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El gran engaño social

Por PIRI, VOXPRESS.CL

 

 

Prometer y no cumplir es engañar, y la mayor burla de este Gobierno a la población es su reconocimiento a que, antes de irse, no entregará a la comunidad ninguno de los 20 hospitales que incluyó en su programa de campaña para atenuar el deplorable sistema de salud pública.

La ministra Carmen Castillo –que junto a su antecesora Helia Molina inflaron de asesores su cartera con ingresos mínimos de $ 2 millones–, reveló que al final de esta administración habrá algunos recintos “en obra” y algunos consultorios “en terminación”.

Al inicio de su mandato y tras enumerar la avalancha de reformas “estructurales” para cambiarlo todo porque “todo es malo”, la Presidenta fue encarada respecto a la Salud. Se le consultó el motivo de partir con una reforma tributaria, seguir con una educacional y agregar una sindical y otra constitucional, siendo que todos esos sectores funcionaban, aunque con ciertas cojeras, pero funcionaban. Se le reprochó que, en cambio, no consignase un plan para hacerle frente a la solución más demandada por la gente: el calamitoso estado de la salud pública.

Fiel a su equipo de estatistas autores del “otro modelo”, respondió que este ámbito iba a atacarse a través de tres vías: el fin de las Isapres para dar paso a un sistema único de atenciones, aumentar las patologías del plan AUGE  —creado por ella en su primer mandato— y construir 20 hospitales en Santiago y Regiones y 330 centros de salud primaria (consultorios).

Hoy, ya en pleno ocaso de su Gobierno, aquellas promesas no son más que eso para los centenares de miles de habitantes que requieren de atención hospitalaria. De los 20 recintos anunciados hay 18 en construcción, con estados de avance que oscilan entre un 3% y un 78%, y dos que sólo se hallan en etapa de diseño.

El 80% de la población es requirente de atención pública y si es que llega a ser socorrida,  tiene que internarse en recintos con más carencias que facilidades: no hay camas ni salas suficientes, muchas cirugías no pueden realizarse por falta de especialistas, la arcaica tecnología obliga a costosas derivaciones y faltan hasta insumos básicos.

Tiempo atrás, el personal médico del hospital infantil Roberto del Río paralizó sus actividades: debía pedir a los padres de los niños allí internados que llevasen sus propios termómetros.

La precariedad de la salud pública llegó a límites increíble en este 2016, al registrarse en el primer semestre el retiro de un médico por día cansados de la inoperatividad del sistema. La deuda de los hospitales llegó a los $400 mil millones, ante lo cual el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, debió destinar $1.500.000 de su empobrecida caja fiscal, pero a las pocas semanas, otra vez se presentó el déficit.

Pese a esta catastrófica realidad, la ministra Castillo dio una orden insólita a los directores de hospitales: en un plazo de 12 días debieron realizar 15 mil atenciones en lista de espera acogidas al plan AUGE, lo que automáticamente engrosó el número de pacientes postergados sin garantía y que supera el millón de personas.

Era esta verdadera tragedia humana de un sector mayoritario de la sociedad la que debió tener prioridad en un Gobierno “inclusivo, igualitario y ciudadano” como éste, pero los inspiradores del programa privilegiaron los intereses ideológicos y  con las consecuencias ahora por todos conocidas.

La Presidenta debió sorber el trago amargo de su traición a la ciudadanía en cuanto a su indiferencia absoluta por la salud pública: el primer pedido de los participantes en los encuentros locales del proceso constituyente fue el derecho a una rápida atención en los hospitales.

Con motivo de la última Cumbre de la Alianza del >Pacífico, la Presidenta, ante sus pares titulares e invitados, se ufanó del éxito de su política en Salud: “adiestramos al personal para que tuviese un buen trato con los pacientes”. No obstante, éstos no aguardan sonrisas de parte de los funcionarios, sino atenciones rápidas para aplacar sus dolores y para cirugías que salven sus vidas.

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