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Doble castigo

 

El abogado de DD.HH Héctor Salazar, se plegó al llamado que realizó el sacerdote jesuita Fernando Montes, y declaró en entrevista con El Mercurio (14 de marzo, cuerpo C pág. 6) que los militares presos reciben un chocante "doble castigo". Las autoridades de gobierno se niegan a corregir esta gravísima situación porque no quieren pagar el costo político que conlleva la invariable presión que desata la extrema izquierda y el Partido Comunista.

 

Ciertamente, el gobierno no es el único en esa posición, lo que algunos oficiales en retiro reprochan a las Instituciones permanentes de la República por el abandono que sufren y el doble estándard existente en materia de beneficios penitenciarios, los que jamás alcanzan a los presos políticos militares.

 

Salazar destaca que "hay principios muy caros para nosotros, los abogados de DD.HH. Por ejemplo la igualdad ante la ley. Y cuando hay trato discriminatorio, desde el punto de vista de los derechos humanos, a mi me choca" 

 

"El punto está en que, cumpliéndose los requisitos para acceder a algún tipo de beneficio penitenciario, en Punta Peuco, eso no ocurre o ha ocurrido excepcionalmente en situaciones específicas. Y eso no ocurre porque, dentro del contexto nacional, los gobiernos de turno no quieren asumir el costo de tener que explicar por qué los organismos pertinentes les dieron acceso a beneficios penitenciarios... y, por lo tanto, se buscan subterfugios para no dárselos. Cada vez que ha salido alguno con algún beneficio carcelario se ha armado un revuelo por parte de las víctimas ... "

 

Héctor Salazar recuerda que hay jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de este problema "hay más de siete fallos en ese sentido. Y sin embargo, se mantiene la política de tener un criterio demasiado restrictivo en relación con el resto de los penales de Chile, respecto de ellos lo que en mi opinión importa un doble castigo".

 

En efecto, como señalaba Fernando Montes, los militares presos han sufrido un brutal abandono de parte de los políticos y las instituciones militares. El religioso comentó que algunos han recibido penas excesivamente rigurosas si se considera su participación objetiva en los hechos. En realidad se refiere a ese tipo de condenas que se "afianzan" en las conocidas "ficciones jurídicas" del ex juez Alejandro Solís.

 

Y que en cuanto a los beneficios en Punta Peuco "se discrimina al revés". Esta situación, los diputados Jorge Ulloa, Osvaldo Urrutia y Gustavo Hasbún, la hicieron ver a  Luis Almagro secretario general de la OEA, a través de un documento desarrollado por la Multigremial de las FF.AA y de Orden: son ignorados en materia de beneficios; no se les aplica la prescripción ni la cosa juzgada; para ellos las leyes resultan retroactivas y para hechos de hace 40 años años se les condena según la norma del Tribunal Penal Internacionbal que rige en Chile solo desde 2009, cuando es ratificado por el Congreso. 

 

Esta lista de abusos aumenta en casos tan significativos como el del Teniente Coronel Älvaro Corbalán Castilla, quien permanece en prisión desde 1990. Fue rigurosamente castigado por tener un celular en sus manos. Se le trasladó desde Punta Peuco a la Cárcel de Alta Seguridad CAS, con 60 días de aislamiento, en una celda de 2x2 mts2 con dos gendarmes a la vista y un foco halógeno, encendido las 24 horas, sobre su camastro. Sin recibir visitas y sin ver la luz del sol desde el 20 de noviembre de 2015, el arbitrario castigo fue prorrogado sin fecha de término. 

 

Recibe constantes amenazas de muerte y fue atacado por un anarquista la semana que pasó, en un hecho que denunció en carta manuscrita a radio Biobío. Su situación se deteriora a diario porque al riesgo de vida que corre por las múltiples enfermedades que le aquejan, está la agresión física y verbal de peligrosos delincuentes.

 

El caso de Álvaro Corbalán simboliza la condición de muchos de nuestros presos políticos militares, víctimas de la revancha y del abandono. ¡No los dejen solos! 

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