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EL PERSONAL SUBALTERNO Despierta Chile

EL  PERSONAL  SUBALTERNO

Por, Luis Montero

 

Poco se ha escrito y opinado respecto de ellos, por lo que este documento pretende someramente ilustrar la situación del personal subalterno procesado y condenado por delitos vinculados a violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el Gobierno Militar.

            Se entiende por personal subalterno a quienes para esa época ostentaban el grado de capitán (Ejercito, Fach, Carabineros y Gendarmería), teniente 1º (Armada), Subcomisario (PDI); a soldado conscripto, grumete, carabinero, gendarme y asistente policial.

            Durante igual periodo se implementaron políticas de seguridad pública relativas al control de la población, y el aniquilamiento, o en su defecto neutralización de los grupos subversivos y terroristas que, sin duda asolaron al país desde el año 1965 en adelante.

            Resulta conveniente enfatizar que desde el punto de vista de la doctrina militar, la misión de combatir al enemigo solo termina con su aniquilamiento. No debe extrañar entonces que las tropas en la calle, o las unidades de inteligencia que se emplearon, tuvieran total y absolutamente internalizado ese concepto. Quizá ello explique la contundencia de la acción.

            Ahora bien, si tales políticas de seguridad fueron acertadas y fundadas en el irrestricto respeto por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, no fue tema el cual quien era personal subalterno tuviera acceso a su diseño, planificación, control y financiamiento. Ni siquiera a opinar.

            En otras palabras, fue el personal subalterno que, en cumplimiento de órdenes  militares superiores, llevaron a cabo tales políticas. De aquello, por cierto, son responsables; entendiendo claro está, que desde siempre las Fuerzas Armadas y de Orden han rendido culto al concepto del cumplimiento de órdenes, y sobre este concepto se basa la doctrina militar.

            Otro factor no menor a considerar, es el hecho que con la autorización del ejecutivo y legislativo, promociones completas de subtenientes del Ejército, entre 1988 y 1971, concurrieron a la Escuela de Las Américas del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica en Panamá, donde recibieron instrucción antisubversiva por parte de oficiales cubanos del Ejército norteamericano. Allí se inculco por estas personas de oficiales el peligro que se cernía sobre Sudamérica del comunismo castrista. Es un hecho público y conocido, mas no considerado.

            ¿Y solo militares y policías son responsables de la violencia de la época?

            No, también hubo conectados civiles que instaron a los mandos militares y policiales a proceder con dureza en contra del “enemigo”. Por ejemplo, el 5 de Diciembre de 2004, en “La Nacion” por un reportaje  llamado “Los Imperdonables”, firmado por la periodista doña Ana Maria Peña fue reproducido la siguiente cita de don Jaime Guzmán Errazuriz, líder indiscutido de un importante sector de la derecha chilena:

            “(…) El éxito de ustedes (la junta Militar) esta directamente ligado a su dureza y energía que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afrenta una dictadura y lo acepta. Transformas esta dictadura en “dicta-blanda” será un error de consecuencias imprevisibles (…)”.

            Ciertamente estos mandos fueron  acicatados por civiles, vaya a saberse si fue por motivos espurios o no.

            Previo a realizar un análisis más completo, es conveniente hacer algo de historia. El recién asumido Presidente de la República, don Patricio Alwin Azocar, el 11 de Marzo de 1990 en el Estadio Nacional, pronuncio un vibrante discurso donde invito a la sociedad chilena a un ¡NUNCA MAS! Este llamado se transformo en una meta por alcanzar de parte de ese gobierno y los que le sucedieron.

            Dicen los estudiosos que para alcanzar esta meta, existen dos caminos conocidos. Primero, judicializar el problema. Segundo, la solución política. Dos vías que entienden el conflicto de los derechos humanos de forma distinta. Y se eligió “judicializar” el conflicto.

            Sabe ello, Jon Elster, en su libro “Retribution” in the Transition to democracy” (2001), señalo que judicializando el problema, se mantienen vivos y latentes los motivos y conductas que lo originaron.

            En igual sentido, Otto Kirchheimer, en su libro “Politics and Justice” (1969) pagina 409, dijo:

            “(…) Hay una contradicción intrínseca entre los medios judiciales y los fines políticos. La acción política se dirige a cambiar o confirmar las relaciones de poder; el aparato judicial sirve para resolver conflictos limitados entre individuos y la comunidad, o entre individuos, de acuerdo a las reglas previamente conocidas (…)”.

            Este conflicto, ciertamente no es un contencioso entre individuos y la comunidad, o entre individuos de acuerdo a reglas ya conocidas. Se trata de un problema no resuelto de TODA la sociedad chilena en cuanto a un desbalance de las relaciones de poder en el pasado reciente.

