Sábado 24 de septiembre del 2005

No hay precedentes

Mucho se ha escrito ya sobre la carta del Presidente de la República al Director del Diario El Mercurio. No voy, entonces, a sumar otro comentario, al increíble episodio. Sólo anotaré que no se trató de una carta personal, cuya publicación por el destinatario resultara abusiva, como para tratar de justificar el desaguisado quiso enfocarlo el vocero del gobierno.

No fue una misiva privada, porque además de exhibir el sello de la Presidencia de la República, se dirige a Edwards como "Señor Director".

Pero bien, tengo corresponsales en 27 países, de diferentes continentes, y les pedí que me informaran si en sus respectivas naciones existía algún precedentes de alguna carta que hubiera sido enviada en alguna época por algún jefe de estado o de gobierno a algún director de algún medio, reciriminándole que se hubiera publicado en él alguna información que afectara a sus parientes.

He recibido ya la respuesta de 25 de ellos, no puedo esperar más para entregar este despacho, y en ninguno de esos 25 países se ha sabido jamás de algo parecido.

Ricardo Lagos, estimados lectores, ha rebasado ya todo límite tolerable de la prepotencia, y del atropello a las más elementales normas democráticas relativas-en este caso- a la libertad de prensa. Si El Mercurio hubiera publicado alguna información injuriosa o calumniosa para algún pariente del presidente, habría correspondido al ofendido querellarse, pero jamás al jefe del estado tratar de acallar al medio.

¿Es solamente atolondrado el presidente, o derechamente su estructura mental es dictatorial? Me pregunto, ¿qué le habría sucedido al director de Televisión Nacional cuando Lagos le enseñó su dedo amenazante al Presidente Pinochet frente a todo el país, si el general en vez de reaccionar con la dignidad y tolerancia propias de los jefes de estado y permitir la libre oposición a la renovación de su gobierno hubiera dado rienda suelta a un berrinche como el que hoy nos convoca?

¡Hasta cuándo! ¿Hasta cuándo soportaremos la insolencia de un gobernante cuyos principales logros han sido el aumento de la cesantía, de la delincuencia, del narcotráfico y drogadicción, de la prostitución juvenil e infantil, el deterioro de la educación, de la salud pública, de la moralidad pública y privada, y hasta de las calles llenas de hoyos por las que debemos transitar, mientras sus más cercanos allegados -parientes o no- acumulan proceso tras proceso por toda suerte de contratos fuleros y otras defraudaciones fiscales, cuya información a la opinión pública el señor presidente  pretende acallar?

Raúl Hermosilla Hanne

Lunes 19 de septiembre del 2005

Una extraña promoción

Se pregunta uno, ¿qué puede haber detrás de la veloz promoción del juez Sergio Muñoz a la Corte Suprema?

La respuesta más simple sería que el Presidente de la República quiso premiar a un juez adicto a la causa socialista, que como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha actuado disciplinadamente en conformidad a esa posición política, sobrepasando la constitución y las leyes y ensañándose hasta con la familia de sus
perseguidos.

Pero esa hipótesis no explica porqué la oposición se apresuró en el Senado a dar su aprobación en pocas horas al nombramiento presidencial de un ministro que viene a aumentar la mayoría política gobiernista en la Corte Suprema. Hay elementos de juicio para pensar que el asunto habría sido materia de una negociación previa llevada a cabo en forma por demás discreta por el propio Presidente Lagos con un alto personero opositor.

Desorientado, comencé a revisar mis recuerdos y encontré un precedente histórico parecido. A mediados de la segunda presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) un juez del crimen de Santiago muy contrario al gobierno, estaba haciendo los mayores esfuerzos por vincular al diputado ibañista Pincho Ojeda en unas actuaciones al parecer delictuosas, pero no cumplidas por el diputado -que no tenía ingerencia alguna en la administración de una sociedad inmobiliaria de la que era socio minoritario-  sino por los socios principales y administradores de la misma, y sin provecho personal para Ojeda. En todo caso el odioso juez podría causar al parlamentario y al gobierno bastantes molestias.

