Declaración de Historiadores y Profesores de Historia Gonzalo Rojas

Declaración de Historiadores y Profesores de Historia

Por Gonzalo Rojas

Crudeza, veracidad y contradicciones del documento sobre detención y tortura.

Con relación al reciente Informe sobre detención y tortura, los abajo firmantes,  todos historiadores o profesores de alguna disciplina histórica, declaramos:


1.A pesar de la enorme crudeza de los testimonios, de la gravedad de los actos ahí denunciados y de la necesidad de evitar toda acción de esa naturaleza en el presente y futuro de Chile, queremos insistir en que por ahora no hay manera de comprobar la veracidad de los testimonios entregados a la Comisión, aunque puede razonablemente presumirse que muchos de ellos son veraces en cuanto al hecho grueso y a sus detalles. Como historiadores valoramos el informe como fuente, pero debemos ser muy cautos en el uso de cada uno de sus datos específicos.
2.Junto a esa consideración, nos parece, eso sí, imprescindible hacernos cargo del Capítulo III del Informe, llamado Contexto histórico. Por nuestro oficio, nos preguntamos si en esas páginas, estamos frente a una razonable visión del período. Hemos concluido que no, que ­junto a algunas verdades­ ahí se nos presenta una vez más un conjunto de falsedades, contradicciones y afirmaciones infundadas, acompañadas de graves omisiones.
3.Entre esas falsedades se afirma que en Chile no había grupos armados capaces de constituirse en un ejercito popular, ignorando por completo las declaraciones posteriores de Altamirano, Corvalán y Pascal Allende; se repite que fueron los grupos empresariales los que se dedicaron a implementar medidas desestabilizadoras desde comienzos de la UP, ocultando así la magnitud de la crisis producida deliberadamente por Allende y sus partidos; se califica de fase personalista sin precedentes en la Historia de Chile la concentración de Poder del Presidente desde diciembre de 1974, ignorando la Constitución de 1833 y los límites que la Junta de Gobierno impuso a Pinochet; se muestra a una sociedad chilena inducida a apoyar al régimen en calidad de rebaño, falseando el enorme apoyo popular hasta 1980; se enfatiza que la ley de amnistía estuvo destinada a conseguir la impunidad de las violaciones a los DDHH y se minimiza el hecho de que miles de subversivos y terroristas se beneficiaron de ella.
4.Entre las contradicciones destaca que la Comisión estime innecesario referirse al período previo al 11 de septiembre del 73, pero – y ya hemos visto varios ejemplos- curiosamente incursiona en el tema para deslegitimar el Pronunciamiento; por eso hace referencia a allanamientos previos, afirmando que se había comprobado la inexistencia de arsenales relevantes o significativos (ignora a Frei Montalva afirmando, en octubre del 73, que se siguen descubriendo arsenales); al referirse a los sectores más radicalizados pre Once, los coloca a ambos lados, en la derecha y en la izquierda, llamándolos “belicistas”, pero más adelante considera la declaración de estado de guerra como una ficción jurídica; se queja de que con frecuencia en los Tribunales militares se admitió la sola confesión para acreditar los delitos, pero lo que ahora ha hecho la Comisión es, paradojalmente, eso mismo: darle crédito completo al testimonio individual; destaca la escasa resistencia armada al Once, como si fuera otro error de las FFAA desplegar todo su poder para desincentivar mayor derramamiento de sangre.
 5. Entre las afirmaciones infundadas se sugiere que la Corte Suprema se sumó a una venganza; se usa la palabra estaliniana “purga” para calificar los cambios de personal en la administración pública y en el Poder judicial; se resume la política de detenciones como un estado policial, cuando correspondieron al 0,.3% de la población y no alcanzaron ni al 2% de los electores de la UP en las parlamentarias del 73; se enumeran tipos de recintos de detención, cubriendo una amplia gama, con lo que se induce al lector a pensar en un gran campo de concentración en Chile; se sugiere que la DINA colaboró al afianzamiento del poder personal de Pinochet neutralizando sus posibles rivales, sin dar prueba alguna; se afirma que la doctrina de la seguridad nacional proponía eximir del respeto a los derechos humanos, sin dar fundamento alguno.
 6. En el plano de las omisiones se cuenta la deformación histórica más grave de la Comisión, al ignorar por completo la doble dimensión del ataque que sufre Chile desde 1973 hasta 1979, ya que se omite toda referencia a la subversión y al terrorismo continuos, estructuralmente considerados, así como datos sobre los actos concretos de cada uno de quienes testifican ante la Comisión. Esto es lo más grave: la Comisión pretende hacernos creer que para el contexto histórico no importa nada lo que hacían los 34 mil declarantes justo antes de ser detenidos.
5.Millones de chilenos guardan en su memoria, en sus documentos personales y en su conciencia recta, una visión claramente diferente a la propuesta por la Comisión sobre la obra humanizadora del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aun en medio de sus defectos. A la conservación y difusión de esa verdad completa seguiremos dedicando nuestro estudio, nuestra investigación y publicaciones y nuestra docencia.

Santiago, 10 de diciembre de 2004.
 Christian Amengual Saavedra, Eduardo Andrade Rivas, Francisco J. Astudillo Tapia, Enrique Brahm García, Paola Corti Badía, Jaime Etchepare Jensen, Carlos Frontaura Rivera, Francisco Javier González Errázuriz, María Amelia Herrera, Cristián Larraguibel Sepúlveda, Gonzalo Letelier Widow, Bernardo Lizarazu Hiribarren, Daniel Mansuy Huerta, Jorge Martínez Busch, Arturo Matte Izquierdo, Alvaro Muñoz Ravera, Marco A. Orellana Verdejo, Alejandra Ossa Vega, Aníbal Pizarro Jofré, Francisco Riveaux Correa, Gonzalo Rojas Sánchez, Jorge A. Soto Vásquez, Sebastián Soto Velasco, Hamish I. Stewart Stokes, Guillermo Toledo López, Mario Valdés Urrutia.

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