Colusión para impermeabilizar a los Corruptos Actualidad

Colusión para impermeabilizar a los Corruptos

Por VOXPRESS.CL


Subrepticiamente, tal como suelen actuar lo que actúan de modo incorrecto, la Comisión de Justicia del Senado, entre gallos y medianoche, aprobó una “indicación” del duopolio Ejecutivo/Ministerio Público destinada a sancionar con las penas más drásticas las llamadas “filtraciones” judicial.

 

La sala, sin siquiera leerla,  la aprobó de inmediato por el hecho de que le llegó con el voto unánime de la Comisión. No hubo un solo senador que la estudiase a fondo, ni menos alguien que reparara en la desprolijidad de su redacción y en lo innecesaria de su contenido, pues  ya hay suficientes normas para sancionar casos de ese tipo.

 

La i”indicación” es tan amplia y vaga que no sólo apunta a impedir las “filtraciones” de los fiscales, sino castiga a cualquiera que tenga el coraje de opinar o referirse a procesos en curso.

 

Conscientes de su mal trabajo como legisladores y ahora al tanto de que hay suficientes restricciones para estos casos –como las reservas en la investigación–, los senadores expresaron estar dispuesto a corregir su error y otros pidieron a los diputados que la arreglen o, lo aconsejable, que la supriman.

 

Aunque tardíamente, los senadores  –no todos–   se dieron cuenta de que la ciudadanía asumió que tal prohibición acerca de un tema puntual de los procesos judiciales era una maniobra de ellos para blindarse en medio de un vendaval de investigaciones y juicios  terminados, en curso o a la espera, en que decenas de parlamentarios están involucrados por corrupción.

 

Argumentan ellos que no fue así y culpan directamente al Ejecutivo  —Jorge Burgos, en su condición de Vicepresidente de la República, firmó la indicación— y a una sugerencia en tal sentido del Ministerio Público.

 

Hoy, el clima de desconfianza de la población respecto a su clase política es tan grande que duda y sospecha absolutamente de todo lo que dice y hace. Ejemplo de ello fue la última encuesta Cadem (28 de marzo) que alcanzó a sondear el último “numerito” de la nuera de la Presidenta, el que de inmediato impactó en ella: cayó a un pobrísimo 26% de aprobación ciudadana.

 

El sentimiento de la ciudadanía respecto a esta “indicación” es que busca impermeabilizar las malas prácticas de los políticos.

 

El propio presidente de la Corte Suprema, Hugo Doltsmetch, calificó esta nueva figura como una vuelta al pasado con “los antiguos secretos del sumario” y los fiscales, a través de su Asociación Nacional, están en alerta porque consideran que la “indicación” es un atropello a su autonomía.

 

La sensación de que se trata de una fea maniobra para blindar a los corruptos  la reforzó el mismísimo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien frívolamente propuso “apurar las “causas políticas para cerrarlas luego, pues dañan a la institucionalidad”  y “acotar las investigaciones” de sus propios persecutores, en vez de ser partidario de agotarlas y ampliarlas.

 

El mejor aporte que puede hacer el Fiscal Nacional en beneficio de las instituciones es limpiarlas y no perpetuar en ellas la basura bajo la alfombra.

 

La poco feliz “indicación” castiga discrecionalmente cualquiera  filtración de un proceso judicial y, por los casos recientes, son conocidos en abundancia los episodios en que abogados, querellantes, imputados, fiscales y magistrados hacen expresas referencias a los pormenores de un juicio. El ejemplo más fresco de ello lo dio Pablo Longueira, quien comunicó a los medios de comunicación que sería formalizado antes, incluso, de que lo revelara o informase el Ministerio Público.

 

Es tan vaga la redacción de la norma que podría darse el contrasentido de que una víctima que haga un comentario sobre la evolución del expediente al cual, por razones obvias, tiene acceso,  sea condenada con cárcel.

 

Desde siempre, y particularmente la política, se nutre de “trascendidos” y “off de record” que salen de la boca de interesados en que sus expresiones sean difundidas. Esta vieja costumbre deberá ser desterrada y el periodismo se quedará sin un tipo de fuente casi tradicional, por lo que no podrá cumplir no sólo con su derecho sino con su obligatoriedad de informar a la población.

 

Esta colusión de Gobierno/Fiscalía y Senado concibió un bozal para todo el entorno de la Justicia, pero en particular es una censura para ayudar a los corruptos ya en apuros y salvar a los que están por caer. Se intenta amordazar a los medios de comunicación que han sido actores cruciales en revelarle a la población las malas prácticas políticas, al punto que gracias a ellos, la Presidenta pudo informarse del escándalo financiero de su nuera…

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