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INFORME SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Documento preparado por el estudio de abogados Ferrada Walker & Cía.

1.    Las infracciones a los derechos humanos experimentadas en Chile entre  1973 y hasta el año 19801, no fueron el resultado de excesos ocasionales, penalmente reprochables, cometidos por unos u otros pocos miembros de las F.F.A.A. y de Carabineros  destinados por órdenes superiores a servir durante un cierto tiempo en diferentes Servicios de Inteligencia 2/3 –como se sostuvo durante todos los últimos años –  sino  la consecuencia de un actuar múltiple, sistemático, de una cantidad indeterminada de personas integrantes de las diferentes Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y civiles contratados que, durante el período investigado,   observaron una conducta relativamente uniforme, a través de un tiempo extendido , a lo largo de todo el país, bajo las formas de un actuar institucional.

2.    Unas tres mil personas detenidas desaparecidas en este período de la vida del país, más unas treinta y cinco mil otras personas sometidas a procedimientos de interrogación, castigos o represión mediante apremios ilegítimos, en una cantidad enorme de centros o lugares destinados al efecto 4, desde Arica a Magallanes, no son ni puede considerarse un hecho de la responsabilidad personal de diez, veinte o treinta personas individuales y de menor rango, como son las actualmente sometidas a procesos, tal si fuesen los únicos Grandes Culpables de todo aquél proceso.

3.    Cuando la prensa escribe por ejemplo, hasta el día de hoy, “procesada la cúpula de la DINA en tal o cual proceso”, y señala como integrantes de la misma a un General que era su cabeza, un teniente de Ejército, dos sargentos y un civil informante que ni siquiera fue parte de su planta permanente 5, no solo comete una impropiedad, una equivocación y una injusticia enorme ; sino, peor aún, establece y contribuye a establecer una  ‘mentira funcional’ que si bien pudo servir a alguien durante un cierto tiempo, hoy y adelante será irresistible para la conciencia nacional a la luz de los hechos conocidos y por conocer.

4.    Conforme lo expresado, ante la conciencia nacional,  la tesis de las responsabilidades individuales por excesos de unos pocos – que se manejó durante todos los últimos años – se ha tornado en razón de los mismos antecedentes que informan el problema en simplemente inverosímil por su propia desproporción. Por lo mismo no es  creíble, presentable ni sustentable.

5.    Si al revés de lo anterior existió una acción multiparticipada, sostenida en el tiempo, financiada y amparada por el Estado – en razón de una llamada política de Estado o de una decisión de esa naturaleza que quizás merezca otro nombre – como lo único que explica o puede llegar a explicar razonablemente la magnitud, la intensidad, la duración y aún la existencia misma del fenómeno analizado , dicha constatación debe incidir directamente sobre la forma y el fondo en que el país deberá juzgar el fenómeno en su conjunto y, también,  respecto de las personas que pudieron o no tener participación en tales hechos, conforme a muy diferentes grados de responsabilidad, que deben determinarse.

6.    Lo que seguramente no podrá continuar sosteniéndose, de ninguna manera racionalmente posible, ante la conciencia del país y ante la justicia es:

a. Que la detención con resultado de muerte de tres mil personas aunque se le siga calificando como secuestros calificados permanentes contra toda la realidad de los hechos), cometidas a través de todo el país, durante unos cinco años, es el resultado de la acción de solo unas quince o veinte personas que actuaron “por su cuenta”, cometiendo excesos personales o individuales que todas las demás autoridades superiores del país del momento y que toda la ciudadanía ignoraron;

b. Que la aplicación de apremios ilegítimos a más de treinta mil personas durante unos cinco años o más, fue la consecuencia del mal obrar de esas mismas quince o veinte personas que se excedieron en sus conductas;

c. Que los lugares donde se habrían cometido o practicado estas infracciones, durante largo tiempo, ubicados en todo el país –   sitios  que, por lo demás,  en su mayoría corresponden a recintos fiscales destinados al uso regular de instituciones del Estado-  fue la obra de aquellas mismas quince o veinte personas cuyos nombres se repiten  en los cuatrocientos procesos abiertos por infracciones a los derechos humanos;

d. Que la inmensa movilización de medios materiales que todo lo anterior ha supuesto o ha debido suponer (incluidos helicópteros, aviones, vehículos, recintos, armas y medios materiales de todo orden), durante  cinco años fue la obra de aquellas mismas quince, veinte o más personas determinadas en tan corto número a modo de ‘corderos del sacrificio’.

