Los cuatro jinetes Despierta Chile

Los cuatro jinetes

En marzo o abril, Bachelet anunciaría el nombre del primer subsecretario (a) de DD.HH

 

En la lista corta figuran: Patricio Bustos Streeter, ex-MIR, quien ocupa el cargo de director del Servicio Médico Legal, desde el 30 de marzo de 2007. Fue nombrado por la actual mandataria durante su primer período. Bustos retuvo sus funciones en el período Piñera, lo cual se explica porque él (como dijo Hinzpeter) gobernaría con las banderas del adversario.

 

La segunda candidata es Carmen Hertz;  hoy es funcionaria de la Cancillería ocupada en el Programa de DD:HH de dicha repartición pública. Ella recibió el respaldo de los comunistas de la Corporación Villa Grimaldi y de Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas del Caso Quemados, proceso reabierto con bombos y platillos por el juez Mario Carroza, quien debió dejar en libertad a la decena de ex uniformados detenidos por el falso testimonio de un ex - conscripto.

 

También está María Luisa Sepúlveda, una Asistente Social que participó en la llamada Comisión Valech como vice presidenta ejecutiva. Cierra la nómina de aspirantes, la muy criticada Lorena Fries quien, desde 2010, es directora del Instituto Nacional de DD.HH de la izquierda. En diciembre, para beneplácito general anunció que se alejaba del INDH al expirar su nombramiento después de enterar dos períodos consecutivos de tres años. 

 

La Nueva Mayoría, reconoce a Fries como impulsora de la ratificación del Tratado o Estatuto de Roma (julio 6 de 2009) trámite que se prolongó por diez años en el Congreso. Instrumento constituido en"verdad revelada" que los jueces aplican ilegalmente en forma retroactiva para condenar a los ex uniformados, por hechos ocurridos hace más de 40 años, desconociendo el principio fundamental del derecho de irretroactividad de la ley.

 

Según fuentes de Gobierno, la Subsecretaría de DD.HH integrará un Comité (otro) Interministerial en la materia. Y que como tal, una de sus primeras misiones será la de hacer aprobar en el Congreso, una iniciativa patrocinada por la senadora PS Isabel Allende destinada a despojar de su grado a los militares condenados en estos casos. 

 

Pero es inconstitucional porque se trata de un derecho adquirido por los soldados, quienes tras culminar su carrera y una vida dedicada a servir a la Patria, tienen su jerarquía conforme la Constitución y las leyes. Pero como en Chile, hemos llegado a un punto tal en el que las mayorías circunstanciales pueden abusar de las Instituciones y torcer el sentido original del ordenamiento jurídico del Estado, podríamos estar en presencia, en el corto plazo de otra inconstitucionalidad. Ya la denominada Ley de Pesca, puede sentar un precedente en la materia. La moción fue presentada por los comunistas en la Cámara y el presidente de la desprestigiada corporación Marco Núñez, en acto de cobardía política, se los concedió dando apertura a una fase de incertidumbre legal de consecuencias imprevisibles para el país.

 

En esto de los reiterados abusos, la situación del Teniente Coronel Álvaro Corbalán no sorprende. Castigado por la ministra de Justicia, por una nimia falta al Reglamento (tenía un celular), fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad CAS sin recibir visitas, con precaria alimentación, dos gendarmes a la vista en su celda de 2x2 mts, con un foco halógeno encendido las 24 horas y un agujero para sus necesidades fisiológicas. Una especie de pozo séptico que expele líquidos y materia putrefactas, cuando lo utiliza el interno o los guardias que lo custodian.

 

Con escasas dos horas de salida, dadas las amenazas de los delincuentes comunes de alta peligrosidad confinados en la CAS, optó por no salir al patio. Resultado: en dos meses sometido a este régimen de vida (si cabe llamarlo de esa manera), perdió diez kilos. Cena a las 15 horas; y no ingiere alimentos hasta el desayuno del siguiente día. Para un paciente diabético esto significa descompensación y posible coma.

 

Su abogado, recurrió al juez Carroza quien tras varios días de dilaciones, autorizó su traslado al Hospital Militar para someterlo a un chequeo médico general, lo que ocurrió el lunes 1 de febrero. Y en una situación que solo responde a la manifiesta odiosidad política, el programa de DD.HH del Ministerio del Interior, decidió que funcionarios del Servicio Médico Legal -el que dirige Bustos-, deberían supervisar los controles que realizarían los facultativos del Hosmil, agraviando gratuitamente, a los profesionales que se desempeñan en ese centro clínico.

 

Hasta el viernes pudo permanecer en esas dependencias. Mediante un escueto comunicado, Gendarmería avisó que el señor Corbalán había sido regresado a la CAS, no obstante que el afectado estaba a punto de ser intervenido por un equipo de oftalmólogos. Él perdió totalmente la visión de su ojo izquierdo y del derecho conserva apenas el 35% de su capacidad. Se trata de una enfermedad que siendo progresiva, puede contenerse quirúrgicamente. Eso también le fue negado.

 

Como se puede advertir, el caso de Álvaro Corbalán ilustra las vejaciones que sufren los presos políticos militares. En su mayoría septuagenarios, aquejados de enfermedades propias de su avanzada edad. Cancerosos, diabéticos, que deben trasladarse, no en ambulancias sino en carros celulares de Gendarmería desde Punta Peuco a Santiago, es decir un trayecto total de 90 kilómetros para una diálisis o un control o simples exámenes médicos. Eso es rutinario para ancianos gravemente enfermos.

 

Es que en esto de la odiosidad la izquierda no reconoce límite. En este mismo acto en el cual la denominada Corporación Villa Grimaldi apoyaba a Carmen Hertz para subsecretaria de DD.HH, criticaron a la "justicia" en su "gestión" de los casos de DD.HH

 

Esto porque el antiguo agente de la DINA el suboficial Héctor Lira Aravena, se suicidó en el parque Juan XXIII de Ñuñoa. Los agitadores de tales causas consideraron que se trataba de una "inoperancia" de los jueces. Según ellos, Lira Aravena, perseguido en tres procesos distintos que se encuentran apenas en primera instancia, no estaba recluido ¡como ellos creen debió estarlo! Equivale a sostener que una vez acusado debiera ser objeto de inmediato arresto e internación una vez que ellos alzan su dedo inquisitorial. Querrían instalar desde ya los tribunales populares, en el cual ellos mismos, los terroristas y comandantes de grupos armados de ahora y siempre, se autoproclamarían sentenciadores sociales y judiciales, porque en materia política ya lo son.    

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