivo. ¿Conoce algún proyecto de inversión promovido por los verdes en minería, comercio, madera, pesca, carne
, construcción, celulosa, industria, energía o el tratamiento de residuos? En Chile boicotean todo y, si tienen éxito, terminaremos en la miseria. ¿Incomprensible?
No: es que practican un fundamentalismo religioso, un panteísmo adorador de la naturaleza, que postula que el hombre ha depredado el planeta y que la preservación de éste requiere de una reducción de la población, quizás por la vía
del hambre que generaría el subdesarrollo.
¡Qué exagerado! ¡Si los verdes sólo hemos "parado" Trillium, Celco, Ralco, Pascua Lama, Cascada, Alumysa, el salmón, unas minitas de cobre y algo en la madera!
¿Y los miles de proyectos ratones, encarecidos artificialmente? Bueno, ésos son de segundo orden.
Si los gobernantes no toman esto en serio, el país se va a estancar. La
legislación ambiental no es clara ni impersonal, y sí es costosa para los chicos. Además, nos hemos autoimpuesto estándares de nivel suizo, cuando apenas somos morenos latinos. Y no se olvide de que variadas organizaciones
ambientales criollas reciben plata de nuestros competidores foráneos, para desprestigiarnos y sacarnos de los mercados internacionales.
Este tema no debe tomarse olímpicamente, como se ha hecho desde mediados de
los años 90, cuando se legisló, como siempre, para peor. No nos hagamos más los lesos y, en vez de enseñar mentiras en los colegios, leamos a los padres del fundamentalismo ambiental. Los guardianes morales del concepto cristiano de la
naturaleza al servicio del hombre no deben seguir mudos. El empresariado no puede seguir creyendo que no es para tanto y que siempre se arreglarán con la autoridad, como en Celco, donde los cisnes, haciendo lo que hacen siempre,
migraron. Faltó la ley de la bancada verde prohibiéndoles volar. Por último, no sé si a los políticos se les puede pedir que sean responsables y se metan en lo políticamente incorrecto.
Teoría del empate: una tarea inviable
Por Jorge Arturo Prat
Editor www.trinchera.cl
El equipo del segundo piso de La Moneda está dando muestras de agotamiento. El sistema de la cortina de humo para cada "condoro" ya cansa y no se lo compra nadie.
¿Se ha dado cuenta usted que frente al descubrimiento de cualquier nuevo acto de corrupción gubernamental, se utiliza el manido expediente de inflar las cuentas del Riggs?
¿Ha reparado en que, cuando no se trata de sobreprecios, sobresueldos, sobrefacturaciones o cosas semejantes, sino problemas de otra índole, le toca el turno a Colonia Dignidad?
Quienes creyeron que al caer Paul Schaeffer la Villa Baviera ya no podría producir más humo, se equivocaron. Conveniente y dosificadamente, aparecen "entierros"
de enormes arsenales de poderosas armas de guerra, que dejan chico a Carrizal Bajo, y que medio Chile se traga en los noticieros de TV y en el diario La Nación.
Cuando estalla el escándalo estalinista del espionaje político al candidato Piñera, que deja "desconcertados" a los voceros concertacionistas –se embarcan en dimes y diretes, mentidos y desmentidos, explicaciones y contraexplicaciones–
nada mejor que echar mano al viejo expediente: la presidenta del CDE se constituye en persona a dirigir embargos, interdicciones e intervenciones en lo que va quedando de Colonia Dignidad. ¿Agotamiento del equipo creativo del
segundo piso y los "voceritos" de La Moneda?
Y respecto de las platas, ¿ha reparado usted en los intentos de imponer la teoría del empate? Difícil tarea, que agotará más aún al equipo creativo y sus parlanchines. Veamos.
Algo jamás desmentido, aunque Hermógenes se desgañita clamando para que alguien lo haga, es el sobreprecio en la adquisición de las Aulas Tecnológicas españolas, que favoreció al Ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos, en
algo así como 5 millones de dólares.