7.    Afirmaciones como las anteriores son inverosímiles porque contradicen sustancialmente y con evidencia la realidad de los hechos que cada vez se conocen con mayor profundidad y extensión y, como inverosímiles que son, tarde o temprano quedarán al descubierto en su falsedad intrínseca.

8.    La circunstancia de que una o más de las personas ofrecidas en sacrificio para el ritual de la exculpación judicial, expuestas al límite de cuanto pueden personalmente soportar, viendo ya definitivamente incumplidas las múltiples y reiteradas promesas de que para ellos vendría, en algún momento, ‘una solución’ diferente de la judicial que no llegó, puedan exponer ante el país y sus instituciones la verdad de cuanto sucedió, sus orígenes y sus formas, es otro antecedente que no debe ocultarse como parte del problema que se analiza. Eso sucederá. Y esas personas saben, como todos los demás partícipes reales ‘no procesados’, qué ocurrió, porqué ocurrió y cómo ocurrió. En todos los procesos históricos de esta naturaleza, en todos los momentos y sociedades del mundo, ha sucedido de este modo.

9.    Lo que de verdad explica la magnitud, intensidad, duración y efectos del fenómeno,  que el país nunca hasta ahora ha podido asumir en toda  su trágica profundidad, es lo que viene a demostrar el conocimiento de los antecedentes que,  con toda la dureza de su contenido, permiten acercarse a una verdad más comprensible.

10.    Algunos antecedentes anteriores al 11 de Septiembre de 1973.

a) En Agosto de 1949, Chile suscribió los llamados Convenios de Ginebra sobre regulación jurídica de los conflictos bélicos.

b) Se suscribieron por el Estado de Chile pero nunca se promulgaron – sino hasta el año 1991  –   los protocolos adicionales I,  II y III, relativos a estos Convenios. Particularmente interesa en relación a este caso la no promulgación durante … ¡ 40 años! … del Protocolo II.

c) Entre los años de 1953, 1954 y 1955, el Estado de Chile por decisión de sus principales autoridades nacionales,  aceptó incorporar como misiones permanentes de sus Fuerzas Armadas, dos nuevas que nunca antes  habían hecho parte de las definiciones sobre ‘políticas de defensa nacional': a) la de participar en Guerras Irregulares ; y, b) en Guerras de Guerrillas.

d) Hay antecedentes fidedignos que permiten sostener que este trascendental cambio en las políticas de defensa del país, tuvo su origen inmediato o mediato en los llamados Pactos de Ayuda Mutua – PAM – y otros de similar naturaleza, como el TIAR, celebrados en aquella época con los Estados Unidos de América (país que venía concluyendo su participación en la Guerra de Corea, con una especial experiencia allí recogida).

e) Es claro que para el Estado de Chile, que jamás promulgó ni dio vida jurídica a los Protocolos I, II y III de los Convenios de Ginebra, como se encuentra establecido, no existieron posibles o aparentes contradicciones formales entre el hecho de que su Cancillería suscribiera  los Tratados de Ginebra de 1949  y estas nuevas definiciones relativas a su  política de defensa nacional, con expresa inclusión, a partir de entonces, de las misiones de Guerra Irregular y Guerra contra guerrillas o Anti guerrillas.

f) Es decir, estas dos nuevas misiones de la defensa nacional incorporadas quedaron fuera del ámbito de los Convenios de Ginebra principalmente en lo que se refiere a su Protocolo II o,  dicho de otra manera, este estatuto internacional quedó vigente solo en cuanto a una posible declaración de intenciones.

