Arreglín indigno Actualidad

Arreglín indigno

 

Tal lo pidió el Ministerio Público, NO habrá juicio oral para los imputados del caso "Tsunami" . Estamos frente a un vejamen hacia las víctimas y ante una burla al país,  porque tuvimos un simulacro de justicia.   

 

La jueza Carolina Gajardo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió aceptar la salida alternativa que propuso la Fiscalía Metropolitana. La que consideró una indemnización que los imputados, Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior, Carmen Fernández, ex Directora de la ONEMI y Johaziel Jamett ex Director del SHOA, deberán pagar a los familiares de los 105 chilenos muertos el día de la tragedia. Se trata de $ 235.000.000 unos $ 2.250.000 divididos en tres cuotas. Un "arreglín" solemne.

 

Este acuerdo fue calificado de inaceptable e indigno por la defensa de las víctimas las que apelarán ante el Tribunal de Alzada. 

 

Efectivamente. La solución perpetrada por la Fiscalía, cierra en esta etapa un proceso que lleva seis largos años. Donde un grueso de los familiares no logró entregar su testimonio porque las defensas pasaron por alto un detalle nimio en apariencia: solicitar a la Unidad de Víctimas el respectivo apoyo financiero para el alojamiento y alimentación de una treintena de personas, las que viajaron sacrificadamente, desde Constitución en un bus proporcionado por el Municipio local, y debieron regresar al sitio de partida, sin comer ni descansar. Un incidente irritante que habla del inhumano trato dispensado.

 

Al finalizar la audiencia, Rosende y Carmen Fernández ofrecieron disculpas. El ex subsecretario habló de la precariedad del Estado y la ex jefa de ONEMI de "colapso"

 

Sin embargo, como señaló un abogado defensor, Raúl Meza, el tiempo de las disculpas pasó hace tiempo, lamentando que la propia Michelle Bachelet haya guardado silencio ante esta dolorosa circunstancia. 

 

Pero más allá de las excusas que hoy resultan extemporáneas y ya no corresponden, según destacó el propio Meza, lo que se vio desde la época de la Fiscal Solange Huerta, fue un blindaje dispuesto por la Fiscalía a la mandataria para resguardarla de cualquier responsabilidad judicial. 

 

Meza señaló que él en su momento recurrió ante la Fiscalía Naval por el presunto delito de incumplimiento de deberes militares de los funcionarios del SHOA, a lo cual la Fiscalía se opuso tenazmente. De haber prosperado tal recurso, esta salida alternativa resultaba impracticable para el Ministerio Público, recalcó. 

 

El abogado señaló que Bachelet fue la verdadera gran responsable como máxima autoridad del Estado constituida en las oficinas de la ONEMI la madrugada del 27 de febrero. Su negligencia queda de manifiesto. Se negó a dar alerta de maremoto para no "alarmar a la población"; una justificación increible a la luz de los acontecimientos que se desarrollaban en Chile y que concluyeron con la muerte de 156 chilenos y la desaparición de otros 25 compatriotas en esa fecha infausta. 

 

Este breve video da cuenta de la situación en la ONEMI aquella jornada aciaga:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dj8K5gYme_I

 

Este capítulo debiera llegar al máximo tribunal del país. Y ciertamente, la opinión pública debe representar su propio juicio ante el rol cumplido por la máxima autoridad de la República, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales de mando, las que no utilizó, aunque posteriormente delegó su propia responsabilidad en los subalternos que la acompañaban en aquellos momentos.

 

Este distanciamiento se advierte además, y con especial fuerza, en la ausencia de una política nacional para las emergencias civiles. En los lamentables medios de la ONEMI. Una pequeña repartición que durante los dos años de este segundo mandato de Bachelet sigue en las mismas penosas circunstancias de hace un sexenio: pocos recursos, mínimo personal, nula autoridad para ordenar o coordinar los servicios e instituciones del Estado y seguir alguna estrategia o política racional ante las calamidades que nos azotan y, sobre todo, sin el prestigio ni ascendiente social mínimos.

 

El Estado no previene, no anticipa ni reacciona frente a desastres naturales. Sean estos terremotos, aluviones o incendios forestales, siempre es igual: los chilenos quedamos sujetos más a la solidaridad de la población y no a una acción eficiente y oportuna de un Estado rico en medios pero magnánimo en gastos para menesteres ideológicos, no a lo que dictan las grandes necesidades nacionales. En la práctica este caso debió llamarse: salvando a Bachelet y no caso Tsunami.

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