Cartas al Director Cierre del penal Punta Peuco Actualidad

Cartas al Director Cierre del penal Punta Peuco

Cartas al Director diario El Mercurio

Señor Director:

Punta Peuco es una cárcel creada específicamente para el cumplimiento de condenas por parte del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sentenciado en causas por violaciones a los derechos humanos. En dicho establecimiento, Gendarmería da total cumplimiento a las normas dispuestas para el funcionamiento de los recintos penitenciarios, siendo -sin duda- el penal con la mayor disciplina y buena conducta de los internos, así como el más fácil de administrar.

Los internos, además de haber sido discriminados al habérseles juzgado mediante el sistema procesal antiguo, enfrentan una situación de gran asimetría. Por un lado está el acusado que asume su defensa solo y con sus recursos. Por el otro, el juez y el personal del tribunal, una brigada de la PDI con dedicación exclusiva, los querellantes, el gobierno -a través de los ministerios del Interior y Justicia-, el Consejo de Defensa del Estado y las organizaciones de derechos humanos. A lo anterior se agrega una acción comunicacional ampliamente utilizada por los acusadores, que normalmente tiene una alta incidencia en el ambiente en el cual los jueces adoptan las decisiones, con una presión de la opinión pública e información tergiversada al servicio de los querellantes.

Adicionalmente, una cantidad importante de los condenados corresponde a personal militar y policial que en los años setenta eran subalternos, que cumplieron órdenes a las cuales no pudieron sustraerse, dado el contexto político, de seguridad y legal de la época. A pesar de ello, han sido condenados a penas aflictivas, sin que se haya considerado la obediencia forzada, tesis sustentada por destacados juristas. También, dada la avanzada edad de la mayoría de los internos, varios de ellos padecen de dolencias que requieren de especiales cuidados, incluso algunos con enfermedades de carácter terminal.

Los fundamentos expuestos constituyen por sí mismos suficientes argumentos para considerar injusta y contraproducente una medida que afecte por igual a todos los internos, como sería cerrar el penal. También es necesario considerar que el conjunto de situaciones que conforman la aplicación de justicia en los casos de derechos humanos conforman un sistema particular y excepcional y que, como tal, no es lógico que culmine solo en su última fase -cumplimiento de las penas- en la regularidad de una cárcel común.

No parece conveniente retornar a la lógica de amigo/enemigo que tanto ha costado superar y que esta acción sea asumida no como un acto de justicia, sino como un acto de venganza.

Esperamos, por el bien de Chile y su futuro, que quienes tengan que resolver este asunto lo hagan con visión de Estado, pensando en el bien común y paz social que el país merece.

 

Ricardo Ortega Perrier
General del Aire (r) Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional 

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