g) Resultado de lo anterior es que las Fuerzas Armadas chilenas – no deliberantes y esencialmente obedientes y disciplinadas de conformidad a la Constitución de 1925 – hubieron de aceptar estas dos nuevas misiones por decisión superior de las autoridades democráticas civiles que definieron, en los términos antedichos, en la Política de Defensa Nacional.

h) Impuesta a las Fuerzas Armadas las dos nuevas misiones descritas y, como consecuencia lógica de aquello, es que comenzaron estas últimas instituciones un largo periodo de instrucción, preparación, adecuación de su armamento, capacitación de sus soldados, implementación de métodos y  sistemas, redefinición de sus Planes de Guerra, orientados al cumplimiento eficaz de las dos nuevas misiones que, volvamos a repetir, históricamente nunca antes les habían pertenecido como propias.

i) Todo lo anterior dentro de un marco político social, mundial y regional, donde los efectos de la llamada “Guerra Fría”, sostenida directa e indirectamente por la rivalidad extrema y desatada de  las dos grandes potencias mundiales de la época, se expandieron como reguero de pólvora por todo el mundo y, de un modo especialmente singular, por todos los países de América Central y del Sur.

j) En lo que corresponde a la visión continental y de Chile dentro de él, las acciones y efectos de la “Guerra Fría” se extendieron efectivamente  hasta el terreno de las decisiones políticas hasta entonces siempre encausadas, entre nosotros, en los límites de una Constitución y de unas instituciones democráticas tradicionales. Esos efectos se tradujeron, de modo especial en la década de los años de 1960, en la incorporación de la violencia como método de decisión política, con la organización local y vinculada estrechamente a otras organizaciones internacionales, de movimientos subversivos. Es un hecho igualmente histórico que la revolución a la que se asoció un sector de nuestra sociedad,  acudió a las armas o proclamó su legitimidad política creando al efecto grupos u organizaciones que actuaron de manera subversiva. Es un hecho que tal fenómeno, con intensidades diferentes pero un cierto padrón común, se transformó en un fenómeno continental cuya expresión mayor fue “La revolución Cubana”. Revolución cubana que determinó en los años de 1960 la mayor parte de las decisiones políticas de los Estados Unidos respecto de América Latina.

k) La nueva preparación militar de nuestras Fuerzas Armadas, para que ellas cumplieron las dos nuevas misiones de defensa en las cuales debían y podían hacer empleo de las armas regulares del Estado, dio lugar a la creación de nuevas unidades militares bajo   conceptos muy diferentes a los tradicionales, nuevas especializaciones, es decir, nuevas aplicaciones en el empleo del recurso militar.

l) Esta ‘ nueva preparación’ para el empleo de la fuerza del Estado frente a la Guerra Irregular y la Guerra de Guerrillas o Anti Guerrillas, se efectuó desde entonces dentro de Chile y, también, enviando soldados y oficiales a diferentes ‘escuelas’ o centros  especiales de entrenamiento en el extranjero, incluido territorio de los Estados Unidos y otros países de centro América y del Sur. Todo esto hecho con medios materiales, dinero, autorizaciones y personal del Estado de Chile y, por supuesto, con el conocimiento expreso de sus autoridades civiles democráticas y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del entonces.

m) Entre las nuevas unidades de formación y especialización, en estos primeros años de 1950, se crearon   institutos o ramas de Comandos y otras especializaciones de esta naturaleza incorporadas a la carrera militar. Estas nuevas unidades fueron concebidas como ‘unidades de elite’, esto es, lo mejor y más preparado del recurso humano de las Fuerzas Armadas, dotados de armamento especial más moderno y más desarrollado que todo el resto de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas, preparados y remunerados especialmente (por sobre la media básica) por considerarse que sus actividades eran de alto riesgo personal. Es decir, ninguna autoridad podía ignorar con mediana conciencia cómo y para qué se preparaba a estos soldados de elite.