Una cifra no muy superior a esa, casi 6 millones de dólares, fue descubierta por el Senado norteamericano como perteneciente al ex Presidente Pinochet. Sus
asesores explicaron en su momento, convincentemente y en su totalidad, la procedencia de esos dineros, originados en ahorros del General que fueron bien administrados por un banco –el Riggs– especializado en la materia y famoso por
sus altos índices de rentabilidad.
La revista Forbes sitúa a Fidel Castro Ruz entre los 100 sujetos más ricos del mundo, con una fortuna personal de 700 millones de dólares. ¿Bonito, no es
cierto? ¿Ha estado usted en La Habana? Buen administrador este caballero...
No hubo apropiaciones indebidas, manejos fraudulentos, comisiones ni
sobreprecios en las platas del General. Si hubo alguna irregularidad tributaria, ella fue subsanada mediante el pago de los impuestos pertinentes. Recuerde el lector
que cuando se descubrió el asunto de los sobresueldos de los ministros, subsecretarios y altos funcionarios de la Concertación, el Servicio de Impuestos
Internos se apresuró a declarar "no tributables" esos dinerillos. O sea, no hubo empate.
Cuando la Jueza Chevesich empezó a ponerse severa y decretó algunos
procesamientos, por arte de magia los 6 millones de dólares del Riggs se duplicaron. Claro, se buscaba el empate.
Cuando se supo de algunas andanzas de la parentela presidencial, hubo un
pequeño ajuste contable, y las platas del Riggs pasaron a triplicarse.
Cuando se develó que se habían botado 3.700 millones de pesos a las grietas, baches y "eventos" de la Alameda Bernardo O'Higgins, fue necesario aplicar un
cierto reajuste, de manera que ya las cuentas del ex Presidente se inflaron a más de 20 millones de dólares.
Cuando se descubrió que a Codelco le estaban poniendo ruedas desde su jefe
máximo hacia abajo, pasando por un ministro de Estado, fue necesario rasguñar un empate, y las platas del Banco Riggs se elevaron –maravillosamente, increíblemente, ¿envidiablemente?– a 28 millones de dólares. Y como tal cantidad
no cabía en las arcas de ese banco, se descubrieron otros escondites repartidos por el mundo. Probablemente también exista un "entierro" en Villa Baviera...
Más de alguien puede preguntarse: ¿cuántas veces se ha multiplicado el remanente de las Aulas Tecnológicas? ¿Será posible llevar ese resultado a un empate?
Parece ser una tarea inviable, sobre todo si la Justicia sigue adelante. No van a quedar dólares para asignarle al patrimonio del General.
Editorial
www.reaccionchilena.cl
Por decir lo menos nos resulta "extraño" que quienes se han especializado el denunciar actos "poco transparentes" en nuestro pasado próximo y que además
reclamaban airadamente contra el "secretismo" con que actuaban los poderes estatales, sean los mismos que hoy recurren a los Tribunales de Justicia por la publicación de un documento que demuestra que la Policía de Investigaciones
está siendo usada para fines de espionaje político contra algunos "opositores" y que además se le utiliza para fisgonear en las agrupaciones étnicas minoritarias que están luchando por reivindicaciones.
Hace ya bastante tiempo habíamos tenido "sospechas" de que este aparato policial estaba siendo convertido en una verdadera policía Política, baste recordar que en la institución se adiestro a delincuentes en la forma de evadir las alarmas
para entrar a robar documentación a sedes políticas de oposición, el espionaje realizado en la sede del Partido Demócrata Cristiano conocido en su época como Carmen-Gate. el robo de los computadores del semanario El Periodista o en los
diversos montajes que se ha realizado en el país a objeto de desprestigiar a quienes se oponen a los designios de aquellos que se han encaramado en el poder. Resulta notable ver que estos actos persecutorias han abarcado a todo el
espectro político, siendo inclusive muchos mas violentas contra la gente que simpatizaba con la Concertación y se han visto defraudados.
La prepotencia con que actúan a diario, la manipulación de las informaciones que
emana de organismos estatales, la reiteración de "raros sucesos" que remecen al país cada cierto tiempo, nos hacen al menos sospechar que el estado se ha equipado con un largo e ilegal brazo que está haciendo lo posible por atemorizar a
aquellos que puedan oponerse a sus propósitos y así mantener a la población en la mas absoluta indefensión frente a los abusos que se comete.