            En tanto, el abogado don Fernando Atria, profesor de Derecho de las Universidades de Chile y Andres Bello, ph. D. University of Edimburgh, ex candidato presidencial y militante del partido socialista, escribió en el año 2003 el ensayo titulado “La Hora del Derecho: Los “Derechos Humanos”, entre la Política y el Derecho”. El autor trata muy bien la problemática de los derechos humanos y enfatiza acerca de la responsabilidad penal.

            En efecto, el profesor Atria crítica insistentemente la resolución política de “judicializar”  el conflicto de los derechos humanos, porque aparte de mantener las “heridas abiertas del pasado”, es deficitario tanto para el Derecho, como en las soluciones para las víctimas y en el trato de los victimarios. Agrega que al haberse entregado a los tribunales la búsqueda de solución jurídica al conflicto, no se ha hecho, precisamente, justicia.

            Tal concepto encuentra amparo en el hecho cierto que al “judicializar” este conflicto de carácter político, paso al ámbito de la justicia penal, en la cual por definición académica nacional e internacional, no es competente para conocer la responsabilidad de las instituciones y de las personas fallecidas.

            Aquel es el punto de partida del problema que afecta a los subalternos. No hay dudas que fueron las Fuerzas Armadas y de Orden – Instituciones jerárquica, vertical y militarmente organizadas a través de sus mandos nombrados por Decreto Supremo, con nombre y domicilio conocido, quienes diseñaron, planificaron, controlaron y financiaron el golpe o pronunciamiento militar.

            Judicializándose el conflicto, inmediatamente quedaron fuera por ser inimputable, en tanto instituciones, las Fuerzas Armadas y de Orden, y sus mandos responsables de la época, hoy todos fallecidos. La acción judicial penal, en consecuencia, se ha dirigido en contra de los entonces jóvenes – ahora.

            Y ello es así, pues como la acción política fue el juicio criminal que por doctrina se centra en determinar responsabilidades individuales de personas vivas, soslaya el principal problema que no es de autoría personal, sino a un diseño colectivo e institucional emanada de las más altas esferas políticas, militares y policiales de la época.

            Desde aquel punto de vista, parece injusto que la justicia busque responsables en los subalternos que aún permanecen vivos. Ha faltado hacer la imprescindible y justa diferenciación entre quienes dieron las ordenes directivas y quienes las cumplieron. Por lo mismo, se lesiono el principio militar mundialmente aceptado de la “Responsabilidad Final”.

            Así es como ya resulta “normal” ver entre los presos de Punta Peuco, que el Director o Jefe de Servicio o Comandante de Unidad tiene la misma pena que un cabo, sargento o teniente.

            Sobre el particular, el profesor Atria tiene un importante punto de vista. Propone el concepto “Intervalo de la Duda”, que es el tiempo que media entre la recepción de la orden por parte del subalterno y el momento de su ejecución. Sostiene que siendo más alto el grado jerárquico, mayor es el tiempo que tiene para reflexionar acerca de la legitimidad de la orden recibida. A sensu, mientras más bajo sea el rango, menor espacio para la reflexión hay.

            De igual modo, ante la imperiosa necesidad de la justicia penal de encontrar responsables vivos, no se ha hecho como es debida una adecuada diferenciación de los conceptos penales de “RESPONSABILIDAD”  y “PARTICIPACION”. En Punta Peuco podrán encontrar casos en que el general director de un servicio tiene una pena más baja que oficiales y suboficiales subordinados de él. Estaremos contestes que esto es un absurdo legal.

            Subyace además otro importante concepto jurídico no considerado y relacionado con la”LIBERTAD” del subalterno para negarse a cumplir una orden en tiempo de guerra. No se debe olvidar que por los Bandos 5 y 6 emanados de la Junta Militar, entre el 11 de Septiembre de 1973 y 11 de Septiembre de 1974, Chile vivió en estado de guerra interna. De ahí en más, en estado de excepción constitucional.

            Otras personas provenientes del mundo de la izquierda han tratado de situar adecuadamente el conflicto de los derechos humanos, respecto de los subalternos, en el lugar que corresponde, y que ahora en Chile este problema muto en los llamados delitos de “lesa humanidad”.

            Entre otros, el destacado abogado especialista en derechos humanos don Jose Zalaquett, cuyo curriculum todos conocemos, en reiteradas oportunidades ha dicho que no cometen delito de “lesa humanidad” quienes no participan en la planificación, diseño, control y financiamiento de los actos que dan origen a este crimen.

            Finalmente, en aras de la justicia sería conveniente que este tema sea puesto en el debate de las autoridades nacionales con necesidad de saber y capacidad de resolución. Este llamado no pretende que el personal subalterno sea considerado inocente de todo, por el contrario, la idea es que sean tratados, procesados y condenados de acuerdo a su justa participación en los hechos, y de acuerdo a la jerarquía ostentada al momento de la comisión de los delitos.       

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