n) Un análisis sereno de los documentos soportantes de esta forma especial de nueva instrucción militar – conforme los textos originales publicados en Chile para uso de nuestros soldados – demuestra de modo elocuente hasta qué punto el Estado de Chile se comprometió con sus actos y decisiones políticas en la preparación, formación e instrucción de sus hombres de armas,  para el cumplimiento del empleo de la fuerza bélica en las hipótesis de Guerra Irregular y Guerra de Guerrillas.

o) Este periodo histórico analizado se extiende a través de los Gobiernos de don Carlos Ibáñez, don Jorge Alessandri, don Eduardo Frei, don Salvador Allende y don Augusto Pinochet, sin más variación que la del incremento constante y la profundización de las líneas adoptadas a partir de 1954.

p) Dicho incremento y profundización constante en las líneas adoptadas a partir de 1954 sigue un curso cronológico prácticamente simétrico con el incremento y profundización del uso de la fuerza o violencia expresada a través de actos terroristas, como método político de la revolución que así lo proclamaba y practicaba en toda América Latina.

q) Un ligero análisis de los informes estadísticos de salidas – continuas y permanentes – de nuestros más calificados soldados para seguir cursos en centros especiales de entrenamiento en el exterior, con especialización frente a las llamadas Operaciones frente o contra la Guerra Irregular y Guerra de Guerrillas, puede considerarse una elocuente demostración que ilustra la materia. Fueron varios cientos o quizás miles los jóvenes oficiales de Chile enviados al extranjero en aquellos casi veinte años anteriores al pronunciamiento militar de 1973. Nada de aquello pudo ser ignorado por las autoridades nacionales y ni siquiera por la ciudadanía en general.

r) La idea prácticamente “internacional”  sobre el ” crimen justificado por un ideal superior”, fue la norma de la guerra fría, de la que nuestro continente fue teatro de operaciones real por más de diez años. Toda la década de 1960, a lo menos.

s) Así, por decisión de las autoridades responsables del Estado de Chile, adoptada desde los años de 1950 y mantenida invariablemente hasta 1973, bien por propia determinación o por influencias extranjeras que no ellos no pudieron o no supieron resistir, lo cierto es que Chile se hizo co-partícipe de las operaciones de Guerra Fría , arrastrando en esa decisión a sus Fuerzas Armadas. del modo que dan cuenta los antecedentes someramente expuestos  y que, por lo demás, el país entero pudo conocer en su día como gusta hacerlo: como un lejano, ajeno pero innegable testigo.

