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La verdad oculta

 

 

He querido compartir con todos ustedes la infamia que se ha estado tratando de incorporar como el proyecto de reforma constitucional que prohíbe el perdón entre hermanos, actualmente en trámite (ingresado al congreso por mensaje de la Presidente de la Republica de fecha 10 de Diciembre de 2014). Cabe señalar que la Corte Suprema reconoce el atropello de instituciones jurídicas.

 

Lamentablemente, el odio sembrado con fecundidad en Chile desde fines de los años 60 y comienzos de los 70, una de las principales causas del quiebre del orden institucional y de la posterior intervención militar, persiste hasta el día de hoy y muchas veces se manifiesta con una enorme virulencia. Una de esas manifestaciones es la encarnizada persecución política que se lleva a cabo en sede judicial contra los miliares que, en cumplimiento de su misión permanente de salvaguardar los más altos intereses de la patria, a fin de evitar una guerra civil y ejerciendo el legitimo derecho de rebelión a ruego de la gran mayoría ciudadana, se vieron obligados a combatir a los miles de guerrilleros, terroristas, extremistas y subversivos armados que pretendían, mediante la violencia revolucionaria, instaurar en Chile un régimen totalitario: “el socialismo integral, científico, marxista” que era la meta del presidente Allende y de su gobierno.

En este escrito denuncio la corrupción de los jueces que, en connivencia con los poderes Ejecutivo y Legislativo, cometen impunemente el delito de prevaricación en las causas denominadas “de violación de derechos humanos”. En él enuncio diversas normas legales, principios jurídicos y garantías constitucionales que, mediante argucias, trapacerías, interpretaciones legales engañosas, artificiosas y antojadizas, y otros ardides jurídicos, están siendo atropellados por nuestros tribunales de justicia.

 

Los jueces abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen arbitrariamente su voluntad por sobre el mandato explicito de la norma, aberraciones que constituyen una verdadera subversión jurídica. Hay militares encarcelados que son absolutamente inocentes de los delitos por los cuales han sido condenados y otros que, teniendo algún grado de responsabilidad, su culpabilidad está muy disminuida o es inexistente. Estos militares han sido víctimas de la venganza, del lema “ni perdón ni olvido” y del “derecho penal del enemigo” que busca condenar a los militares a toda costa. Con la excusa de hacer justicia y de sancionar a los presuntos responsables, los jueces atropellan groseramente el principio de supremacía constitucional e instituciones jurídicas fundamentales y vulneran derechos y garantías que nuestra Carta fundamental asegura a todas las personas; tales como los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, de culpabilidad y del debido proceso, que en derecho penal tienen primacía absoluta, atentado de esta manera gravemente contra el Estado de Derecho.

 

Cualesquiera que hubieren sido las circunstancias, incluso los militares culpables de graves delitos políticos, constituidos por hechos reprochables cometidos con motivaciones políticas en un contexto histórico de una enorme convulsión social; los que en una situación normal no habrían ocurrido, tienen derecho a que le sean aplicadas las mismas leyes que le fueron aplicadas a los guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de militares y personas inocentes y que cometieron otros gravísimos crímenes. La justicia debe ser ecuánime, cualquiera sea el asunto, para no negarse a si misma. No se trata solo de justicia para los militares y carabineros, sino que para todos, para cualquiera: eso es Estado de Derecho.

 

Para los militares procesados en causas sobre violación de derechos humanos el Estado de Derecho no existe. Los jueces les aplican torcidamente las leyes y fallan a sabiendas contra normas legales expresas y vigentes. Las sentencias judiciales que condenan a los militares son antijurídicas y han sido dictadas en fraude a la Ley. Los tribunales interpretan abusivamente tanto normas del derecho interno como del derecho internacional, eluden normas aplicables que los benefician y les aplican otras no procedentes; tales como una supuesta costumbre internacional, la “conciencia jurídica universal” o tratados internacionales no vigentes en Chile. Las sentencias judiciales que condenan a los veteranos del 73 son inconstitucionales, arbitrarias e ilegales; son meras vías de hecho a las que se trata de vestir con un ropaje de juridicidad, lo que afecta seriamente a la credibilidad de nuestros tribunales y al prestigio de la judicatura y del sistema legal.

 

Las innumerables sentencias dictadas en contravención a la Constitución y a las leyes son una clara manifestación de violencia estatal. Los militares que están privados de libertad en virtud de tales sentencias son “presos políticos”, pues no están condenados en virtud de procesos judiciales en los que se han aplicado rectamente las leyes, sino que en simulacros de juicios donde los jueces las atropellan consciente y deliberadamente por motivaciones políticas. Tales “presos políticos” son, en rigor, víctimas de secuestros cometidos por el Estado.

 

En el ejercicio de su función judicial los jueces no someten su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, contraviniendo el ordenamiento jurídico chileno que están obligados a aplicar y respetar, lo que produce una deslegitimación constante del Poder Judicial, una institución clave en el Estado de Derecho. Nunca se habían dado en Chile los atropellos a la verdad y a la ley como los que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual.

 

Los jueces no solo están atropellando la Constitución, las leyes y principios fundamentales del derecho penal, sino que están sumidos en una vorágine irracional de sanciones sin freno, sobre la base de argumentaciones tan febles que no las creería i siquiera un niño y tan burdas que son indignas de un verdadero hombre de Derecho. Los jueces, instalados en sus estrados, esconden tras sus rostros impasibles su conciencia de que no están llevando a efecto juicio verdadero alguno y que los acusados por supuestos delitos cometidos hace 40 años están irremediablemente condenados antes de comenzar el juicio, por el hecho de haber aplastado a la subversión armada marxista y a la guerrilla y al terrorismo asesinos, y de haber evitado a Chile caer bajo las garras del comunismo. La tarea judicial se ha transformado en una parodia grotesca y sin sentido, que solo busca la venganza y la destrucción de las Fuerzas Armadas, un aprovechamiento político y beneficios económicos para los querellantes y sus abogados.

 

Alejandro Moreno B.

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