Si agregamos a la existencia de una verdadera policía política la absoluta
funcionalidad que demuestran los Tribunales de Justicia para avalar todos los actos persecutorios que se inician desde el Poder Ejecutivo, un dudando en dictar fallos francamente ilegales y/o simplemente inventando delitos inexistentes
en la legislación, a la vez de aberrantes por su imposibilidad de existir.
Chileno, te hacemos un llamado a estar alertas, estamos a la vista de una de las
peores dictaduras existentes en la faz de la tierra, esa dictadura que se disfraza con el ropaje de la legalidad y la democracia. Lo que está sucediendo nos recuerda la peor caricatura posible del régimen nazi o de las democracias
populares que tanto les gustaban.
¡De qué democracia me hablan!
Por Álvaro Bardón
El Mercurio, 1 de septiembre del 2005
Ellos decidieron que la Concertación gobierne para siempre, tipo PRI. Pero la democracia socialista, corporativista, secretista, mercantilista, no es democracia.
En Chile, los gobernantes se eligen, pero la normativa sobre partidos políticos limita la formación de éstos y la competencia de ideas. El sistema binominal
incentiva los arreglos cupulares en una suerte de duopolio, hoy compuesto por la Concertación y la Alianza por Chile. Éstos imponen candidatos, hasta con proyección intergeneracional, sin participación popular. Concentran el poder y les
encantan las reelecciones que evitan la alternancia democrática.
Ellos decidieron que la Concertación gobierne para siempre, tipo PRI. Con facilidad acuerdan subirnos los impuestos -y sus sueldos, muy por sobre los de mercado-.
Se asignan platas para sus campañas y nos obligan a mirar su propaganda en TV para las elecciones. Dictan leyes represivas de nuestra libertad, impidiéndonos trabajar, crear y emprender con los pretextos más variados. Ya somos esclavos
en un cuarto de nuestros ingresos por el pago de impuestos, y no podemos comer, beber ni fumar tranquilos, ni menos portar armas, privilegio sólo abierto a los delincuentes.
No se puede mirar a las niñas en la oficina ni casarnos a nuestro leal saber y entender. Y la mano viene peor, porque el socialismo "democrático", con el aval
de sus socios del otro lado, terminará por poner cámaras de vigilancia en nuestras casas. Ahora vamos a legislar la discriminación, costosa práctica innoble que, en todo caso, tiende a reducirse sola, sin ley, con la educación,
competencia y el crecimiento.
Las cárceles se llenan de pobres y el crimen crece por la guerra contra el narcotráfico -política siempre fracasada, al basarse en la represión y no en la
gente libre, con información y acceso a la salud.
El Presidente es un rey, el Congreso vale hongo, y nuestro arreglo institucional, de ascensos y platas, impide la independencia judicial.
¡Y pobre del que se atreva a criticar, porque le puede caer encima alguna de las cuatro dinas o centrales de inteligencia! Nuestros gobernantes han usado el poder con moderación, aunque a algunos -como los uniformados- los han hecho polvo.
El Estado grande, concentrado y represivo, no corresponde a una democracia que respete las libertades básicas, la soberanía popular y el igual acceso a
cargos y favores públicos. Los municipios y gobiernos regionales tienen un poder escaso y en disminución. Compare esto con sistemas federales, tipo EE.UU. o España. Hay una educación de dictadura y se restringe su desarrollo, en lugar de
abrirlo; tenemos diarios, financiamientos, campañas y canales de TV que destrozan a los opositores, además de burocracias culturales que apuntan a una verdad única, casi de corte religioso.
Y cuando se mete la mano en el cajón fiscal -lo normal cuando el Estado es grande y discrecional-, los políticos blanquean estos delitos, que yo no considero tales, por tratarse de algo natural y hasta instintivo. Claro que es feo, pero,
entonces, suprimamos los gastos reservados y la arbitrariedad reguladora, además de achicar el Estado.