t) Una descripción bastante extensa y acabada de lo anteriormente expuesto puede encontrarse, con detalles muy importantes de profundizar, en un libro publicado el año 1969, editado nada menos que por la Editorial Andrés Bello, organismo propio de la Editorial Jurídica de Chile, empresa del Estado de Chile, dependiente en esa época del Congreso Nacional quien nominaba a la mayor parte de su Directorio de administración.
Este libro lleva por título ” LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE EN LA VIDA NACIONAL “, y su autor es el Teniente Coronel de Ejército ( R) don Alberto Polloni Roldán.
En las primeras páginas de este importante trabajo, que se publicó por una empresa editorial del Estado y se divulgó públicamente en venta abierta y generalizada,  se deja especial constancia de una Providencia del Comandante en Jefe del Ejército de la época, General don René Schneider, a través de la cual, en forma manuscrita por él, ordena que la Dirección de Instrucción del Ejército informe sobre dicha obra y proponga su conveniencia o no de difundirla en la Institución.
En virtud de dicha Providencia, el Director de Instrucción del Ejército, como consta en documento que también se inserta allí, el General don Víctor Bravo Muñoz no solo establece un formidable y casi exagerado conjunto de elogios por dicho trabajo sino además escribe: ” Estamos seguros del positivo valor que significa la difusión de estas materias que, en sí, podrían constituir la base para la programación de la signatura de Seguridad Nacional en una Cátedra Universitaria…Por estos motivos nos hemos permitido recomendar el Compendio Cívico-Militar ( esto es, la obra aludida) como un texto que debe ser divulgado dentro de la Institución a todo su personal y formar parte de las bibliotecas de los cuerpos de Tropa e Institutos Docentes” …del Ejército.
La obra, además, está prologada nada menos que por el conocido hombre público, embajador y Canciller, don Conrado Ríos Gallardo, quien tampoco escatima elogios para ella.
Pues bien, si en esta obra se revisan especialmente las páginas 169 y siguientes ( sin perjuicio de todas las demás, para apreciar todo el sentido del conjunto de valores y bases sobre la cual se sostenía en los años de 1960-1973 la Política de Defensa Nacional) se observarán las líneas centrales del capítulo llamado OPERACIONES CONTRA FUERZAS IRREGULARES. Esto es “la forma como se combate para contrarrestar, desbaratar o aniquilar las fuerzas irregulares empleadas en tales operaciones”….y, para ello, sin reserva alguna y como la cosa más natural, se reproducen en forma resumida los principios establecidos en el llamado Manual FM 31-15, “Operaciones contra Fuerzas Irregulares” de los Estados Unidos.
Especial mención de dicho documento que sirvió de base para la instrucción de nuestros militares en esta materia, merecen los capítulos sobre “Adiestramiento ” de las tropas empeñadas en operaciones contra fuerzas irregulares; y el capítulo relativo a las “Situaciones de Prisioneros Guerrilleros ante el Derecho Internacional” o también llamado “Estado Relativo de las Fuerzas”, ” que no es otra cosa que el trato que se debe dar a los guerrilleros prisioneros…”.
En lo que toca al segundo capítulo, trato y situaciones de prisioneros guerrilleros, se enseñó claramente que, en general, no tienen ellos (salvo las normas excepcionales o condiciones que se indican en el Manual) “no tienen estado legal de personalidad legal cuando son capturados y no tienen – de acuerdo al Convenio de Ginebra- al mismo trato que se concede a un prisionero de guerra”.
A las personas sin estado legal de personalidad legal – así se enseñó y creyó legal – se les considera ” elementos clandestinos de resistencia de una fuerza irregular que normalmente no tienen estado legal o personalidad”.
Del principio anterior se desprende que sin limitaciones se les aplica sencillamente la Ley de la Guerra. “El ocupante tiene la responsabilidad de hacer su ocupación efectiva y eficaz y evitando que se organicen fuerzas de resistencia y de suprimir rápidamente las actividades irregulares. La ley de la Guerra terrestre autoriza cumplir por la fuerza las contramedidas.”
En lo que toca a lo que, en aquella época, podía distinguirse como derecho internacional humanitario, se creía que ” históricamente, el estado legal o personería ha sido de poca importancia para miembros de una fuerza irregular y ha tenido poco efecto en sus decisiones de participar en actividades irregulares”.
Es decir, se creía que a los guerrilleros insurgentes o partícipes de las fuerzas irregulares poco o nada les importaban lo que ahora se conocen como doctrina de lo Derechos Humanos. Así se creyó también, por mucho tiempo , en relación al tema de los Derechos Humanos, hasta muy entrados los años de 1980.  Estaban equivocados, como el tiempo ha venido a demostrarlo, pero así se creía de manera generalizada y pública.

u) De allí que, en la actual conciencia pública, lo que no hay al día como un conocimiento acabado de los hechos y sus antecedentes , lo tiene al menos bajo la forma de un  presentimiento cierto.

11.    Algunos antecedentes a partir del 11 de Septiembre de 1973.

a) Existe a partir del 11 de Septiembre de 1973 un periodo corto, de una intensidad muy fuerte, que nunca ha sido suficientemente estudiado, y que se extiende hasta el día 24 y 25  de Octubre del mismo año. Puede denominarse este período de 45 días como el tiempo de los bandos militares. En esos  días es cuando, seguramente, debió experimentarse la mayor cantidad de personas desaparecidas, detenidas y sometidas a apremios.

