Cierre de Punta Peuco y DD.HH Actualidad

Cierre de Punta Peuco y DD.HH

 Diputado Osvaldo Urrutia

Cierre de Punta Peuco y DD.HH

 
A tres meses de la elección presidencial, el gobierno anuncia el cierre de Punta Peuco. Es lamentable que la Presidenta Michelle Bachelet opte por decisiones promovidas desde sectores marcados por las divisiones del pasado, en lugar de hacer un esfuerzo por gestos de reencuentro. Su decisión es una manipulación flagrante del tema de los DD.HH., mientras no se ha preocupado de resolver el drama del hacinamiento carcelario.
 
A los ex militares no se les aplica la igualdad ante la ley en lo relativo a prescripción, estándar de prueba para condenar ni beneficios de cumplimiento de pena. El mayor de los presos en Punta Peuco tiene 91 años de edad y el menor, 60. De todos ellos, 24 son mayores de 80 años y la única mujer reclusa tiene 71 años. Encarcelados han muerto 20, mientras cuatro están en peligro. Hay 24 sometidos a cuidados especiales por enfermedades. A todos se les ha negado el indulto; a varios más de una vez, aunque la ley permite concederlos casos calificados. Tres murieron por enfermedades terminales esperando el beneficio. ¿Estar a punto de morir, ¿no califica?
 
Ninguno de los ex uniformados presos tenía poder de mando y muchos estaban llamados al servicio militar obligatorio. Algunos eran subtenientes o cabos que cumplían órdenes en un contexto de estado de sitio. Han sido enviados a prisión por un sistema obsoleto, vulnerador de los derechos humanos y eliminado en 2005, por la reforma procesal.
 
Punta Peuco fue construido específicamente para ser un penal, con todos sus requisitos. Muchos países tienen prisiones diferenciadas con el mismo propósito: resguardar la integridad física de los prisioneros. Por esto, el ministro de Defensa debe explicar cómo cumplirán los reglamentos penitenciarios y los compromisos derivados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para adultos mayores.
 
En el documento "Una mesa para todos en el Bicentenario", que habla de desterrar la "venganza social", la Conferencia Episcopal afirmó que no sería completa la mesa sin considerar a los presos militares. El juez español Baltasar Garzón defiende los indultos por derecho humanitario en esos casos. Lo propio han hecho personalidades de trayectoria en la defensa de los DD.HH., como Fernando Montes S.J., Héctor Salazar y Clara Szczaranski, entre otros. Nuestro país merece una opción más decidida por el reencuentro social y la convivencia.
 
 
Osvaldo Urrutia
Diputado

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