La Izquierda Angélica Despierta Chile

La Izquierda Angélica

 

El fallo de la Suprema que ordena al gobierno de Bachelet a llevar el caso de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, a la Comisión de DD.HH de la OEA, deja en evidencia el doble estándar que en esta materia aplica la Nueva Mayoría.

 

El Tribunal, al acoger un recurso de amparo en favor de ambos opositores venezolanos, uno encarcelado desde hace meses en forma arbitraria, injusta e ilegal por el régimen chavista,  y el otro (Ceballos en prisión domiciliaria) tiene varios efectos. 

 

En el juicio de López, tal cual lo revelara el Fiscal Franklin Nieves, el gobierno de Maduro falseó los hechos y no hubo debido proceso. Simplemente porque los cargos son inexistentes. Tanto Leopoldo López como Ceballos son perseguidos políticos.

 

La Corte Suprema, en atención a que el tribunal venezolano competente, denegó justicia en dichos casos, creyó procedente atribuirse tal jurisdicción y de paso, conminó a La Moneda a requerir una serie de medidas a la OEA, las que, desde luego resultarán inconducentes en un país donde no hay separación de poderes.

 

De paso, la Suprema, deja en cuestión la atribución constitucional exclusiva del Presidente de la República en materia de Relaciones Exteriores. De manera que -tal cual ha sucedido en otros fallos discutibles como el de las Isapres, unidades generadoras, derecho a huelga fuera de la negociación colectiva etc.-, la Corte,  judicializa y perturba la política.

 

Esto desde luego, tendrá una incómoda consecuencia a futuro. Pero, de momento deja en evidencia, el malestar de las organizaciones y de personeros de la izquierda, por esta decisión del Tribunal.

 

Precisamente, Favio Vio, criticó la captura de la diplomacia chilena, por parte de estos sectores donde el criterio de defensa de los DD.HH es, el de ignorar todo aquello relativo a las violaciones, por parte de regímenes como el de los Castro en Cuba o la satrapía norcoreana, sin olvidar lo que ocurre en la propia Venezuela.

 

En este sentido, las declaraciones de Alejandro Navarro acusando al PDC de digitar este fallo, conducta que califica de "grotesca" y "obscena", en modo alguno resultan sorprendentes. 

 

La Tercera señala en su editorial que, la denominada "justicia universal" -que solo vale para países chicos y no para las grandes potencias que la ignoran-, devino en un uso contradictorio y parcial "cuidando siempre de no irritar a los más poderosos" (v.g. China). 

 

Ahora bien, la izquierda angélica, siempre tan dispuesta a perseguir tales vulneraciones de las garantías individuales. sufre una profunda amnesia al momento que algún régimen socialista incurre en tales prácticas en forma sistemática y opta por endosar a otros sus culpas y responsabilidades.

 

Así en una declaración el Partido Comunista, asegura sin pestañear, que ellos respetan los DDHH de "manera universal" y acusan a López de ser responsables en la muerte de 41 venezolanos "por lo cual la justicia venezolana tiene el derecho a emitir un fallo" Olvidan claro está, que la Guardia Nacional Bolivariana GNB, a las órdenes del régimen de Maduro y las bandas de sicarios, fueron los que asesinaron a jóvenes estudiantes y civiles desarmados.   

 

En lo que sí tienen sentido las palabras de Navarro es cuando señala que, luego de esta resolución judicial, cualquiera, ya sea un particular o alguna organización, podrá desde el extranjero, demandar al Estado de Chile en este orden de cosas. Y tal como está nuestra situación, no debiera extrañar que Evo Morales patrocine algo de esta envergadura ante nuestros tribunales, en favor de los separatistas pascuenses, sujetos que además, ya se lo solicitaron. O la intervención de alguna de las numerosas ONGs europeas que financian a los extremistas mapuches.

 

Ahora. Soledad Bertelsen, académica de Derecho Constitucional de la U. de Los Andes, en su columna "Mala sentencia para una buena causa" precisa que la Corte Suprema al fundamentar la jurisdicción universal, en tratados internacionales, derecho consuetudinario y jus cogens" se introduce en un camino complejo. Toda vez que "los tratados (...) reconocerían la jurisdicción universal en relación a las violaciones específicas de DD.HH  tales como genocidio, torturas y trasgresiones al derecho humanitario, sin que se pueda extender a otros casos"

 

"Pero reconocer que la vigencia de los derechos requiere de su aplicación por parte de los jueces es completamente diferente a que los tribunales nacionales juzguen violaciones de DD.HH cometidos por otros países"

 

Y así regresamos al caso de Baltasar Garzón quien desconociendo la jurisdicción de la justicia chilena, secuestró al general Augusto Pinochet. De manera que en este terreno, la Corte camina por un sendero espinoso.

 

Y este mismo Tribunal que tan celoso se muestra de una injusticia que se da más allá de nuestras fronteras, incurre en el mismo vicio que critica. Esto es que un Estado, como el de Venezuela, desconoce los derechos de López y Ceballos, pero en territorio nacional, permite que se deniegue justicia a personas como los militares en retiro por hechos largamente prescritos, donde no hubo debido proceso, no se aplica la cosa juzgada ni se conceden siquiera beneficios carcelarios. Más aún, sentencia sin respetar la irretroactividad de la ley, asilándose en el Tratado de Roma (de 2009) para hechos muy anteriores. Como señala la profesora Bertelsen "las normas procesales existen precisamente para dar garantías al respeto de los mismos derechos" y en eso no hay discusión.

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