b) Dicho período termina con la dictación del Bando u Orden de la Junta de Gobierno, del 24/25 de Octubre, transmitido a las Gobernaciones del país, en las circunstancias, hora y medio que se conoce, y mediante el cual ” se suspenden a contar de esta fecha la apliacción de cualquier bando dictado con anterioridad que contemple el ajusticiamiento de las personas rendidas que hayan sido sorprendidas infringiendo sus disposiciones”…la de los bandos. Desde ese momento comienzan a funcionar los Tribunales de ”  Justicia Militar u ordinaria según corresponda”.

c) Hubo órdenes o bandos, anteriores al día 24/25 de Octubre, emanadas según se señala de la Junta de Gobierno Militar , que llegaron a disponer “que todo activista o extremista  reconocido como tal , por cualquier funcionario (de acuerdo a los documentos revisados, en este caso por Carabineros) debe ser ejecutado de inmediato en el mismo lugar…lo que se transcribe a esa unidad para su conocimiento y estricto cumplimiento”.

d) Otro Bando de los primeros días de Octubre de 1973, dispuso que ” cualquier integrante ex gap que sorpréndase debe ser ejecutado de inmediato por constituir peligro de muerte miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Añadiéndose…”Procédase asimismo con homicidas de delitos comunes… lo que se transcribe a esa unidad (Carabineros en este caso) para su conocimiento y estricto cumplimiento.

e) Hay dos o tres casos experimentados en el centro-sur del país, respecto de los cuales se abrieron más tarde accidentalmente procesos, en los cuales se conocieron estas órdenes o Bandos y se esgrimieron a título de defensa por los Jefes de unidades a quienes se responsabilizó por la muerte conjunta de muchas personas en el periodo analizado.

f) Desde la dictación del bando del 24/25 de Octubre se sucede una época de gran confusión , de hecho y jurídica, con intervención   de Consejos de Guerra o Tribunales Militares en tiempo de Guerra ,  y múltiples actividades conjuntas, dispersas y no reguladas, en las que participan los diferentes cuerpos o servicios de  inteligencia, tanto los específicos, propios o tradicionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, Investigaciones, más otros grupos de carácter informal difíciles de definir y distintos de las anteriores. Todo ello dentro de un cuadro general no regulado, de actividades entrecruzadas, y que tienen como marco general las instrucciones de los bandos de la Junta de Gobierno, que se comunican a las diferentes unidades militares vía telegráfica o por telégrafos internos, en forma generalmente cifrada.

g) Esta segunda época termina con  la dictación del D.L. N° 521, del mes de junio de 1974, que crea la Dirección de Inteligencia Nacional – DINA –  organismo al cual se la dota de medios económicos fiscales y se la provee de las especiales facultades que   le asignan  los artículos 9°,10° y 11°, últimas  disposiciones que tienen el carácter de secretas.

h) Así, desde un punto de vista formal, la DINA viene a  ‘regularizar’, normar y en cierto modo  a centralizar, las actividades de inteligencia militar dispersas o inorgánicas en los meses anteriores, desde el 11 de Septiembre de 1973.

i) No obstante, la creación de la DINA nunca supuso – sino hasta el año 1980 – el que los organismos propios de inteligencia de cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros dejaran de participaran, conjuntamente o paralelamente,  en actividades de inteligencia interna  como las descritas.

j) De allí es que, recién en 1980, un Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional dispuso la separación total de las actividades de los organismos de inteligencia propios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, confiándoles a estas, únicamente, las tareas propias del área de la Guerra Convencional, mientras dicho Decreto de Defensa  entrega las tareas de inteligencia del área de los conflictos internos ( Guerra Irregular y Guerra de Guerrillas) a Carabineros de Chile, Investigaciones y a la C.N.I.

k) De modo que el análisis de las actividades de inteligencia interior, del cual se deriva el cuadro de infracciones experimentados entre 1973 y 1980, se hace muy difícil en cuanto a establecer los roles que desarrollaron unas y otras instituciones –a través de sus organismos especializados- porque todas ellas, en uno u otro grado, actuaron paralela y conjuntamente, pudiendo distinguirse incluso diferentes tipos de participaciones de unas unidades u otras conforme la distinta importancia que cada una de ellas pudo haber tenido en relación a las zonas del país. Así, la actividad de la Fuerza Aérea es más decisiva cuando se trata de regiones como las de Puerto Montt , Temuco o Antofagasta; o de organismos de la Armada en zonas como Concepción, Talcahuano o Valparaíso; o de Carabineros en las zonas del centro agrícola del país, etc.

