En apoyo al Ejército y su Comandante en Jefe Decíamos Ayer

En apoyo al Ejército y su Comandante en Jefe

Por el Subdirector de DCH, Raúl Hermosilla Hanne. 03 de febrero del 2005

"...Si yo hubiera sido el encargado de resolver el tema dentro de la institución castrense, habría advertido a la judicatura que el general Contreras ni nadie en similar situación concurriría a los edificios forenses mientras sus autoridades no estuvieran en posición y en disposición de garantizar la seguridad y la decencia en el cumplimiento de los trámites decretados, los que entretanto podrían cumplirse en recintos militares..."

El párrafo anterior se contiene en "La Semana al Día" del 7 de agosto del año pasado, comentando los vejámenes al general Contreras, si no instigados por el propio juez Solís, a lo menos permitidos por él, al hacer ir al tribunal al general a firmar una planilla, previa comunicación de la diligencia a las agrupaciones de familiares de terroristas abatidos hace 30 años, que lo acusan de tenerlos secuestrados todo este tiempo, incluidos los años  de encarcelamiento en Punta Peuco que cumplió el general Contreras luego de ser condenado por la presunción (no se produjo prueba de su participación) de haber ordenado el asesinato de Orlando Letelier en Washington, planificado y ejecutado por la CIA a través de su agente Michael Townley, confeso de haber confeccionado y detonado la bomba que lo mató, no obstante lo cual quedó en libertad y amparado por el sistema norteamericano de protección de testigos, previa negociación con el sistema judicial estadounidense para que inculpara del crimen al gobierno chileno.

Es una lástima que el señor Comandante en Jefe y sus altos mandos no hayan nunca estimado conveniente acoger las más leales y atinadas recomendaciones que este columnista les ha brindado en múltiples ocasiones. Talvez de haberlo hecho en este caso, habría podido evitarse la repetición días atrás del vejamen al general Contreras, con mucho mayor parafernalia y gravedad aún que la vez pasada. Y hasta es posible que la Sala Penal de la Corte Suprema, cobrando más respeto al Ejército de Chile, no se hubiera atrevido a confirmar la aberración jurídica y moral del juez Solís.

No puedo aprobar que el general Contreras se haya referido públicamente al comandante en jefe y a los altos mandos institucionales como traidores, pero ya que ningún militar ni compañero de armas, que yo sepa lo ha hecho, quiero honrar la sangre militar de mi abuelo (que sirvió durante la guerra del Pacífico y luego en la pacificación de la Araucanía) y decir públicamente que aún no aprobando su actitud, la comprendo, como sin duda lo hará cualquiera que sepa darse cuenta de lo que es haber cumplido cabalmente su condena, sin ninguno de los beneficios carcelarios que la ley franquea a todos los chilenos, y que al salir en libertad se le inicien otros procesos, ya en abierta contravención de la constitución y de las leyes, y no solamente se le vuelva a condenar por sospechas, sino que previo a su nuevo encarcelamiento se le organice en los tribunales un acto público de

escarnio, esta vez además de los escupitajos, con lanzamiento de tomates y huevos, lo que el general Contreras preveía perfectamente que sucedería, como también debió preverlo el general Cheyre y sus altos mandos, puesto que si yo que soy un civil lo anticipé en agosto del año pasado, me resulta incomprensible e inexcusable que no lo hayan hecho ellos.

Pero bien, no creo que nadie pueda en estos días pensar objetivamente que tanto el ejército como su comandante en jefe no atraviesan un gravísimo momento, en el que está en juego la disciplina y el destino de la institución y de sus altos mandos. De no reestudiar la situación y rectificar rápidamente el rumbo, arrastrarán no sólo al ejército sino también a todas las fuerzas armadas y al país mismo a una crisis de impredecibles consecuencias.

El patriótico deseo de evitarla me impulsa a poner a su disposición a través de estas líneas el análisis que mi leal saber y entender me señala, como sigue:

En primer lugar, diré que talvez estamos frente a un golpe de estado que se ha dado inadvertidamente para la mayoría ciudadana, habiendo cesado el estado de derecho. Lo novedoso del caso es que hasta ahora los golpes de estado fueron siempre dados por los poderes ejecutivo o legislativo, o bien por las instituciones armadas, pero jamás por el poder judicial.

