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LA DOCTRINA DOLMESTCH Actualidad

LA DOCTRINA DOLMESTCH

Por Justo Pastor Suárez, VOXPRESS.CL

Valiente. Es el primer adjetivo que se viene a la cabeza para intentar una definición del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra (72), parralino de nacimiento. Dijo, y reafirmó, que “los derechos humanos son iguales para todos”, aseveración que, como se suponía, le costó de inmediato el seño fruncido de la mayoría de sus colegas y la indignada reacción de las extremistas organizaciones que sustentan que aquéllos sólo existen para las víctimas del gobierno militar.

 

En rigor, en el marco de una institucionalidad que en esta materia es sesgada, subjetiva, arbitraria y odiosa, no deja de llamar la atención la postura de la máxima autoridad de la Justicia y que, de paso, censura la poca colaboración de las autoridades oficialistas para que los fiscales y magistrados accedan a una “justicia igual para todos”. Sin decirlo con nombres y apellidos, Dolsmetch fue audaz al aludir a las redes de protección gubernamental para que los suyos no pisen los tribunales en casos de corrupción.

 

Este corajudo presidente de la Suprema, que ya sólo por ello se diferencia de sus antecesores, tiene un particular sello humanista por su cualidad de ser, además, profesor normalista. Luego se titularía de abogado en la Universidad de Concepción para realizar gran parte de su carrera en el Poder Judicial en juzgados de la Octava Región.

Sus designaciones primero en la Corte de Apelaciones y, luego, en la Suprema fueron ya bien entrado el retorno de la democracia, advertencia indispensable para evitar malas interpretaciones.

En la Sala Penal de la Suprema ha debido resolver casos de militares y ha impuesto la llamada ‘doctrina Dolmestch’, que consiste en otorgar beneficios y rebajas de pena a los imputados que colaboren con la investigación. Ello ha sido calificado como “impunidad” por organizaciones de derechos humanos. El ministro responde que “la ley es igual para todos” y que, por lo mismo, los beneficios, como las libertades condicionales, también deben serlo.

 

La doctrina del presidente de la Suprema no encaja en la visión del gobierno socialista y de las agrupaciones afines al PC, en cuanto a que hay delitos que no merecen beneficios, pero otros sí; dentro de éstos se enmarca el caso de un delincuente que a los dos días de salir “beneficiado” desde la cárcel donde cumplió 9 años de condena por homicidio, robó un auto y asesinó a balazos a un funcionario de Carabineros.

Para dicho criminal se tuvieron en cuenta sus derechos humanos para que optase a una libertad condicional, pero para no todos es igual, aunque estén condenados en calidad de copartícipes o simplemente de testigos.

Recientemente, un juez ideologizado, Jaime Arancibia, aceptó sin más investigación el testimonio de un dirigente sindical que le confesó “haber escuchado el nombre del teniente Labbé” para ordenar el arresto y prisión del ex alcalde de Providencia. Al día siguiente, ante la Corte de Valparaíso, su defensa probó que a la fecha de la falsa acusación el denunciado no era teniente sino capitán y no se hallaba en el lugar.

 

La ‘doctrina´Dolsmetch’ viene a ser un remanso en medio de la agitación artificial de las aguas de la justicia chilena, hoy en manos de jueces ideológicamente comprometidos con la izquierda y que actúan y fallan sin ningún apego a la veracidad de los hechos que tienen a la vista.

“Un moribundo que pide autorización para morir en su casa y no en un penal se merece ese mínimo derecho” explica el presidente de la Suprema. Sin embargo, su caja de resonancia es muy reducida, porque, de partida, no la escuchan ni la comparten sus subalternos del Poder Judicial y, segundo, no la acepta la izquierda corporativa del Gobierno y la combate con estridencia las organizaciones pro DD.HH.

 

El solitario Dolmestch es honesto consigo mismo y con su profesión de juez, pero, a la vez, es una imperceptible voz en este espinudo camino que la propia Justicia ha sembrado de odiosidad y de arbitrariedades.

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