El Ministro de Justicia negoció personal y secretamente una promoción del juez a ministro de Corte de Apelaciones y la designación en su reemplazo de un nuevo juez sin animosidades políticas, que estuviera dispuesto a cumplir solamente las leyes y a dejar tranquilo a Pincho Ojeda. Poco después el Presidente Ibáñez supo de la jugada y se molestó mucho, porque  -según lo manifestó a sus más cercanos-  debió hacerse ante los tribunales superiores la defensa del diputado, y  no ascender por causa diferente de los méritos, a un mal juez. Estuvo a un paso de solicitar la renuncia a su ministro, y mientras fue presidente no firmó el ascenso a la Suprema de ninguno de los ministros de Apelaciones que habían intervenido en la formación de la terna correspondiente, lo que no fue óbice para que sus opositores culparan al Presidente Ibáñez personalmente, de la intervención gubernamental en la administración de justicia que he relatado.

Pero bien, en el caso que nos ocupa, una hipótesis podría ser que cuando supo el Presidente Lagos que Muñoz no estaba dispuesto a terminar sus venganzas políticas a través de sus actuaciones ministeriales, hubiera resuelto quitarlo de en medio al estilo atribuido a Ibáñez, y promoverlo a la Suprema, para poder materializar su deseo de dejar resuelto el problema de los derechos humanos y cumplir así sus compromisos no sólo con la historia y la mayoría ciudadana, sino también con la superioridad militar. Esa sería la hipótesis optimista.

La pesimista sería que Lagos se habría montado una vez más a los líderes opositores, y al irse sin dejar resuelto el tema de los derechos humanos, con la promoción del Juez Muñoz sólo estaría reforzando a la Corte Suprema, en las postrimerías de su mandato, con un voto más de mayoría. Y a los jefes militares que confiaron en él, los estaría dejando como chalecos de mono.

Sólo el tiempo lo aclarará, y falta muy poco.

Raúl Hermosilla Hanne

Sábado 10 de septiembre del 2005

Legislación necesaria

Parecería que por fin estaría comenzando a darse en el Congreso Nacional el debate final sobre la legislación necesaria para poner término a la prisión que por violaciones a los derechos humanos sufren militares a quienes en cumplimiento de su deber correspondió desarticular los movimientos terroristas de la izquierda chilena.

Afortunadamente este debate definitivo no se está dando entre la alianza opositora y la coalición de gobierno, sino transversalmente, entre los demócratas con vocación y visión de estado, por una parte y, por la otra, los marxistas administradores y profitadores del odio.

Cuatro son los senadores del primer grupo  –dos de oposición y dos de gobierno- que suscribieron un proyecto de ley para otorgar a los militares condenados por casos de derechos humanos los mismos beneficios que recibieron por reciente ley los presos por terrorismo. La iniciativa establece para estos delitos  -tal como se hizo con los miembros del Frente Lautaro-  una pena única de 10 años. Si bien el efecto de la nueva ley propuesta significaría en lo inmediato la liberación de sólo 5 personas, parece evidente que los alcances de ella irían mucho más allá.

Los patrocinadores del nuevo proyecto de ley son los senadores Jorge Arancibia, Hernán Larraín, Enrique Silva Cimma y Edgardo Boeninger. Sin restar mérito ni legitimidad a las motivaciones de los dos primeros, resulta a todas luces de mayor pureza la actitud de los dos últimos. En efecto, el Almirante Arancibia cumple con ello un imperioso mandato de su honor militar, mientras Larraín trata de limpiar la vergonzosa traición de la Unión Demócrata Independiente al gobierno militar del que formó parte. Silva y Boeninger, en cambio, afrontarán las iras de un sector del radicalismo y de la democracia cristiana en que respectivamente militan, y de gran parte de la coalición de gobierno, a la que tanto ellos como sus partidos pertenecen. La pureza de la decisión de estos senadores es enorme, al estar dispuestos a afrontar dichas iras, por seguir los dictados de su conciencia y su sentido patriótico, que les hace comprender la necesidad de terminar de una vez por todas la transición y producir un real encuentro nacional que posibilite por fin la recuperación de la convivencia ciudadana, dentro, naturalmente, del pluralismo y la aceptación de las opciones democráticas diferentes.

