¿LA ONU MANDA EN CHILE? Actualidad

¿LA ONU MANDA EN CHILE?

Por voxpress  Blog de Raúl Pizarro Rivera   

Casi en fecha coincidente con la monumental metida de pata de la Presidenta de quitar la connotación de terrorista a un grupo de extremistas comuneros mapuches, se conoció la solicitud de veedores del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos al Estado chileno de que se abstenga de aplicar esa ley a la etnia araucana.

 

El hecho de ser país miembro de la ONU, aportando anualmente para su funcionamiento con el escaso dinero fiscal disponible, no le concede el derecho de entrometerse en los asuntos internos de un país  --en ese caso, el nuestro— y, menos aún, de torcer lo que establece la ley local.

 

Días atrás, con motivo de su Asamblea General, llegó hasta la ONU en Manhattan el Presidente norteamericano, cuyo país es el principal sostenedor financiero del organismo. En su discurso calificó de “burócratas y holgazanes” a sus funcionarios, reflejando tal cual es la realidad.

 

La ONU vive en alerta ante cualquier amenaza a la paz, pero la paz está rota en diferentes partes del globo. Es incapaz de acciones realmente concretas y se dedica, mediante sus funcionarios muy bien remunerados y todos de izquierda, a dar ‘recetas’.

 

Una de éstas se la acaba de dar a Chile a raíz de los comuneros extremistas encarcelados.

 

 

Con motivo de la revueltas callejeras de los escolares en el Gobierno de Piñera,

Los manifestantes estaban siempre  flanqueadas por observadores de la ONU, filmadoras en mano, para registrar, y luego denunciar, el “abusivo accionar de Carabineros”. Jamás grabaron las tradicionales acciones vandálicas de los encapuchados.

 

La ONU se declara defensora de los pueblos originarios, protegiendo sus derechos ancestrales y cuidando su existencia. Dentro de esta misión están los mapuches.

 

Parece razonable y comprensible cualquier esfuerzo por cautelar  etnias aborígenes en todo el mundo, primero, porque son parte de la historia de la humanidad, y segundo, porque alguna vez fueron propietarias naturales de grandes extensiones.

 

Ese rol protector, se supone, es universal y generalizado y no puede reducirse a una tendenciosa micro acción ideológica, como lo obrado por fiscalizadores del Alto Comisionado en este caso puntual de los delincuentes terroristas de La Araucanía.

 

Estos observadores demandaron  que “el Estado chileno no puede aplicar la Ley Anti Terrorista al pueblo mapuche”. Sólo su ideologización puede inducirlos a cometer ese error.

 

De partida, la acción judicial de un tribunal de Temuco no está dirigida en contra del ‘pueblo mapuche’ en general, sino sólo contra un  reducido grupo de comuneros combatientes ----tan de izquierda como los veedores--, con preparación militar, dotados de armamento ilícitamente ingresado al país, con financiamiento desde el extranjero y que actúan en las sombras incendiando maquinarias, iglesias, camiones y viviendas.

 

Son guerrilleros, grupos armados, que imponen el terror entre la gente, y ésa es la definición castellana de terrorismo.

 

La ONU ni ningún otro organismo extranjero tiene la facultad de entrometerse en las reglas que imperan en Chile, y menos en normas legales establecidas en su legislación democráticamente aprobada.

 

Lo grave en este episodio de los comuneros apresados por incendio de templos y vehículos es la ‘coincidencia’ entre lo obrado por la Presidenta de la República y la instrucción del Alto Comisionado.

 

La Presidenta, al tanto del mal parecer de los veedores desde Ginebra, dictaminó recalificar los delitos de estos subversivos, quitándoles la connotación terroristas. Sin embargo, el tribunal a cargo del caso mantuvo la calificación de tal y, de paso, atajó la burda intromisión de un Poder del Estado en otro.

 

Es ejemplar la lección de dignidad, profesionalismo  e independencia dada por un juez chileno y por el Ministerio Público que lo apoyó.  

 

La Presidenta, recientemente nombrada para un cargo de mediación de conflictos en ONU (?), quedó cargando la peor de las vergüenzas con su retroacción: el juez encaró duramente al abogado del Gobierno, al preguntarle: “¿qué pretende usted al decirme que ahora se trata de gente inocente, luego de pedir en su acusación que les diera entre 26 y 29 años de cárcel?”.

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