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Arrebatan Beneficios

Javiera Blanco anunció una reforma al Reglamento Penitenciario y los presos por casos de DD.HH no tendrán beneficio alguno.

 

La ministra de Justicia recibió a Isabel Allende y tras la reunión informó que el Ejecutivo introducirá algunos cambios para impedir que los condenados, puedan gozar de salidas diarias, de fin de semana o dominicales. No informó de nuevas restricciones aunque reconoció que esta medida, absolutamente aberrante y francamente abusiva, no puede tener carácter retroactivo.

 

Por su parte Allende insistió en su proyecto de degradar a aquellos militares de alto rango que hayan sido condenados por aquellos delitos de marras. Mientras avanza lo que se ha dado en llamar el "reacondicionamiento" de un pabellón del penal Colina I y ya se habla abiertamente, de trasladar allí, a TODOS los presos políticos militares internados en el centro de reclusión de Punta Peuco;  no solo a quienes están por ingresar a un recinto casi a plena capacidad. Aunque, por ahora también se dice, Colina I podría recibir únicamente 60 internos.

 

Desde luego la inquietud del gobierno, no nace del actual hacinamiento sino del declarado afán de terminar con los "privilegios" que presuntamente ofrece dicha dependencia.

 

La otra tenaza, aquella que maneja  el juez Alejandro Solís -la unidad de DD.HH. del Ministerio de Defensa-, se encargará de hostigar al Ejército y a cualquier otra Institución Armada, para que entregue información que nadie sabe de dónde se podría extraer para satisfacer tales requerimientos.

 

En un paréntesis, un ex juez que termina como empleado de Palacio, evidencia hasta qué punto llega su supuesta "independencia" de criterio y su "objetividad" Lo dijo @melnicksergio "el ministro Solís trabajando ahora para el gobierno hace dudar de su equidad mientras fue juez ¿o no?" // Esa es una gran interrogante (N. de R.)

 

El mismo Solís, un juez cuya labor fue desenmascarada por Hermógenes Pérez de Arce ante las cámaras de TV lo dijo amenazante cuando asumió en la Unidad de DD.HH: "si las causas están archivadas se pueden abrir en cualquier momento"

 

Dicho y hecho. Este miércoles la Sala Penal de la Corte Suprema, ordenó la reapertura del caso Carmelo Soria, y el procesamiento de Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Guillermo Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, René Qilhot Palma, Pablo Belmar Labbé, Michael Townley, Armando Fernández Larios, el cubano Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado, como presuntos autores del delito de homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del español.

 

El juez de la Suprema Lamberto Cisternas rechazó en su momento, procesar a la cúpula de la DINA porque la evidencia aportada, no permitía tener "presunciones fundadas" de la participación del general Manuel Contreras Sepúlveda (QEPD), ni de Lepe Orellana, Qilhot Palma, Belmar Labbé ni de Guillermo Salazar Torres.

 

Como se sabe, el titular del Poder Judicial, Sergio Muñóz ( a quien Alberto Espina calificó como un "gran juez" antes de que éste asumiese la presidencia de la Corte Suprema), reunió a la totalidad de los ministros a cargo de sustanciar las causas de DD.HH pendientes en tribunales (y el millar adicional en las que el Ministerio del Interior, bajo Piñera presentó querellas), urgiéndolos para que agilizaran la tramitación de las mismas.

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