Condena Global y Transversal Hermógenes Pérez de Arce

Condena Global y Transversal

Por Hermógenes Pérez de Arce

Ayer o anteayer vi y oí en el noticiero de la TV (probablemente era Teletrece) al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, decir (cita de memoria y no textual) que las condenas

contra militares debían continuar porque bajo el gobierno de ellos se había cometido crímenes atroces, que debían ser castigados para que nunca más volvieran a ocurrir en Chile.

Ayer o anteayer vi y oí en el noticiero de la TV (probablemente era Teletrece) al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, decir (cita de memoria y no textual) que las condenas contra militares debían continuar porque bajo el gobierno de ellos se había cometido crímenes atroces, que debían ser castigados para que nunca más volvieran a ocurrir en Chile.

Proviniendo de un juez, y sobre todo de quien encabeza el más alto tribunal de la República, esa declaración es una prueba palpable de que en Chile no rige un estado de derecho para los militares. Los miles de situaciones que ellos vivieron combatiendo a más de veinte mil irregulares armados a lo largo del país han dejado de ser circunstancias personales que, en caso de ser juzgadas, deberían analizarse y ponderarse a la luz de la verdad de los respectivos hechos y del derecho, sino que han pasado a ser una sola consigna global, total o, mejor dicho, totalitaria: hubo un solo gran crimen y todos los militares fueron y son culpables. Ya no caben juicios. Sólo prevalece un gran pre-juicio.

Y el país de los cerebros lavados está preparado para compartirlo. Acabo de leer el aviso de un próximo torneo empresarial sobre la situación interna y se anuncia que lo cerrarán Michelle Bachelet, ex ayudista del MIR en los ’70 y conviviente del vocero del FPMR en los ’80, hoy presidenta de la República; Isabel Allende, hija del gobernante socialista que conducía al país al “socialismo marxista integral”, hoy presidenta del Senado; y Sergio Muñoz, juez de izquierda, que acaba de condenar globalmente a la integridad del Gobierno Militar y que oficia como presidente de la Corte Suprema, desde cuya cúspide fulmina masivamente y al margen de toda norma jurídica aplicable a conductas individuales, a todos los militares que actuaron bajo el gobierno de 1973-90.

Es que los empresarios, generalizadamente identificados con “la derecha”, quieren ser “objetivos” y tener en su próxima cita máxima anual una “versión equilibrada” de lo que sucedió y sucede en el país. Entonces ¿para qué la izquierda necesita a Gramsci?

¡Pobres militares! Condenados de antemano por un “pre-juicio” ya completamente tramitado y con sentencia condenatoria pre-dictada, cualesquiera fueren las circunstancias o los hechos vividos por cada uniformado que creía tener derecho a un debido proceso.

Entonces no vale de nada que un suboficial de Carabineros, haya entregado sano y salvo a un detenido por orden superior, que después murió; o que un capitán de navío ni siquiera haya estado en una base naval donde falleció otro detenido; o que un teniente de Ejército haya estado en el extranjero cuando murió un extremista: todos ellos han sido condenados por igual y por delitos que no cometieron, a penas de más de cinco años de presidio efectivo, en virtud de un pre-juicio convertido en política oficial de los Tribunales por el Presidente de la Corte Suprema. ¿Que los hechos sucedieron hace cuarenta y un años y están prescritos, amnistiados y ya antes juzgados, como en las  condenas que el ministro Álvaro Mesa recién ha dictado contra siete oficiales de Ejército por la muerte de dos sujetos acusados de disparar contra un regimiento, en Angol, en octubre de 1973? ¿Qué los llamados “delitos de lesa humanidad” sólo fueron tipificados en 2009 y que, además, su descripción no se corresponde con los hechos de 1973? ¿Qué, en el caso del entonces teniente Labbé, ni siquiera estuvo en Tejas Verdes, como se lo imputan dos testigos notoriamente falsos; que allí, en todo caso, no se había constituido una “asociación ilícita”, como afirma la ministra Cifuentes para ponerlo en prisión? No importa. Nada importa. No estamos ante un juicio, sino ante un pre-juicio, y éste los condena a todos en general y a Labbé en particular. Eso es lo oficial. Lo que sostiene el presidente de la Corte Suprema. Lo “generalmente aceptado”.

Con razón, ante la enésima sentencia dictada contra uniformados pasando por sobre el derecho y los hechos, el día 21 de octubre último escribió a “El Mercurio” el almirante (r) Miguel Ángel Vergara Villalobos: “Así como vamos, todos quienes pertenecimos a las FF. AA. entre 1973 y 1989 somos potenciales condenados. Vamos por un camino peligroso”.

¿”Peligroso”? No lo sé, pues ya está claro que los militares han resuelto dejar a sus “caídos tras las líneas enemigas” perecer en la indefensión a manos de jueces que prevarican con absoluta impunidad. Y ojalá sólo fueran abusados a manos de los jueces. Un oficial recientemente procesado fue recibido con estas palabras por la visitadora social de Gendarmería: “Que pase el criminal”. A lo cual siguió una larga diatriba que emitió a voz en cuello contra el Gobierno Militar. Se sentía segura en su (rentable) feudo socialista.

La  condena global a los soldados del ’73 y a quienes los apoyaron ya es transversal. Terminó de extenderse cuando Sebastián Piñera los condenó a todos por igual (después, naturalmente, de haber aprovechado sus votos para ser electo) en la noche del 11 de septiembre de 1973 en su discurso sobre los “cómplices pasivos” de los “violadores de derechos humanos”. La ironía residió en que su Ministerio del Interior, personificado en el subsecretario Rodrigo Ubilla, sí fue “cómplice”, pero activo, en la prevaricación de los jueces de izquierda, al triplicar el número de querellas ilegales e inconstitucionales a través de su “Departamento de Derechos Humanos”, herencia izquierdista que mantuvo incólume, tan incólume como el Museo de la Memoria y el nombramiento del mirista Patricio Bustos, funcionario de la exclusiva confianza presidencial mantenido bajo la administración Piñera a la cabeza del Instituto Médico-Legal durante sus cuatro años.

La derogación del debido proceso y, por tanto, del estado de derecho respecto a los militares ya es, pues, un fenómeno “transversal” en la sociedad chilena. La sostienen quienes encabezan los tres poderes del Estado. Hasta le da tribuna la derecha económica y la cohonesta la nueva derecha política, convertida en fiel continuadora de la “doctrina Brezhnev”, según la cual la base de la condena mundial al Gobierno Militar chileno debía consistir en culparlo de “violaciones a los derechos humanos”, casi con la misma energía con que hoy lo hace en “La Segunda” el vicepresidente de la UDI, diputado Javier Macaya.

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