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La Revolución Comenzó en la Justicia Hermógenes Pérez de Arce

La Revolución Comenzó en la Justicia

Por Hermógenes Pérez de Arce

El actual proceso revolucionario no comenzó bajo este gobierno, si bien él ha lanzado al ataque a sus “Cuatro Jinetes del Apocalipsis” del modelo de

 vida chileno (tributario, educacional, laboral y constitucional): partió en la judicatura. Cuando los jueces dejaron de respetar las leyes, los chilenos deberíamos haber previsto lo que venía después, o sea, que tampoco se iba a respetar nada de lo demás que caracterizaba nuestra convivencia civilizada y democrática.

El otro día “El Mercurio” de Valparaíso entrevistó a un “ministro en visita extraordinaria para casos de derechos humanos”, que ha sido la fórmula que la Revolución  de Izquierda registrada en los Tribunales ha discurrido para ejercer la venganza política contra los militares que salvaron a Chile de la anterior Revolución Armada de Izquierda en 1973. La izquierda no quiere que haya “Ni Verdad Ni Reconciliación”, como con tanto acierto titulé mi libro del 2013. Eso se logra mediante la venganza política en tribunales, sin respetar siquiera las bases mínimas del derecho, no sólo chileno, sino ancestral.

Se entrevista al juez Jaime Arancibia Pinto, ministro de la Corte de Valparaíso, que en el último año dictó doce autos de procesamiento contra uniformados, entre ellos dos vicealmirantes, un capitán de navío y varios carabineros y civiles, por hechos de hace cuarenta años. ¿Por qué delitos? La panoplia que exhibe el ministro es amplia y la elección parece quedar a su arbitrio, y no al de lo que dicen la ley y los hechos, pues responde: “Pueden ser secuestro, homicidio, tortura, apremios ilegítimos, secuestro con grave daño, secuestro con resultado de muerte, asociación ilícita para delinquir…”

Él con seguridad sabe que el único delito tipificable es el que no menciona, el de detención ilegal. Y entonces “se le sale” decir que investiga “cómo fueron aprehendidas” (y no “secuestradas”) las personas, es decir los detenidos.

No pudo ser “secuestro” porque ése delito es propio de particulares, como lo dice el código expresamente, y los uniformados no actuaban como tales, sino como funcionarios del Estado, para quienes se configuraría, entonces, el delito de detención ilegal. Pero como hay una Revolución de Izquierda en el Poder Judicial, lo que diga la ley no importa, sino importa el triunfo de la Revolución, y para ese efecto la detención ilegal tiene dos inconvenientes: primero, su penalidad es más baja y, segundo, se registra en locales estatales y bastaría revisar cualquiera de ellos para saber que los detenidos hace cuarenta años ya no están ahí y, por consiguiente, la detención no puede ser calificada de “permanente” para burlar las eximentes de amnistía y prescripción.

Pero la Revolución Judicial necesitó ayuda del Ejecutivo y la recibió del presidido por Sebastián Piñera: como declara el ministro Arancibia: “el Ministerio del Interior (a través de) su programa de continuación de la ley 19.123” permitió reabrir causas antes sobreseídas.

Es decir, otra institución ancestral del derecho penal, la cosa juzgada, es también “retroexcavada” por la Revolución Judicial de Izquierda a instancias del Ministerio del Interior de Piñera.

Entonces, hace cuarenta años, en Petorca y La Ligua, por ejemplo, carabineros de un pequeño retén, que “temían atentados”, como dice el propio juez, recibieron ayuda de civiles y formaron una “patrulla mixta que participó en la aprehensión de esta persona quien después resultó muerta”.

Pero si murió, como dice el propio ministro ¿cómo puede estar hoy secuestrada? Él, por supuesto, lo explica: “Si la persona no está visible se presume que hay un secuestro”.

¿Usted creía que otra de las instituciones ancestrales del derecho era la presunción de inocencia? Eso era hasta antes de la Revolución de Izquierda en la justicia chilena: ahora lo que se presume ¡es el delito!  “Si la persona no está visible se presume que hay un secuestro”.

¡Pobres militares del ’73… y algunos civiles!

¿Y la prescripción? El ministro también tiene respuesta para eso: “porque son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Esa es una concepción que emana de la Segunda Guerra Mundial que se plasmó en los juicios que tienen lugar después del conflicto”.

¿Y en qué ley chilena están contemplados esos delitos de lesa humanidad? En la que incorporó al Tratado de Roma al derecho chileno en 2009, pero resulta que esa misma ley dice que sus normas no serán aplicables a hechos anteriores a su vigencia y, por lo demás, si usted lee en qué consiste el delito de lesa humanidad, se convencerá de que es mucho más aplicable a las conductas terroristas que tuvieron en Chile el MIR y el FPMR, por sus ataques a la población civil mediante atentados, que a las acciones de los agentes de seguridad para impedirles que las cometieran.

Luego el periodista le pregunta al ministro: “¿En Chile está derogada tácitamente la Ley de Amnistía?”. Y la respuesta es: “No, lo que ocurre con la Ley de Amnistía es que en este momento no se aplica, que es distinto. Pero también va a depender de cada ministro, de cada corte y de lo que diga la Corte Suprema en su momento”. Notable. La ley rige, pero no se aplica y, en todo caso, depende…

Si usted creía que su modo de vida estaba amenazado por “los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” del “modelo chileno” tan admirado en todas partes, yo le digo que, antes de eso, usted no se dio cuenta a tiempo de que la Revolución les había abierto la puerta, hace muchos años, en el Poder Judicial, mediante una mayoría que se rió y ríe de las leyes y que, cuando no le gustan, no las aplica. Ése fue el preámbulo necesario para la actual Revolución de Izquierda. Y los que deberían haber impedido que ella se consumara se hicieron cómplices de la misma y hasta cohonestaron la prevaricación de los jueces. Ahora éstos, con toda transparencia, como lo hace el prudente ministro en visita extraordinaria Jaime Arancibia Pinto, nos dicen que es demasiado tarde para el derecho.

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