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El Tribunal Supremo de Rumanía reabre el expediente de la revolución rumana Material Historico

El Tribunal Supremo de Rumanía reabre el expediente de la revolución rumana

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Más de un cuarto de siglo después de la caída del sátrapa rumano Nicolae Ceausescu, el Tribunal Supremo de ese país ha dado luz verde a la Fiscalía general del Estado para que reabra el llamado expediente de la "revolución rumana" e intente identificar a los responsables de la muerte del millar de opositores que propiciaron con su revuelta el fin de su régimen.

 

Ceaucescu cayó en medio de una gran ola de manifestaciones callejeras el 22 de diciembre de 1989. Tres días después, el 25 de diciembre, el dictador y su mujer Elena fueron sentenciados a muerte y ajusticiados, tras un proceso de urgencia y carácter secreto.

Mientras eso sucedía, grupos de desconocidos dispararon contra la multitud que se manifestaba de forma espontánea en las calles de Bucarest -y de otras ciudades del país reclamando libertad. Hubo 1.166 muertos y más de 7.000 heridos.

"Nunca se identificaron a los francotiradores" que generaron el caos previo al desmoronamiento del régimen, declaró el fiscal general, Bodgan Licu, que ve en esa mantanza "indicios sólidos de que fue un genocidio".

Licu solicitó al Tribunal Supremo reabrir el expediente de la revolución para proceder a una nueva investigación, después de que el Tribunal Militar reabriera el caso a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo cerrara después sin haber llegado a ninguna conclusión.

Para Licu, la decisión de clasificar el expediente era ilegal porque impide una investigación completa de los hechos.

A diferencia de otros países de la esfera comunista, el cambio de régimen en Rumanía se produjo de forma violenta y sin el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en los últimos días de Ceausecu, dejando abiertas las puertas a la impunidad.

Licu confía en que esa situación y sombra de complicidad del Estado que evocan organizaciones de las víctimas planea desde entonces concluya con la reapertura de la investigación y libre acceso a los documentos relevantes, protocolos de las declaraciones efectuadas ante las distintas comisiones parlamentarias y archivos de los servicios secretos SRI.

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