Para las nuevas generaciones, que poco conocen de  las personas mayores, anotaré que entre otras importantes actividades cumplidas en su vida, Enrique Silva Cimma fue profesor de derecho constitucional, abogado de la Contraloría General de la República y luego Contralor General, Ministro de Relaciones Exteriores, y finalmente senador institucional, en su calidad de ex Contralor de la República, designado por la Corte Suprema de Justicia. Se contó entre los fundadores de la Concertación por la Democracia.

Fue el abogado patrocinante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en el caso Tucapel Jiménez, y a causa de ello estuvo 5 años procesado por la Justicia Militar, acusado de ofensas a las Fuerzas Armadas por haber dicho que los servicios de inteligencia militar habían tenido parte en el asesinato. Pero en reciente entrevista a La Segunda ha dicho: "O somos capaces de actuar con coraje ante el futuro, o sencillamente no vamos a tener la grandeza de espíritu de ir olvidando los odios." Termina esa entrevista con la siguiente frase: "…cuando se trata de este tipo de problemas, lo que vale no es la coalición política, lo que vale es estar en paz con mi conciencia y con el bien de Chile."

El ingeniero Edgardo Boeninger fue designado senador en su calidad de ex Rector Universitario, y aún cuando se situó en la oposición al gobierno militar, y fue también uno de los fundadores de la Concertación, tuvo gestos de comprensión objetiva de las circunstancias que llevaron a la intervención militar, lo que por la naturaleza misma de las luchas armadas, siempre y en cualquier país conlleva excesos y atropellos a los derechos humanos por ambos bandos, que con el paso del tiempo hay que superar.

En septiembre de 1973 Edgardo Boeninger declaró a El Mercurio, que "la caída del gobierno de la Unidad Popular fue consecuencia inevitable del desastre económico y social, la corrupción moral, la violencia y el caos institucional en que había sumido al país la acción nefasta de quienes, siendo un sector claramente minoritario, pretendieron imponer por la fuerza un régimen marxista-leninista de corte totalitario."

Mis lectores saben perfectamente que yo no votaré en las próximas presidenciales por ninguno de los actuales candidatos, porque en ninguno de sus programas se incluye el término de la transición con el indulto presidencial general y el cierre de los aberrantes procesos que a más de un cuarto de siglo de los hechos se han abierto sólo en contra de militares por violaciones a los derechos humanos, mientras se exime de responsabilidad por los mismos delitos a los terroristas que aquellos debieron combatir en cumplimiento de sus deberes militares y de órdenes superiores, de modo que en vez de depositar mi papeleta en blanco, escribiré sobre ella "Enrique Silva Cimma", aunque éste no sea candidato. Será un homenaje a quien al haber puesto la primera firma de un adherente al actual gobierno en el proyecto de ley, ha demostrado tener las condiciones de un verdadero estadista, condición que a pesar de graves situaciones coyunturales también ganará ante la historia Ricardo Lagos, si logra dejar resuelta la terminación de la transición antes de finalizar su actual mandato.

Mi voto se perderá, pero no será esta vez para ningún traidor; tampoco para un peligroso oportunista, ni menos para una muñeca resentida e hipócrita, algunos de cuyos más connotados seguidores se han apresurado a proponer en la Cámara de Diputados otro proyecto de ley para impedir los indultos presidenciales a militares. En todo caso, necesito ver, antes del acto eleccionario, el destino y votaciones de estos proyectos de ley. Tengo la sensación de que son muchos los miles de chilenos que piensan como yo.
 
Raúl Hermosilla Hanne

Sábado 3 de septiembre del 2005

Ante el fallecimiento del General Forestier

"Al final no pudo disfrutar de su descanso porque debió enfrentar juicios de venganza. Fue el precio que pagó por servir a la Patria", dijo un camarada de armas del General Carlos Forestier el martes último en su funeral, en el Parque del Recuerdo.

La misma situación afectó al general Gordon, hace un par de años, y a ello me referí en su oportunidad en El Mercurio.

