Caso 5 detenidos desaparecidos año 1987 Actualidad

Caso 5 detenidos desaparecidos año 1987

¿Justicia con sentencias justas?

Caso 5 detenidos desaparecidos, año 1987 Causa 39.122 6° Juzgado C. Stgo. ¿Justicia con sentencias justas?

El 1 de septiembre de 1987, fue secuestrado por un grupo armado del Frente Terrorista Manuel Rodríguez, el oficial de ejército Carlos Carreño Barrera. El hecho causó alarma en las instituciones armadas y fue motivo de portada y comentarios en todos los medios de comunicación social del país durante tres meses, periodo que duró el secuestro.

El Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones y los organismos de inteligencia de la época se abocaron a la búsqueda del oficial sin poder dar con su paradero hasta que este fue liberado por sus captores el 2 de diciembre del mismo año, en Brasil.

La Central Nacional de Informaciones (CNI) con sus medios especializados se desplegó en la búsqueda del oficial obedeciendo instrucciones precisas de los respectivos mandos de la época.

En ese contexto, personal de agentes de las unidades de la CNI de la Región Metropolitana, que tenían asignada la responsabilidad de investigar y controlar las acciones de estos grupos terroristas que actuaban fuera de la ley, recibieron órdenes de detener a personas que pudieran tener información sobre este secuestro. Fue así como la Brigada AZUL, con cuartel en calle Borgoño, y que tenía como responsabilidad de trabajar a las organizaciones terroristas MIR y FPMR-Autónomo, este último recientemente escindido del Partido Comunista, recibió la orden de su comandante de detener a dos personas vinculadas a este y apoyar la detención de otras dos personas que eran trabajadas por otras unidades de la CNI dependientes también del jefe operativo de contrasubversión de la Región Metropolitana. De estas dos últimas personas la Unidad AZUL no tenía antecedentes de quiénes eran. Su misión fue solo de apoyo a las detenciones.

Para cumplir con estas diligencias, los agentes contaban con una carpeta que contenía una orden de detención o copias de ellas que emanaban de las Fiscalías Militares y que cada equipo portaba en sus móviles para ser usadas cuando se requirieran.

Los equipos de la Unidad AZUL cumplieron las órdenes encomendadas por sus superiores jerárquicos como corresponde a personas de las Fuerzas Armadas. En su diligencia detuvieron a un subversivo y apoyaron la detención de otros dos. La misión era clara respecto a las detenciones, consistía en detenerlos y entregarlos al jefe de la unidad en el cuartel Borgoño, para luego continuar con sus labores de investigación sin tener más contacto con los detenidos ni participar en los interrogatorios, ni menos en la eliminación de ellos.

En esa época se decía que la CNI estaba facultada para mantener detenidos en sus cuarteles hasta por cinco días y luego los ponían a disposición de la Justicia Militar.

Lo que pasó posteriormente con estos detenidos (muerte y desaparición) no fue de conocimiento del personal de suboficiales, pues solo participaron en las detenciones. Al respecto, existen declaraciones en el proceso, realizadas por jefes del cuartel Borgoño, que dicen que la misión de interrogatorio y eliminación fue entregada en absoluto compartimentaje a oficiales de esa misma repartición de la Región Metropolitana.

Pese a que los suboficiales y agentes de menor rango, que declararon en el proceso de investigación ante el Tribunal de Justicia, dijeron que no conocían o nunca se les informó el futuro de los detenidos, lo que fue representado por sus abogados, los jueces que llevaron la investigación concluyeron con acusación de delito de secuestro calificado y sentenciaron a los suboficiales a la pena de 10 años y un día de cárcel como responsables de la detención y por tener conocimiento de toda la operación y no solamente por estas tres personas, sino que de cinco personas. A pesar de que en el mismo proceso se lee que el Tribunal logró establecer que existieron distintas etapas en la operación: detención, reclusión en el cuartel Borgoño, interrogación, eliminación y un operativo para sacar los cuerpos y eliminarlos lanzándolos al mar (también hay declaraciones de oficiales que dicen que en la etapa de interrogatorios y eliminación participó otra gente en estricto compartimentaje), el Tribunal no separó estas etapas para acusar y dictar sentencia conforme al grado de participación y gravedad de los hechos.

En el proceso se evidenciaron muchos errores producto de una pésima investigación, como por ejemplo se acredita la detención de una misma persona en dos puntos distintos de Santiago, en un mismo día, en horas distintas y con participación de distintos agentes, es decir, ¿la misma persona es detenida dos veces en un mismo día y en lugares distintos? Ambos detenidos, dice el proceso, fueron entregados en el Cuartel Borgoño.

  1. 1-  ¿Es justo que los tribunales de justicia hayan sentenciado a personal de agentes con grado de sargentos, cabos y empleados civiles de menor rango a la pena de 10 años y un día de cárcel por haber cumplido su deber, es decir, haber cumplido con la orden de detención emanada de sus superiores, respaldadas por órdenes estrictas de los tribunales militares de la época que los obligó a detener?

  2. 2-  ¿Es justo que los tribunales de justicia hayan sentenciado a personal con grados de sargentos, cabos y empleados civiles a la pena de 10 años y un día de cárcel sin que hayan tenido participación alguna en esta operación y se les haya culpado de la detención y desaparición, no solo de 3, sino que de 5 personas?

  3. 3-  ¿Es justo que los tribunales de justicia hayan sentenciado a un empleado civil con el grado de soldado, integrante de la guardia de cuartel, a la pena de 10 años y un día de cárcel, acusado de participar en la operación, siendo que su labor en la época de los hechos se remitía solo a los servicios de guardia de cuartel?

  4. 4-  ¿Es justo que una mujer, que no tuvo participación en las detenciones ni en otra etapa de la operación, sea sentenciada a la pena de 10 años y un día de cárcel?

  5. 5-  ¿Es justo que el oficial 2°, comandante de la unidad a la que pertenecían estos suboficiales y que también participó en las detenciones, haya sido condenado a 5 años de cárcel, a diferencia de sus subalternos que fueron condenados a 10 años?

  6. 6-  ¿Es justo que, aunque los tribunales de justicia determinaran que en la operación hubo distintas etapas, no hayan sentenciado conforme al grado de participación y gravedad de cada etapa, teniendo en cuenta que los suboficiales cumplieron una orden de su jefe jerárquico, además de actuar con una orden de detención de las fiscalías militares?

  7. 7-  ¿Es justo para los familiares de estos suboficiales y para los familiares de las victimas que se haya cerrado un proceso de investigación, que a simple lectura de los hechos se observa que no fue concluido de buena forma?

 

Los camaradas, amigos y familiares de estos veinte suboficiales y empleados civiles que ingresaron en abril de este año a cumplir condena en los penales de Punta Peuco, Colina 1 y Cárcel de Mujeres de San Miguel, esperan una respuesta. 

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