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Deben declararse incompetentes

Carta del ingeniero, don Rodolfo J. Novakovic, al Auditor General del Ejército y Miembro Integrante de la Corte Suprema, General de Brigada, Waldo Martínez Cáceres

 

La publicación ha sido autorizada por su autor, y me parece que por la relevancia e inconmensurables consecuencias, debe ser profusamente compartida. De antemano gracias al autor y a quienes la compartan.

Señor

Waldo Martínez Cáceres

General de Brigada

Auditor General del Ejército y

Miembro Integrante de la Corte Suprema

Presente

 

Distinguido Gral. don Waldo Martínez, Junto con saludarle, deseo distraerle brevemente de vuestras altas funciones para formular la siguiente consulta, como el más modesto y humilde de los ciudadanos chilenos poderdantes:

 

Hace algunas semanas, por medio de algunos abogados amigos míos que defienden a militares acusados en temas de DDHH, me he enterado de un presunto ilícito cometido con pleno conocimiento de los Magistrados que componen ambas Cortes.

 

En efecto, a raíz de una investigación realizada en 2008 por el abogado Sr. Cristian Heerwaggen, y como usted bien ha de saber, por medio de la promulgación de la Ley N° 19.665 de fecha 9 de marzo del año 2000, se modificó el Art. 50° del Código Orgánico de Tribunales (COT), eliminándose para siempre la figura del MINISTRO DE FUERO EN SEDE CRIMINAL (manteniéndose sólo la figura de Ministro de Fuero en sede Civil).

 

Lo anterior significa que, desde hace más de 15 años, se ha venido incurriendo en la figura de un delito reiterado porque los Ministros de ambas Cortes, con pleno conocimiento de lo que están haciendo, han invocado una figura jurídica fenecida  o extinta (como es la de Ministro de Fuero en sede Criminal),  tomándose atribuciones que la ley no les confiere, con la gravedad que todas sus actuaciones, fallos y órdenes de detenciones dictadas son nulos e inexistentes.

 

Por tanto, todos aquellos funcionarios públicos del Poder Judicial que hayan actuado como Ministros de Fuero en sede Criminal no sólo deben declararse incompetentes para seguir conociendo de causas criminales, sino que además -saben perfectamente- cometen delito penado por la ley, además de realizar actuaciones que son inconstitucionales (atentatorias contra el Art. 7° de la Constitución Política de la República de Chile). Y si la ley o normativa vigente se presume conocida por todos los ciudadanos chilenos que no son abogados, no existiendo prueba o argumento en contrario, más aún se presume conocida dicha ley por quienes son abogados o por quienes ostentan la figura de Ministros de ambas Cortes, sobre todo en lo que atañe a las modificaciones o derogaciones referentes al Código Orgánico de Tribunales.

 

Con lo anteriormente expuesto, no existe ninguna excusa a favor de los Ministros de ambas Cortes para haber actuado, por espacio de más de 15 años, contrario a Derecho.

 

Finalmente, y dado que el inciso 3° del Art. 40° del Código de Justicia Militar no ha sido derogado, me llama profundamente la atención -dicho con el mayor respeto hacia vuestra persona e investidura- el que Ud., en vuestra calidad de Auditor General del Ejército e integrante de la Corte Suprema, no haya dado a conocer ante la Excelentísima Corte Suprema, el que por más de 15 años se ha venido procediendo por fuera de la ley; que quienes debieran predicar con el ejemplo, hayan estado actuando contrarios a Derecho.

 

Así las cosas, si el razonamiento esgrimido por los Ministros de Fuero en sede Criminal en casos de DDHH deja mucho que desear y lo consideramos como "lo accesorio", mientras que la inexistencia de la figura de este tipo de Ministros es "lo principal"; entonces como "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", al haber dejado de existir hace más de 15 años la figura de los Ministros de Fuero en sede Criminal, no queda más que razonar que usted debiera solicitar que todos los casos que hayan sido sustanciados y conocidos por estos "Ministros inexistentes" deben ser necesariamente derivados a los Tribunales Militares, porque -como todos sabemos- en orden de prelación el CJM tiene preeminencia por sobre los Tribunales Ordinarios de Justicia.

 

Finalmente, me interesaría solicitarle respetuosamente el que tenga a bien responder a mi inquietud antes de formular una  presentación formal al Excelentísimo Sr. Presidente de la Corte Suprema don Sergio Muñoz, donde expondré esta grave situación que pone en duda nuestro Estado de Derecho, y que de hacerse público -tal como ha sido mi investigación seria y neutral sobre los antecedentes académicos de S.E. la Presidenta de la República- terminarán por "descabezar" los cimientos de ambas Cortes.

 

Sin otro particular, le saluda atentamente quedando a la espera de vuestra respuesta. Atte.

Rodolfo J. Novakovic C.

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