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El Terrorismo Judicial

El Terrorismo Judicial

 

 

Nuestros tribunales de justicia, con sus actuaciones judiciales inconstitucionales, arbitrarias e ilegales —como lo denuncio en mi libro Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, editorial El Roble, Santiago de Chile, tercera edición, marzo de 2015, 761 páginas— han establecido un verdadero “Régimen del Terror”, cuyas víctimas en acto o en potencia son todas las personas que durante el año 1973 pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Orden; terror que se extiende a sus familiares.

 

Están aterrados quienes nunca han sido sometidos a proceso, porque saben que en cualquier momento pueden aparecer en su residencia dos funcionarios de la Policía de Investigaciones y llevarlos detenidos—incluso trasladados a otra ciudad en un carro celular, de noche y solo con lo puesto— por orden de un juez que quiere interrogarlos porque uno o dos supuestos “testigos” dijeron que él había “estado ahí” (por el solo hecho de haber pertenecido a la dotación de una repartición militar en la que supuestamente ocurrieron ciertos hechos de carácter delictivo).

 

Están aterrados porque saben que en tal caso lo más probable es que sean sometidos a proceso y dejados en prisión preventiva “por constituir un peligro para la sociedad”. Y saben que posteriormente serán víctimas de un simulacro de juicio en el que serán atropelladas leyes y garantías constitucionales,en el que se vulnerarán principios jurídicos ancestrales del derecho penal, en el que se pasará a llevar toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido.

 

Están aterrados porque saben que los jueces delincuentes —que cometen impunemente el delito de prevaricación— no les aplicarán la Ley de Amnistía ni las normas sobre prescripción de la acción penal; las que sí les han aplicado y le aplican a los guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de militares, carabineros y otras víctimas inocentes; lo que constituye un gravísimo atentado contra la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. 

 

Y están aterrados porque saben que lo más probable es que sean condenados, aunque no existan pruebas suficientes para ello o sobre la base de ficciones jurídicas, sin que se acrediten ni los supuestos delitos que les son imputados ni la participación culpable que en ellos les habría cabido. Y están aterrados porque, considerando su edad, tal condena será a una pena de muerte en la cárcel. 

 

Y están aterrados porque saben que cuando se hallen privados de libertad no les serán otorgados los beneficios penitenciarios que legalmente les corresponden, ni indultos u otros beneficios alternativos, aunque estén moribundos o sufriendo graves enfermedades terminales y enormes dolores.

 

 

Están aterrados también quienes actualmente están cumpliendo condenas o que ya las han cumplido, porque saben que en cualquier momento pueden ser citados ante unjuez por otro hecho ocurrido hace más de cuarenta años.

También están aterrados quienes al término de un largo y agotador proceso 

-además de costoso económicamente y por el cual comprometieron todo su patrimonio en su defensa, perdieron su industria o fueron despedidos de sus trabajos— recayó en ellos una sentencia absolutoria o un sobreseimiento definitivo, o les fue aplicada la ley de amnistía, porque en cualquier momento ese proceso puede ser reabierto no obstante existir autoridad de cosa juzgada; la que tampoco es respetada por nuestros tribunales.

 

 

Y, aunque todavía no están aterrados, podrían llegar a estarlo los “cómplices de la dictadura”…

 

 

En fin, por la actuación de nuestros tribunales —que juzgan según lo que les dicta su ideología y no lo que establece la ley—, están aterrados también los militares y carabineros en servicio activo, quienes temen efectuar un procedimiento o cumplir una orden que tenga el más leve aroma a “atentado contra los derechos humanos”; aunque solo se trate de la simple detención de una persona o la de interrogar a un detenido.Por esta razón los carabineros no se atreven a actuar y a aplicar la fuerza legítima del Estado contra la delincuencia y el terrorismo, que es precisamente su función, dejando a la población en la más completa indefensión. Como los delincuentes saben que los carabineros no harán uso de la fuerza, éstos no logran efecto disuasivo alguno y, con ello, se alienta la ejecución de más actos criminales.

 

 

No creo estar exagerando si digo que difícilmente un soldado o un mando subordinado va a cumplir una orden de disparar contra un terrorista que está colocando un artefacto explosivo, o de atacar a un reducto de guerrilleros —aunque desde allí les estén disparando, como en el caso Neltume—, sin una orden escrita en un documento firmado ante notario por el superior que da la orden y en el que se deje expresa constancia de que él será el único responsable de las consecuencias que acarree el cumplimiento de tal orden y deslindando toda responsabilidad del subordinado.

 

Esta situación está minando gravemente la disciplina en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, un elemento esencial de ellas.

La penosa y lamentable actuación de nuestros tribunales se puede ejemplificar con cientos de casos concretos, que han ocurrido y que siguen ocurriendo actualmente todos los días. Para conocerlos basta entrar al portal del Poder Judicial. Lo que ocurre es que esto no se sabe, porque “no es noticia”. Y tampoco se sabe lo que yo vengo denunciando hace ya varios años, porque poderosas fuerzas del establishment tratan de evitar que se conozcan, en razón de su inconveniencia para el establishment.

 

La verdad es que hay muchísimas sentencias aberrantes; algunas son un prodigio de iniquidad que pesarán para siempre en las conciencias de los jueces que las dictaron y que tienen el aspecto de una monstruosidad. 

 

Por ejemplo, aquellas en las que se afirma que una persona está actualmente secuestrada desde el año 1973 —incluso por “secuestradores” que están en la cárcel cumpliendo penas privativas de libertad—; o que condenan a un militar que ni siquiera estaba en el lugar en que ocurrieron los hechos; o a otro por “responsabilidad del mando”, solo por haber sido la autoridad superior de los imputados y que no tuvo participación alguna en el delito —ni en calidad de autor ni de cómplice ni de encubridor—; u otras tales como el caso de un subteniente del Ejército que, en un asombroso proceso en el que no hay autores materiales de los hechos, fue condenado a doce años de presidio en calidad de cómplice del homicidio de tres trabajadores de la industria Sumar, por el solo hecho de haber cumplido la orden de vocear con un megáfono los nombres de las personas detenidas que estaban reunidas en un grupo y que debían salir al frente; o el de un carabinero que en defensa propia dio muerte a un terrorista que le había disparado y que portaba un bolso con doce cartuchos de dinamita, motivo por el cual fue condenado a cinco años y un día de presidio luego de haberse reabierto, treinta años después, la causa correspondiente al caso en la que había sido sobreseído definitivamente por lo que existía cosa juzgada; o el caso de un joven oficial de la Armada que recientemente, después de haber transcurrido cuarenta años de los sucesos, fue condenado a cinco años y un día de presidio como autor del delito de “secuestro calificado”, por el solo hecho acreditado en el proceso de haber trasladado a un detenido desde el lugar en que éste trabajaba hasta el Ministerio de Defensa; o el caso de un juez que ordenó encarcelar a la mujer de un cabo de Carabineros a fin de presionarla para que declarara que su marido tenía responsabilidad en la desaparición de personas, sin que en el proceso hubiese atisbo alguno de responsabilidad de esa señora, la que tenía un hijo con síndrome de Down que no hablaba y que dependía enteramente de ella, incluso para recibir alimentos.

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