Estrategia y contradicción Despierta Chile

Estrategia y contradicción

Pablo Rodríguez Grez VivaChile.org

La sentencia pronunciada por el Tribunal de La Haya ha sorprendido por lo aberrante de la decisión adoptada. Someter a juicio la obligación de “negociar” la salida soberana al mar de un Estado mediterráneo, alterando con ello lo dispuesto en un tratado internacional, constituye un atentado contra la racionalidad del Derecho de Gentes.

Me parece oportuno reparar en dos cuestiones omitidas por los múltiples comentarios provocados por este fallo. Ambas cosas pueden sintetizarse en preguntas concretas: ¿Cuál es la estrategia de Bolivia, si solo reclama que se ordene a Chile iniciar una negociación cuyo resultado no puede anticiparse ni imponerse a ninguna de las partes? ¿Para obligarnos a negociar –sin estar predeterminado el desenlace– puede esgrimirse como fundamento los contactos, proposiciones y fórmulas barajadas entre ambos países en el pasado?

Respecto de lo primero, hay que tener presente que si Bolivia llegara a obtener una declaración judicial que obligara a Chile a negociar, solo cabe pensar que el siguiente paso sería generar la máxima presión, no solo en la región, sino en naciones, foros y organismos internacionales, con el propósito de hacer irrespirable la atmósfera para nuestro país y forzarlo a ceder. En esta materia los vecinos altiplánicos se han mostrado ladinos y competentes, a tal extremo que lograron comprometer a numerosas personalidades (entre ellas el Sumo Pontífice), presentándose como víctimas de la intransigencia chilena.

Nadie puede ignorar que el mundo está cada día más integrado y que el proceso de globalización justifica muchas de las determinaciones internas. Particular importancia reviste este factor si se atiende al hecho de que una economía abierta es en alto grado más sensible que cualquier otra, y que lo político, si no condiciona, al menos influye poderosamente en el curso de los acontecimientos.

Bolivia es un país mediterráneo, como muchos otros. Cuenta con toda suerte de facilidades para operar en puertos y territorio nacional en virtud de un tratado libremente celebrado que se ha cumplido con estricto apego a su letra y a su espíritu. Es, por lo tanto, absolutamente falso que su desarrollo se vea afectado por la ausencia de una salida soberana al océano Pacífico. Lo que sí queda de manifiesto es el hecho de que su aspiración marítima, exaltada hasta la saciedad, ha sido y seguirá siendo un recurso político del cual se abusa escandalosamente, en particular por su actual administración. En consecuencia, hemos quedado expuestos a una nueva ofensiva, cuyo objetivo final será escarnecer a Chile y doblegar su voluntad, estigmatizando la conducta y acción diplomática del país.

En relación con lo segundo, resulta simplemente paradójico que la obligación de negociar pueda imponérsenos en razón, precisamente, de negociaciones anteriores fallidas, que se invocan en la memoria de Bolivia como antecedente justificativo de su pretensión. La causa basal de la demanda boliviana radica en los frustrados esfuerzos por buscar una solución a los anhelos marítimos del Altiplano, todo lo cual demuestra que nuestro país no ha sido renuente al diálogo, pero este no ha prosperado, entre otras causas, por la negativa de compensarnos territorialmente en el evento de ceder un corredor oceánico. O sea, Bolivia reclama la “donación” de una parte de nuestra soberanía y ello sobre la base de supuestas reivindicaciones históricas.

Lo obrado por el Tribunal de La Haya resulta inconsecuente. Nadie puede obligar a un Estado a “negociar” si ello contraviene su integridad territorial y los tratados internacionales que gobiernan esta cuestión desde hace más de cien años. Si Bolivia, como ha ocurrido hasta hoy, reconoce el Tratado de 1904, pasar por encima de sus estipulaciones implicaría la violación de garantías jurídicas esenciales y un flagrante atentado contra la paz en el continente. Lo decidido por los jueces de La Haya, al admitir que no puede predeterminarse el resultado de una futura negociación, ni imponerse a ninguno de los estados litigantes la cesión de su territorio soberano, transformó este juicio en una formalidad vacía de contenido, cuyo único alcance es servir de cabeza de proceso para una nueva campaña propagandística de carácter político y de proyecciones impredecibles.

Nos esperan días difíciles. Deberemos unir a la defensa jurídica todo el aparataje publicitario y de relaciones que moviliza a la opinión pública mundial. No basta con el derecho, hay que neutralizar la cruzada política montada por Bolivia que, hasta este momento, parece darle buenos resultados.

 

 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.

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