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TEXTOS
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Nuevo Comandante en Jefe
Por Raúl Hermosilla Hanne
El Ejército de Chile tiene un nuevo Comandante en Jefe. Proveniente de una distinguida familia de alta tradición militar, luego de una brillante carrera, en la que desempeñó con gran acierto los cargos de Jefe de la Misión Militar ante la
Embajada de Chile en Washington, Comandante en Jefe de la III División de Ejército, Director de Operaciones del Ejército, Comandante del Comando de Institutos Militares, y últimamente Comandante de Institutos y Doctrina del
Ejército, llega al mismo cargo que otrora ocupara su señor padre. El nuevo General de Ejército, Oscar Izurieta Ferrer exhibe, además, una brillante trayectoria académica. Su tesis para optar al grado de Magíster en Ciencia
Política, mención Relaciones Internacionales, en la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con el General Juan Carlos Salgado Brocal, titulada "Las Relaciones
Bilaterales Chileno-Peruanas Contemporáneas: Un Enfoque Realista" constituye sin duda el trabajo más profundo y bien logrado que se haya escrito sobre este tan importante como delicado tema, en el que sin duda existen elementos
objetivos que han gravitado negativamente en las relaciones chileno-peruanas y que en su conjunto tienden a configurar una situación de conflicto potencial, que ameritan una evaluación y consideración permanentes para la formulación
acertada y realista de la política exterior y de la política de defensa nacional.
La designación del nuevo Comandante en Jefe nos parece ser una de las decisiones más acertadas del Presidente Lagos, siendo de esperar que sume a su
calidad de heredero y colaborador en la modernización de la estructura militar de la nación, la firme decisión de hacer comprender a la nueva Jefe del Estado la impostergable necesidad de restablecer la unidad de los chilenos, la antigua
convivencia política dentro del pluralismo y la tolerancia, el respeto y la confianza de la ciudadanía en su ejército, para lo cual resulta necesario poner inmediato
término a la persecución judicial de militares, que no busca impartir justicia sino cobrar venganza, por los lamentables hechos de 30 años atrás, de los que somos responsables, en una u otra medida, todos los chilenos, que no supimos o no
quisimos preservar nuestra democracia, reconociendo la validez de opciones democráticas diferentes.
En todo caso, las circunstancias en que el General Izurieta asume el mando
institucional son sin duda delicadas, por cuanto no se conocen aún en realidad las características de la nueva presidente, y ha sido modificada la constitución política de la nación en lo que respecta a la permanencia de los comandantes en
jefe en sus cargos, máxime que la coalición gobernante tiene actualmente mayoría en ambas ramas del parlamento y sus congresales sin duda avalarían lo que al respecto pudiera resolver la Jefe del Estado.
Hubo violaciones de los derechos humanos y fue por ambos bandos, como siempre sucede en estos casos, sólo que en Chile el costo social de la represión fue muy inferior al de los demás países del continente. La subversión se inscribía
en un conflicto mundial entre las dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en la exportación latinoamericana de la revolución cubana, todo ello hoy superado. Ha sido descartada la vía armada por
el socialismo internacional, lo que también descarta nueva intervención militar en la política chilena, que sólo se produjo bajo las circunstancias ya anotadas y
porque estaba comprometida la seguridad interna de la nación y en grave riesgo su seguridad exterior.
Pero el castigo de los excesos sólo debe hacerse dentro de los marcos de la ley,
respetando para los militares las mismas instituciones jurídicas aplicadas a los subversivos y terroristas que ellos debieron combatir, vale decir, la prescripción o
extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo máximo de quince años, la excepción de cosa juzgada, la amnistía que ha favorecido a cerca de ocho mil extremistas, y el indulto presidencial cuando ha resultado necesario.
Es obligación ineludible del nuevo Comandante en Jefe del Ejército hacer imperar los derechos constitucionales y hacer respetar de una vez por todas las
garantías procesales de la gente de su institución, tanto en servicio activo como en situación de retiro, que en la inmensa mayoría de los casos -por no decir en
la totalidad de ellos- sólo cumplió con sus deberes militares y órdenes superiores, impartidas dentro de la guerra antisubversiva, que por su misma naturaleza es la
más sucia. Los militares han sido abandonados por la superioridad en tribunales y cárceles, y entregados -bajo un disfraz de justicia- a la venganza de quienes afortunadamente fueron derrotados militarmente tras emprender un camino
político que actualmente el mundo y ellos mismos reconocen como equivocado. No se puede descontextualizar los hechos ni aplicar a las actuaciones de entonces las normas actualmente existentes, por lo que el nuevo Comandante en
Jefe del Ejército deberá rectificar la política institucional seguida por sus antecesores a este respeto, que sin perjuicio de las buenas intenciones que hayan podido guiarla, la verdad es que ha fracasado.
Y es deber ineludible de todos los chilenos entenderlo así, especialmente en momentos como los actuales, en que está más amenazada que nunca en los últimos ciento veinte años la paz y la integridad de nuestro territorio, que sólo el
abandono de la odiosidad y el revanchismo y la unidad del pueblo en torno a los intereses comunes y superiores podrá preservar. La prosecución de esos juicios aberrantes, extemporáneos, inconstitucionales y faltos de la necesaria equidad
para ser respetables, mantienen viva por más de treinta años la odiosidad y el revanchismo y por consiguiente atentan contra la unidad de los chilenos y su seguridad.
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