Y ni hablar de la desigualdad ante la ley que los políticos generan en lo
económico y social, siempre en favor de grupos de interés, como la reciente vuelta constitucional al privilegio medieval para los colegios profesionales.
¿Le queda claro que, aun sin considerar estos últimos aspectos, tenemos más
una dictadura que una democracia? ¿Y que para avanzar hacia ésta, no se trata de tener constituciones de mil páginas o de dictar leyes represivas todos los días, sino de lo contrario?
La democracia socialista, corporativista, secretista, mercantilista, no es democracia.
Contradicciones en fallos de DD.HH.
Editorial de El Mercurio, 16 de agosto del 2005
Mediante fallos dictados durante el transcurso del proceso -típicamente, al resolver recursos de amparo-, la Corte Suprema ha ido manifestando su posición
respecto del tratamiento jurídico que debe darse a los casos de violaciones a los derechos humanos acaecidos durante el gobierno militar. En ese contexto, su doctrina fue evolucionando a lo largo de los años, habiendo comenzado con la
postura original de aplicar la Ley de Amnistía de 1978 en el inicio del proceso, sobreseyendo y evitando que se continuara con la investigación. A partir de 1991, obedeciendo la llamada doctrina Aylwin -expresada por el entonces Mandatario
en un inédito oficio enviado al máximo tribunal-, la Corte Suprema se negó a sobreseer los procesos, entendiendo que la amnistía implicaba continuar la investigación hasta individualizar a los responsables de los delitos, que sólo en
ese momento debían ser sobreseídos. Desde 1995, comenzaron a dictarse algunos fallos que hacían aplicables las Convenciones de Ginebra, desechando, por tanto, la amnistía y la prescripción. Tiempo después comenzó a aplicarse
también la tesis del secuestro permanente.
Sin embargo, hasta noviembre del año pasado la Corte Suprema no había aún debido pronunciarse sobre una sentencia definitiva en esta materia, lo que tuvo
lugar por primera vez en el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval, de cuyo desaparecimiento, ocurrido en febrero de 1975, se acusó a la cúpula de la Dina. En esa ocasión, la sala penal del máximo tribunal validó la tesis del secuestro
permanente y reconoció la vigencia de las Convenciones de Ginebra, por estimar que entonces había en el país un estado de guerra, como lo declara el D. L. N°5, de 12 de septiembre de 1973, que estableció el estado de sitio.
Este mes, por segunda ocasión, la Corte Suprema debió fallar en una condena por detenidos desaparecidos, y su decisión, con dos votos de minoría, fue exactamente contraria a la anterior: aplicó la prescripción y negó la vigencia de
los tratados internacionales, absolviendo al condenado y poniendo término al proceso por la muerte de Ricardo Rioseco y Luis Cotal, ejecutados en Angol el 5 de octubre de 1973 y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a los familiares. A
pesar del disímil resultado, existe un elemento que explica la aparente contradicción: en este caso hubo pruebas que permitieron a los ministros convencerse de la muerte de las víctimas; ellas consistieron en la declaración de
un testigo presencial, en la confesión de los autores y en la existencia de un certificado de defunción expedido ese mismo día por el comandante del regimiento de Angol.
Con esto se da pie para que, a pesar de no encontrarse el cuerpo de la persona, se pueda comprobar su muerte por otros medios y, por tanto, aplicar la prescripción o la amnistía, si corresponden, tal como lo había planteado el año
pasado la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con la doctrina de la amnistía impropia. Desde esa perspectiva, este fallo puede representar un avance hacia el cierre de heridas que no deben perpetuarse ni traspasarse de una
generación a otra.
Pese a lo anterior, ambos fallos se contradicen, en cuanto a la aplicación de las Convenciones de Ginebra, ya que el primero la acepta y el segundo la niega. Si se
hubiese mantenido la postura anterior, nada habría importado que se comprobara la muerte de las víctimas, porque la prescripción y la amnistía serían rechazadas.
Persiste, pues, una precariedad del sistema judicial, que aún le impide proveer certeza jurídica.
Este fallo puede representar un avance hacia el cierre de heridas que no deben perpetuarse ni traspasarse de una generación a otra.
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