Más desigualdad Despierta Chile

Más desigualdad
Bachelet restará beneficios intrapenitenciarios a los militares condenados por combatir al terrorismo en nuestro país.
 
El anuncio lo realizó al concluir un desordenado y lacrimógeno acto en La Moneda, destinado a promulgar la ley que crea la Subsecretaría de DD.HH organismo que dependerá del Ministerio de Justicia. 
 
Al inicio de la ceremonia, la mandataria equivocó el discurso y su edecán debió correr presuroso a buscar el texto que correspondía al evento. A punto de llorar, Bachelet homenajeó a Sola Sierra en la persona de su hija, Lorena PIzarro, la que preside la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
 
Según la nueva normativa, tal Subsecretaría, otorgaría el "máximo nivel de institucionalidad" a los denominados derechos humanos. En consecuencia, tanto la AFDD como otras entidades de corte similar, encontrarían el amparo del Estado para desarrollar sus objetivos. Esto es "fortalecer el carácter exigible de los DD.HH" y "promover la NO discriminación arbitraria, la educación en DD.HH" y la presencia de éstos en "los programas de capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios del Estado" (léase uniformados y "concientización" a todo nivel).
 
Además la nueva Subsecretaría se hará cargo del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, rimbombante denominación para una cartera que no logra contener la delincuencia y se desentiende del terrorismo que, efectivamente, opera en Chile.
 
Por otra parte Bachelet, agregó, que estaba firmando el decreto para enviarlo al trámite de Toma de Razón de la Contraloría "que restringe beneficios intrapenitenciarios a quienes han sido condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y genocidio" 
 
En la práctica, dichos beneficios, favorecen muy raramente a los prisioneros políticos militares, los que al solicitarlos, una vez cumplidos los requisitos para optar a ellos, ven denegada su respectiva solicitud bajo pretextos baladíes y odiosos.
 
Prueba de ello, es la situación del Teniente Coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla quien el 20 de diciembre enterará UN MES de completo aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad y con salida de su celda una hora diaria. Los recursos que ha presentado no encontraron eco en la autoridad y, ciertamente, no lo tendrá. Por el contrario se endurece el sistema, sin consideración para la avanzada edad de quienes combatieron la violencia terrorista en cumplimiento de órdenes expresas de sus mandos.
 
Por otra parte, este martes 15 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por el Teniente Coronel (R) de Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga.
 
El TC debía pronunciarse si era válido el Auto Acordado de la Corte Suprema que nombró Ministros en Visita Extraordinaria en materia penal para causas de DD.HH, después de iniciada en 2010, la Reforma Procesal Penal.
 
Los miembros  de la Segunda Sala del TC consideraron que el recurrente no tendría razón. El oficial en retiro sostenía que al ser derogado el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, dichos ministros en visita solo podrían actuar en materia civil y no penal como acordó la Suprema. 
 
Resta aún por resolver, cuestión que se verá en los próximos días, otro tema fundamental cual es, la imprescriptibilidad de violaciones a los DD.HH.
 
Más allá de eso, la defensa de los uniformados en retiro podría recurrir ante la Corte Interamericana de DD.HH en un juicio largo y oneroso. Sin embargo, la situación que lleva demasiado tiempo sin visos de solución, lo justifica plenamente. 
 
Más aún si se tiene en consideración el posible cierre del Penal de Punta Peuco y el traslado de los internos a presidios comunes, una medida que atenta contra su dignidad y la Convención de Ginebra -según han manifestado los especialistas en la materia-; o la restricción de beneficios penitenciarios que decretará Bachelet, lo cual desconoce la igualdad ante la ley, un derecho que, se supone, tienen todos los chilenos.  

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