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El complejo ideológico

 

Javiera Blanco, como vocera de Palacio, llamó a la oposición a no sacar "provecho político" en la conmemoración del sexto aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

 

Sin ser consultada al respecto, Blanco, consideró oportuno señalar que, aquí, debiese imperar "la solidaridad y el bien común, y quien quiera sacar provecho político no está pensando en el país, estará pensando en su campaña", apuntó la portavoz al aludir a la reunión de Piñera con la directiva del PRI. Dichos dirigentes, manifestaron al ex mandatario un reconocimiento por la labor de reconstrucción emprendida tras el desastre.

 

Alejandra Sepúlveda, presidente del PRI, criticó el desconcierto, la desorganización y la descoordinación " ... ni siquiera la intuición funcionó y mucho menos el sentido común"

 

Sepúlveda agregó que "vimos al país prácticamente en el suelo, desde Valparaiso a La Araucanía (...) fue el caos y desorden social (porque) el gobierno de Bachelet tuvo un complejo ideológico de NO pedirle a nuestras Fuerzas Armadas que salieran a apoyar"

 

Solo minutos después de las 3,34 horas de aquel sábado 27, turbas de vándalos saquearon locales comerciales. grandes tiendas y viviendas particulares. La anarquía se prolongó varios días y el gobierno demostró su inoperancia para reprimir la delincuencia que se tomó las calles de algunas ciudades, al no convocar a los militares.

 

Una vez que las olas del tsunami se retiraron, los malhechores vaciaron los tres supermercados de la ciudad de Constitución. Al anochecer regresaron, mientras la dotación de Carabineros del lugar - 50 efectivos-, no lograba detener a los vándalos. Lo mismo ocurrió en Concepción. Solo en la noche del día siguiente La Moneda decretó el Estado de Excepción y aplicó el toque de queda. Sin embargo, dicha medida fue insuficiente para contener a los delincuentes.

 

Otro de los aspectos más criticables, por su enorme costo humano, fue la muy tardía reacción de Bachelet para que la Onemi emitiese la alarma de maremoto, la cual en definitiva se produjo después de que en algunas localidades, el agua ya había arrasado el borde costero.

 

A seis años de esta tragedia, el Ministerio Público, aún no cierra el proceso y por lo visto, la labor de la Fiscal Solange Huerta (que dejó ya su cargo en dicha situación),  tiene para largo. En momento alguno Huerta pensó procesar o entablar un juicio de cuentas a la Presidente por su desidia e incompetencia. 

 

Como señaló la presidente del PRI, en el otro ángulo de este desastre, el gobierno socialista evidenció todos sus complejos políticos al no llamar a las FF.AA a tomar el control de las calles. Y eso no es sacar "provecho político"; es la simple comprobación de un hecho de la causa.

 

Aún hoy, se carece de cifras creíbles sobre el número de muertos. En primer término se cifró en más de 700 las víctimas fatales, cantidad que después de varias rectificaciones se estableció en 156 fallecidos y 25 desaparecidos.

 

El movimiento de magnitud 8,8 grados Richter, que el Servicio de Sismología ubicó en el lecho marino a 31 km de profundidad frente a Cobquecura y que el USGS de USA lo estableció algo más al norte frente a Curanipe,  acortó el día planetario en 1,26 microsegundos e inclinó el arco terrestre en 2,7 milímetros, fue el octavo más fuerte de la historia, donde el primer lugar lo ocupa el terremoto de Valdivia (1960). Se sintió en Buenos Aires, ciudad que a 1.300 kilómetros de distancia, producto del fenómeno se desplazó 4 cm al poniente. En tanto Concepción quedó 3 metros al oeste. Santiago se movió 27,7 cm de su emplazamiento original.

 

Afectó al 80% de nuestra población y destruyó, total o parcialmente, más de doscientas mil viviendas e innumerables obras públicas. En octubre de 2010, el gobierno estimó que el costo preliminar para el Estado alcanzaba a 30 mil millones de dólares. Para los privados, el monto resultó incuantificable. Pero más allá de los números, el alcance del terremoto de 2010, destruyó la credibilidad de instituciones como la ONEMI, servicio que reveló lo precario de sus recursos y equipamiento, así como la ausencia de una política nacional para encarar las emergencias y catástrofes naturales que azotan nuestro territorio, horfandad que tras un sexenio se mantiene casi invariable a la luz de las evidencias que aporta la experiencia que media entre 2010 y hoy. 

 

¿Provecho político? Escaso, tanto como las capacidades de nuestros gobernantes. 

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