A 50 años de la reforma agraria: Mitos y realidad de un desastre Relevantes

A 50 años de la reforma agraria: Mitos y realidad de un desastre

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Mario Arnello Romo
Diputado (1969-1973) y (1973-sept. 1973)             

El artículo de don Rafael Moreno ("El Mercurio", 17 de febrero) debe tener más de un comentario. Por mi parte, lamento tener que discrepar de su intento de conmemorar la reforma agraria (desde ahora R.A.) realizada en el gobierno del Presidente Frei (1964-1970), y atribuirle tener como resultado final la situación actual de desarrollo, progreso y estabilidad de la agricultura chilena.

Creo que esa relación no existe, a menos que sea conmemorar el haber creado un mito y luego alterar los fines iniciales y crear las condiciones que incubaron la revolución que arrasó con el Estado de Derecho, el orden y la paz social. Ese fue el desarrollo del mito de la R.A. desde 1965 a 1970 y entre 1971 y 1973. En ambos casos, los daños, víctimas, derechos conculcados y negados, y sufrimientos causados por el desastre desatado por imprevisión y por soberbia revolucionaria quedan fuera de la memoria.

El análisis del artículo es preciso en cuanto señala que el proceso R.A. se inicia con la Ley 15.020 de 1962 en el gobierno de J. Alessandri, y con la reforma constitucional del artículo 10 Nº 10 de la Constitución política entonces vigente (1925), que permite exceptuar la expropiación de predios rurales, para -dice- "un pago en bonos a un largo plazo" (rectifico: era a cinco años).

Omite precisar que todos los predios expropiados fueron divididos entre los trabajadores y que cada uno de los campesinos recibió el título de su propiedad. Baste recordar que el Partido Comunista la calificó como "Reforma de Maceteros".

La segunda etapa, gobierno de Frei, en la cual don Rafael Moreno fue vicepresidente de la CORA, ya no tiene como objetivo hacer 100.000 nuevos propietarios, como fijaba el programa presidencial. En esos seis años, no se hizo ninguno.

Algunos hechos omitidos lo demuestran:

1. Se crearon asentamientos en los que la propiedad de la tierra no se otorgó a los campesinos y estos quedaban sometidos al arbitrio de la CORA, aun a riesgo de ser despedidos.

2. Para hacer admisible otra ley de R. A. que quería dicho gobierno, presentó una nueva reforma constitucional al artículo 10 Nº 10, en la que se profundizaron las excepciones a la garantía constitucional de dicha norma;

a. Se fijó como valor del predio rural expropiado el avalúo fiscal del mismo.

b. Se fijó como plazo para el pago de los bonos: ¡30 años!

c. Se hizo admisible que la CORA calificara la mala explotación del predio, y los bonos se pagarían sin intereses ni reajustes, en un país con inflación creciente.

3. Se promulgó una nueva Ley de R.A. en 1967, que admite la arbitrariedad de coaccionar al propietario expropiado con la sanción de calificar mala la explotación del predio. Y aun en casos en que los propios trabajadores se oponían a la expropiación, que la CORA impulsara la ocupación violenta del predio. El asentamiento es el instrumento y fin último de esa R.A., y consagra el control sobre aquella de los funcionarios estatales.

4. El Reglamento de la Ley de 1967 señala las finalidades colectivistas y estatistas de la R.A. Basten dos puntos:

a. Prohíbe que sean miembros de un asentamiento las personas que trabajaban como empleados en el fundo.

b. Que el gobierno podía decretar la intervención de todo predio rural de cabida inferior a las exigidas para poder ser expropiado en caso de que hubiese un conflicto social con sus trabajadores (el abuso posterior de esta disposición llegó a extremos inconcebibles).

5. Con todo, cuando un centenar de propietarios recurrieron a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos, y obtuvieron sentencias favorables, el gobierno promulgó una ley inaudita: quitar la jurisdicción y competencia de los tribunales para admitir y juzgar las demandas por casos de expropiación de la R.A. de predios rurales. Esa ley, presentada por el senador Aylwin en el Congreso, fue aprobada por los parlamentarios del gobierno y los de la Unidad Popular -regocijados de tal regalo-. Fue inútil que advirtiéramos que se violaba la igualdad ante la ley, y la garantía y derecho esencial de toda persona de recurrir a los tribunales de justicia, y cómo aquella denegación abría caminos a la violencia en el campo.

La tercera etapa, gobierno del Presidente Allende, utiliza en la destrucción del Estado de Derecho la legislación arbitraria del gobierno anterior, y deja campo libre a los delitos de usurpación con violencia contra las personas, a los grupos armados de los partidos de la Unidad Popular y el MIR y el Mapu, mientras prohíbe que Carabineros o Investigaciones puedan cumplir la ley e intervenir en defensa de las víctimas, u obedecer las resoluciones de los tribunales al respecto.

La cuarta etapa es "la contrarreforma de la dictadura". Y precisa que de los casi 10 millones de hectáreas expropiadas o usurpadas, "el gobierno de Pinochet" pudo dividirlos en tres tercios: asignar en propiedad parcelas a cerca de 40 mil campesinos; sacar a remate las grandes haciendas y devolver a sus propietarios las tierras usurpadas o cuya expropiación no había sido finiquitada legalmente.

La conclusión final que cabe extraer de ese proceso de R.A., que siempre requirió una exclusión o erosión del Estado de Derecho, y que luego con el desquiciamiento ideológico de la revolución destrozó principios esenciales y arrasó con aquel, es que no es herencia de aquella R.A. la estabilidad, desarrollo y progreso que evidencia la agricultura chilena en la actualidad.

Esta es consecuencia directa del acierto del gobierno que supo resolver el problema, volver a encauzarlo dentro del Estado de Derecho Constitucional, de una economía libre, de la iniciativa y propiedad privadas, garantizadas por la Constitución de 1980, que da estabilidad y certeza a la nación.

No por nada, aquella es uno de los objetivos a destruir del programa gramsciano del gobierno actual.
 

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