En el estado de derecho corresponde a los jueces resolver las contiendas con sujeción a las leyes de la república, las que sólo puede modificar la legislatura, dentro de los procedimientos señalados por la carta fundamental, la que a su vez concede a todos los ciudadanos igualdad ante la ley y derecho a justo proceso.

Ahora bien, al condenar recientemente la Corte Suprema a diferentes años de cárcel al general Contreras y a varios otros militares en situación de retiro, a quienes acusa de tener secuestrado hasta la actualidad al extremista Miguel Angel Sandoval, que habría sido detenido hace 30 años, por personal de la DINA, habría quebrantado el estado de derecho.

En efecto, el ilícito que hubiere podido cometerse con ese terrorista, además de amnistiado está prescrito, en conformidad a la normativa legal vigente en la república. En todo caso, el general Contreras informó al juez Solís las circunstancias en que cayó Sandoval abatido en enfrentamiento armado y su sepultación en el cementerio correspondiente, pero el magistrado faltó gravemente a su obligación procesal al no incorporar al expediente esos antecedentes, sin perjuicio de las diligencias que hubiere procedido decretar para su comprobación, y su análisis en el fallo.

La Corte Suprema ha acogido el infundio de que de acuerdo a ciertos tratados internacionales, se trataría de delitos en contra de la humanidad y serían inadministiables e imprescriptibles. Pero resulta que de acuerdo con nuestra constitución, los tratados internacionales sólo tendrán aplicación en Chile y fuerza de ley, una vez que fueren ratificados por el congreso nacional, y no tendrán en caso alguno efecto retroactivo, no siendo aventurado pensar que precisamente por eso, no han sido ratificados por el parlamento y más aún, el gobierno no ha requerido su ratificación legislativa. En consecuencia, dichos tratados no pueden ser aplicados en nuestro país, y al hacerlo, los jueces están quebrantando la carta fundamental y la Corte Suprema estaría configurando un golpe de estado al confirmarlos.

Pero hay más, los propios tratados señalan que regirán sólo después de su ratificación por los estados, sin efecto retroactivo, con lo que resulta que no sólo se está condenando militares por ficciones ridículas como el secuestro permanente, sino también por leyes imaginarias. Y sólo a militares, porque a los socialistas se les aplica  religiosamente tanto la amnistía como la prescripción, no considerándose delitos contra la humanidad sus atentados terroristas.

El señor comandante en jefe y sus altos mandos no pueden excusarse, como lo han pretendido, manifestando que en el estado de derecho corresponde sólo a los tribunales de justicia su administración, porque ello es así precisamente dentro del estado derecho, y no en un caso como el actual en que éste ha sido quebrantado por los propios tribunales. Es un asunto de doctrina, que urge resolver.

Basta que los señores generales lean los tratados, la constitución y los códigos para comprenderlo, pero mencionaré que mi papá me enseñó que cuando una norma o interpretación me pareciera dudosa, la extrapolara al absurdo y así podría aclarar mis conceptos. Con ello en vista, les planteo una pregunta: si mañana el juez Solís u otro resolviera y fuera confirmado por la sala de José Luis Pérez Zañartu, no que se le tiren huevos a los  militares, sino que se le corten los huevos, ¿dejaría el ejército que sus hombres fueran castrados, a pretexto de que no le corresponde sino cumplir las resoluciones de los jueces? Si yo fuera militar, no, porque tengo sentido del honor y mis huevos en su lugar. También los tuvo el coronel Germán Barriga, al preferir buscar su muerte antes que aceptar una vida sin honor dentro de la patria que amó y sirvió lealmente, así como a la institución en la que lo hizo.

Honremos, pues, su memoria y no dejemos que su sacrificio haya sido en vano.

La mejor forma de hacerlo podría ser, en el ejercicio del derecho de rebelión, no someter más a nuestros militares a procedimientos abusivos, ni dar tampoco cumplimiento a resoluciones judiciales inconstitucionales, entretanto  las autoridades del estado dan adecuada solución al asunto.

 

Compartir