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EL COLAPSO DEL SISTEMA PROCESAL Actualidad

EL COLAPSO DEL SISTEMA PROCESAL

Blog de Raúl Rivera Pizarro

Un episodio de estas características tenía que llegar. Eran, y son, tantas las piedras que arrastra el sistema procesal penal, que un colapso de la magnitud de la Operación Huracán se estaba esperando.

 

Este hecho en particular  ---ya lo veremos-- es la punta del iceberg de un conocido y creciente juego de intereses entre las partes que intervienen en el sistema.

 

El enfrentamiento público entre la Fiscalía, en este caso la Regional de Cautín, y Carabineros, por una (supuesta)  presentación de prueba adulteradas, es el primer gran estallido de una Justicia cada vez más 'intervenida' por la política.

 

El mal concebido sistema procesal penal  ---durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle-- tuvo como principal objetivo el aceleramiento de los juicios y las sentencias.

 

El segundo de los objetivos fue, y es, el más subjetivo y controvertido de todos los componentes del sistema: toda acción se inicia con la presunción de inocencia del victimario.

 

Es tan asombrosamente garantista que, en fecha reciente, un vecino de Florida (Bío Bío) confesó haber asesinado de dos tiros a su ex pareja delante del hijo de 7 años de ambos, y sólo se le envió a prisión preventiva. "La confesión del victimario no es suficiente para condenarlo", sentenció el juez, tras la audiencia de formalización.

 

La protección a los autores, el sistema la refuerza  con un cuerpo nacional de defensores públicos. La Defensoría les  garantiza un abogado gratuito, en tanto la víctima (se supone) es patrocinada por un fiscal.

 

Éste es el responsable de indagar las causas y solicitar órdenes de investigación a las policías, sea Carabineros o la PDI.

 

La primera intervención del juez es fijar las medidas cautelares a los acusados, y ellas dependen de lo que él magistrado considere  como 'peligro para la sociedad'.

 

La cautelar más cuestionada del sistema es la prisión preventiva, fundamentalmente cuando las investigaciones se prolongan al no dar resultados. No son pocos  quienes han estado recluidos un largo tiempo y, luego, resultan inocentes.

 

Por último, el juez, que en este sistema no indaga --como en el antiguo--, dicta fallo de acuerdo a las pruebas a la vista.

 

Así presentado, y aunque controvertido,  el sistema parece  pulcro. Sin embargo, en un país polarizado políticamente, no demoró en ser contaminado por una ideología muy mayoritaria al interior del Poder Judicial, al punto que el presidente de la Corte Suprema es todo un emblema del  'progresismo', adjetivo astutamente urdido para definir a la izquierda.

 

Independiente de la masiva presencia de jueces de dicha sensibilidad en los tribunales de Chile, deben ser contados con los dedos los fiscales que tienen una ideología diferente.

 

Con un protagonismo que supera los límites de la discreción, una pléyade de fiscales se dedicaron a cazar políticos opositores durante este Gobierno. Dos de ellos, de clara parcialidad, renunciaron a sus cargos porque una jueza aceptó una salida alternativa que le faculta la ley para que el senador Iván Moreira (UDI) pagara en dinero su elusión tributaria y terminase con su desafuero parlamentario.

 

¿Cuántos políticos y funcionarios de este Gobierno socialista circulan libres de polvo y paja porque la Fiscalía rehusó iniciar indagaciones sobre ellos?

 

En el caso específico de la Operación Huracán intervienen sin disimulo intereses políticos. Nunca se habría llegado a este proceso, ni al de los Luchsinger/McKay y ni a muchos otros, si los Gobiernos de turno hubiesen aplacado la insurrección armada de comuneros comunistas que luchan para establecer un Estado Autónomo, que divida a Chile en dos.

 

Estos comuneros, un pequeño lunar en el millón 400 mil mapuches que habitan el territorio, recibieron instrucción guerrillera de las FARC y de la ETA, poseen  armamento de guerra, son abastecidos por la etnia residente en Argentina y cuentan con el respaldo del PC, de la ONU, de organizaciones de derechos humanos y de la izquierda internacional.

 

La actitud de este Gobierno de solidaridad  política con ellos, es la causa de la desbordada  violencia rural en La Araucanía y de la impunidad en casi todos los atentados terroristas cometidos por ellos.

 

El descalabro originado por la Operación Huracán fue la consecuencia lateral del fallo del excéntrico juez José Ignacio Rau, obviamente socialista, que desechó 127 pruebas recogidas por la policía en el caso Luchsinger/McKay. Ello indujo a Carabineros a redoblar sus misiones de inteligencia para que no ocurriera lo mismo con el juicio a seis comuneros acusados de quemar iglesias y camiones.

 

En sus intercepciones, la policía descubrió que desde la Fiscalía, una abogada asesora  advertía a los subversivos de las acciones previstas en su contra. La respuesta fue inmediata por parte de los persecutores: enviar a revisión 'externa' los móviles requisados a los subversivos para descubrir la introducción de   datos falsos hecha por Carabineros.

 

Lo vergonzoso de los fiscales regionales es que, ante dicho 'hallazgo' decidieron no perseverar  ---seguir adelante-- en la causa, es decir, parcialidad pura, arbitrariedad política y, peor aún, abandono de deberes.

 

Por un episodio en particular --censurable y digno de castigo de ser efectivo-- no puede dejarse botad la investigación para determinar quién o quiénes quemaron los templos y quiénes incendiaron 18 camiones forestales. Es demencial  actuar con esa convicción, porque, así, los autores del delito, sean éstos seis u otros, permanecerán libres y en la impunidad.

 

Cuando los (presuntos) terroristas fueron capturados merced a escuchas, su líder y jefe de la CAM, Héctor Llaitul, y los otros miembros de la banda, se enfrentaron desafiantes a las cámaras de TV para gritar consignas como "viva la autonomía del pueblo mapuche", "seguiremos en la lucha hasta el final", "libertad para los presos mapuches", "mueran los capitalistas forestales"…

 

Ninguno de ellos vociferó que eran "inocentes" como, ahora, lo afirman los fiscales, particularmente interesados en que el caso no siga adelante.

 

Todo lo anterior no exime ni exculpa a Carabineros de su (supuesta) responsabilidad en las denunciadas pruebas falsas. Por años su personal estuvo atado de manos, inhibido por la reticencia del Ministerio del Interior a profundizar en el término del conflicto para evitar roces con el PC gobernante y tensiones con organizaciones de derechos humanos.

 

Cuando, por iniciativa de Mahmud Aleuy, se les dio chipe libre para proceder, inauguran esta nueva etapa con este tremendo bochorno, agravado por la incomprensible e inexplicable conducta del General Director, Bruno Villalobos, de irse de vacaciones por un mes a Miami en pleno fuego institucional por un millonario desfalco y, ahora, avivado por esta escandalosa situación en Temuco.

 

El desenlace de la Operación Huracán permanece en suspenso a la espera de "la verdad judicial", como la definen y aguardan, expectante, el Gobierno y, nervioso, Carabineros.

 

El conflicto es un aviso de que el sistema procesal, tal como funciona, no da para más y requiere modificaciones urgentes y radicales para que recupere su razón de ser, la justicia, la única que existe, objetiva, neutral e imparcial. La que hoy conocemos, colapsó

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