Pero bien, hemos entrado en el último mes de septiembre que cumplirá en su mando el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien completará su período constitucional en marzo de 2006, a 33 años de la intervención militar de 1973, a requerimiento del Congreso Nacional, y habiendo sido declarada la pérdida de la legitimidad del mandato del Presidente Allende por la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, en razón de la violación reiterada de la constitución y las leyes en que incurría. Compartía esa apreciación el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, y pedía la destitución la enorme mayoría de las organizaciones civiles, como las asociaciones empresariales y laborales -especialmente las de los trabajadores del cobre- las juntas de vecinos, los centros de madres, y las agrupaciones profesionales y estudiantiles.

Más de un cuarto de siglo después correspondió al General Cheyre hacer participar al Ejército en la Mesa de Diálogo, cuyo objetivo declarado fue facilitar la reconciliación nacional a través de la superación de las situaciones traumáticas que toda lucha armada interna produce. Comentando la instalación de dicha instancia expresé en mi columna periodística mi convencimiento de que ella sólo agravaría la división de los chilenos, frenando el proceso que ya se había iniciado y avanzaba lentamente pero con firmeza, en el sentido de recuperación de la convivencia ciudadana, porque  -según lo anoté-  el objetivo declarado no se avenía con el pensamiento, estrategia, y accionar tradicional del socialismo, antes por el contrario, ese sector buscaría a través de esta mesa y la aplicación de la consiguiente campaña publicitaria, la destrucción  de las instituciones armadas.
 
Agregué que nadie desearía más que yo equivocarme en mi pronóstico, y que esperaba que la actitud del General Cheyre correspondiera a una estrategia política de alto nivel para terminar con los procesamientos políticos de militares, a quienes se desconocían todas las disposiciones legales que les favorecían, como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, las que se aplicaban en cambio religiosamente en los procesos en contra de los violentistas de la izquierda.

Aclaré que en todo caso dicha estrategia debería entregar sus frutos en  lo posible en 2003, a 30 años de la intervención militar de 1973 y, de todas maneras , antes del término del mandato constitucional tanto del General Cheyre como del Presidente Lagos, en 2006, caso en el cual su paso por la Comandancia en Jefe del Ejército terminaría siendo tan brillante como positivo.

Hasta ahora los resultados se limitan, en primer lugar, a los nuevos procesamientos de varios cientos de militares, algunos de ellos condenados y otros fallecidos antes de serlo, como el General Forestier, y a la liberación de los últimos subversivos que habían sido procesados por acciones terroristas incluso posteriores al gobierno militar. El tiempo se le está acabando al General Cheyre, y es de esperar que alcance a recuperarlo, y el cumplimiento de los 33 años de la intervención militar de 1973 no signifique, como en el caso de Cristo, la crucifixión del glorioso Ejército de Chile, porque no podrá éste, como el Maestro, resucitar al tercer día.

En seguida, habría que señalar que a pesar de las mejores intenciones que sin duda lo animaron en su política, otro resultado evidente es que está a punto de tener mi general el triste mérito de haber acercado el Ejército  -aunque no podría decirse que reconciliado- sólo con los sectores internacionalistas y violentistas, antimilitaristas y entreguistas del país, al tiempo de haberlo alejado -y podría decirse que divorciado-  de los sectores nacionalistas y constitucionalistas, democráticos y de orden de la Patria.

Raúl Hermosilla Hanne

27 de agosto del 2005

Manuel Contreras Donaire

Tanto el asesinato del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez Alfaro, por parte de personal de los servicios de inteligencia durante el gobierno militar, como el del senador Jaime Guzmán Errázuriz, bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azócar y la actual coalición, son hechos repudiables y no habituales en la vida política chilena.

No constituyen excusas aceptables que Jiménez estuviera organizando un paro nacional para derrocar al gobierno, como tampoco que Guzmán estuviera propiciando una efectiva legislación antiterrorista y perfilara como un posible candidato presidencial.

