LO QUE NO SACA APLAUSOS EN EDUCACIÓN Actualidad

LO QUE NO SACA APLAUSOS EN EDUCACIÓN

Envalentonada por una breve alza de puntos en el porcentaje de aprobación a ella y a su Gobierno, Michelle Bachelet se marchó de vacaciones. Se fue convencida de que la gratuidad en la enseñanza superior fue, es y será su plataforma de revertir el rechazo ciudadano.

 

Pero  –sorpresa y desazón para ella—regresó y se encontró que su desaprobación había crecido al 75%. Consecuencia de ello, en su primera reunión de Comité Político pidió unidad, disciplina  –en un claro mensaje al ausente Jorge Burgos— e insistir en poner énfasis en los beneficios que está trayendo para las familias más vulnerables los cambios hechos en Educación.

 

No obstante, ella y su séquito parecen no convencerse de que los cambios en la Educación tienen su lado B, su cara oscura, con damnificados y víctimas, apoderados y alumnos, que le pasan la cuenta en las encuestas, y con entusiasmo han contribuido a reírse de ella por las sátiras de los humoristas en el reciente  Festival de Viña del Mar.

 

Punto aparte, no es menor este fenómeno que se dio en un escenario tan popular como el viñamarino, porque jamás antes ni allí ni en ninguna otra parte, un Mandatario había sido un blanco tan generoso  de alusiones críticas. Y ello no es más que el reflejo fiel de la desaprobación general   —de ese 75%– que circula a borbollones en las redes sociales.

La promesa de que este 2016 iban a ser 600 mil los beneficiados con la gratuidad no se cumplió y el anhelo de muchas familias pobres se esfumó. Lo mismo ocurrió con los estudiantes de centros técnicos, a quienes, como gran premio, se les reajustaron las becas, un instrumento colaborativo despreciado por la izquierda ultra Este masiva desilusión es la que explica lo inexplicable para Bachelet: su descenso y ascenso en el rechazo ciudadano en sólo 60 días.

 

Sólo a título de recuerdo, debe tenerse presente que la Reforma Educacional partió al revés dada la presión y demanda de la juventud extremista en sus manifestaciones callejeras. Un sistema que, efectivamente, debía ser reformulado pedía a gritos que abordase con urgencia la enseñanza pública, pero se encaró como prioridad lo económico por sobre lo académico: el mal llamado lucro.

 

Se atacó duramente a la educación privada y por milagro no se terminó de aniquilar a la subvencionada, refugio de millares de niños y jóvenes, cuyos padres buscaron allí una enseñanza de mejor calidad. El último dato oficial consigna que sólo en lo que va de 2016, casi 100 establecimientos de copago cerraron sus puertas, dejando en el aire y sin matrículas a centenares de alumnos que debieron migrar a sitios muy distantes de sus residencias, con un mayor gssto por transporte y con la implícita pérdida de las amistades que suelen generarse en las aulas.

 

Este factor, tan íntimo como humano, no fue considerado por los genios de esta “reforma estructural” y los costos los están pagando los mismos que, con razón, le restan su apoyo al Gobierno y a la Presidenta.

 

La enseñanza con copago ha llegado a ser abastecedora principal de la PSU: el 50% de postulantes que la rinden provienen de ella, y, en forma inédita, alcanzan a rendimientos que oscilan entre los 500 y 550 puntos, lo que les garantiza un acceso a la educación superior. Este logro antes no visto se va a perder gracias a esta política pública estatista de asumir como delito las lógicas utilidades que genera cualquiera prestación de servicio.

 

El otro flanco de discordia originado en los cambios en la educación empezará a reflejar sus primeros efectos nocivos con el inicio del año escolar: la Ley de Inclusión. En ese dogmático afán de igualar lo humanamente inigualable, se aprobó esta populista norma que regula las medidas disciplinarias que los establecimientos pueden o no adoptar con sus alumnos.

 

La ministra Adriana Delpiano, que todo lo reduce a simplismos, resumió la nueva norma con esta frase: “por cosas superfluas no podemos aceptar que los niños pierdan clases”. La funcionaria tradujo así el artículo central de la ley que prohíbe como sanción disciplinaria expulsar a los alumnos durante el desarrollo de clases.

 

La legislación no especifica grados de indisciplinas, de tal modo que la progresiva violencia al interior de las salas deberá ser tolerada por los profesores. Un estudio del propio MINEDUC establece que el 65% de las denuncias por maltrato escolar es por agresión de estudiantes a sus maestros.

 

En aras de esta populista inclusión escolar tampoco se deja claro si las autoridades de un establecimiento pueden hacer respetar sus propias normas de convivencia interna. Hay planteles que por urbanidad y respeto imponen la uniformidad de vestimentas, de presentación personal y de comportamiento, las que de ser vulneradas  son motivo de suspensiones y, si resultan muy grave, hasta de cancelación de matrículas.

 

Se teme que tales reglas particulares sean obviadas por la nueva ley, lo que puede originar una anarquía.

 

Quienes asumen el rol de enseñar tienen la convicción, asumida por la propia pedagogía, de que inherente al conocimiento de materias es el desarrollo humano y social del estudiante. Esta Ley de Inclusión, permisiva y defensora a ultranza de los “derechos humanos” de los alumnos trastoca, a las claras, los valores y fomenta las “libertades” de pequeños demonios del presente que serán los delincuentes del mañana.

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