La justicia condenó a tres militares como autores del homicidio de Jiménez, dos de los cuales cumplen actualmente su condena en la cárcel de Punta Peuco, y el tercero, el suboficial Manuel Contreras Donaire, después de cumplir seis de los ocho años de su sentencia, ha pasado a proseguir su cumplimiento por los dos años restantes en su domicilio, concediéndosele, en el fondo, sólo un beneficio carcelario, a lo cual tenemos derecho todos los chilenos. En su caso se tuvo en consideración, además de la buena conducta observada por el recluso en el penal, su avanzada edad y enfermedad.

Que quede claro, Contreras Donaire no ha sido beneficiado con el tradicional indulto presidencial, aunque parece evidente el propósito del Jefe del Estado de dar una potente señal en ese sentido.

Respecto de los asesinos de Guzmán, no se ha podido o no se ha querido capturar al autor intelectual del crimen y respecto de los hechores materiales, se ha cursado una ley especial permitiendo la libertad vigilada a los condenados a presidio perpetuo.

Los tiempos han cambiado, y esto último es sano para la sociedad chilena y su necesario reencuentro, pero sólo en la medida que igual actitud se adopte respecto de los militares que delinquieron en el contexto de la represión del terrorismo.

Es comprensible la reacción contraria del hijo de Tucapel y de algunos de sus correligionarios ante el beneficio carcelario concedido a uno de los condenados por su homicidio, pero no es recomendable su persistencia. De mucho mayor valor es la aceptación de la madre de Guzmán al decisivo voto del partido al que perteneció el senador, que permitió la libertad vigilada de sus asesinos. Respecto de los demás y en especial de quienes viven en función o a expensas de la vigencia del "ni perdón ni olvido", simplemente no hay que hacerles caso: constituyen minoría frente a los millones de chilenos que siendo políticamente afectos al Presidente Lagos o no -como es mi caso-  estamos con él en aquello de que establecida la verdad y hecha la justicia, hay que dar paso a la clemencia, para unos y para otros, porque somos todos chilenos, necesitamos reconstituir el tejido social y recuperar la convivencia armónica dentro del pluralismo, y aceptando las opciones democráticas diferentes.

Es posible que la actitud de verdadero estadista mostrada por Ariel Sharon al enfrentar en aras de la paz y la convivencia con los palestinos, a su propia gente asentada en Gaza por casi 40 años ya, y que hoy debe abandonar sus hogares, sus tierras y su trabajo, haya impresionado a Lagos y le haya hecho comprender que con bastante menor sacrificio puede él traernos la paz y posibilitarnos la convivencia a los chilenos, al tiempo de perfilarse como un verdadero estadista, calidad que recogerá la historia, por sobre situaciones coyunturales.

Ahora bien, en cuanto a la candidata presidencial Michelle Bachelet, sus declaraciones en el sentido de haberla desconcertado la decisión de Lagos y de que en caso de llegar a la Presidencia de la República procurará suprimir la facultad presidencial del indulto, por no compartir que pueda haber indultos presidenciales en un estado de derecho, porque su existencia implica pasar a llevar las decisiones y los procedimientos del sistema judicial, hacen que ella no califique, intelectual o culturalmente, para dirigir los destinos de la nación.

En efecto, la candidata confunde las cosas, porque como lo ha señalado un distinguido editorialista, a quien extracto, el concepto que informa la idea del indulto no es el de justicia -la que ya ha sido servida en el proceso judicial previo a la condena- sino el de clemencia. Así, no se trata de corregir los fallos del sistema judicial (aunque, ciertamente, dado que éste no es infalible, el indulto también tiene esa dimensión). Antes bien, lo que se busca es compatibilizar  -en condiciones y bajo requisitos explícitamente definidos por ley- la legítima búsqueda de justicia (la condena, además de castigar al imputado, es una forma de reparación a sus víctimas) con una deseable cuota de compasión.

Como cualquier sentimiento, la compasión es altamente subjetiva, y por eso el indulto es una medida cuya aplicación es mejor sopesada por un individuo -el Presidente-  que por un cuerpo colegiado.

Es cierto que hay indultos que pueden ser, y han sido, controvertidos e incluso cuestionables, pero el mal uso del instrumento no lo invalida per se, simplemente reafirma lo delicada que es una medida de este tipo.

Raúl Hermosilla Hanne

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