l) Especial mención requiere el análisis del papel desempeñado por el Poder Judicial durante todo este periodo – 1973 a 1980 – en sus diferentes etapas.

m) El  Poder Judicial no solo no acogió a tramitación ningún recurso de amparo como se ha expresado muchas veces, y es una realidad innegable,  lo que constituiría un error de omisión; sino, también, co-participó de diferentes maneras, a través de sus autoridades superiores, en actos que no pueden sino suponer el conocimiento de todo o parte de lo que sucedía. V.gr. a) Las visitas inspectivas de sus autoridades superiores a los centros de detención que habían trascendido al conocimiento público, en virtud de un Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que así lo ordena ; b) Las delegaciones a autoridades judiciales de provincia para que actuaran del mismo modo, como en el caso de Valparaíso y otras regiones; c) Las autorizaciones para que funcionarios del Poder Judicial colaboraran en la constitución formal y en el  funcionamiento de los Consejos de Guerra en diferentes provincias o regiones.

n) Los artículos secretos del D.L. N° 521, de 1974,  que crea la DINA, como tal fue registrado y tomado de razón por la Contraloría General de la República; los fondos para su funcionamiento provinieron de los Fondos Generales de la Nación y debieron ser establecidos en los Presupuestos Nacionales ( glosas reservadas) de todos los años de su funcionamiento, y Tesorería General de la República debió girarlos; y, quizás, su funcionamiento económico fue controlado por la burocracia estatal como la de un organismo más del Estado.

o) Es decir, muchas personas, muchos funcionarios civiles del Estado,  regulares, debieron necesariamente conocer de todo aquello.

p) Los artículos secretos del D.L. que creó la DINA  establecieron dos delicadas facultades en lo que importa a la materia analizada: a) la facultad de la Dina y de sus agentes  para detener personas al margen de la normativa general ; y, b) la facultad de la Dina para crear y establecer centros especiales de detención, distintos de los recintos carcelarios  o de reclusión normales.

q) Sobre concepto de Campos de Prisioneros: En la  visión de aquella época, los Centros de Detención que se establecieron a través de todo el país a partir de 1973 , de norte a sur y en número considerable, obedecían a un cierto concepto de “Centros de Prisioneros detenidos en Tránsito”. No existió aparentemente  una planificación u organización de estos “centros” que obedeciera a la estructura de un Campo de Prisioneros en tiempos de guerra. Su organización interna se fue materializando por generación espontánea, conforme a las características físicas que poseían los diferentes cuarteles o lugares ocupados . Asimismo, el léxico oficial empleado en esos años, los describía como  “Centros de Tránsito de Detenidos”. Un Campo de Prisioneros, en la doctrina militar obedece a ciertas estructuras organizacionales muy específicas, que no se observaron en los Centros de Detención ni en los cuarteles existentes de DINA.

r) Los campos de prisioneros se someten de acuerdo a la doctrina escrita militar  a disposiciones especiales que forman parte de instructivos y metodologías establecidas. Desde esta perspectiva, es muy diferente un centro de detención regular o normal, atendido por las normas de Gendarmería de Chile; un centro de detención policial, y un campo de prisioneros en tiempo de guerra /  y, distinto es en este último caso, también, en cuanto al trato que reciben las personas allí recluidas o detenidas en razón de si los prisioneros poseen personalidad legal o carácter de beligerantes, caso en el cual se encuentran amparados a las normas de los Convenios de Ginebra, en particular el llamado Protocolo II ,  o si se trata o se trataba a la época – los detenidos o capturados – de personas ‘clandestinas’ que, por no poseer dicha personalidad o estatuto legal, están simplemente sometidas a la Ley de la Guerra terrestre.

s) Por otra parte, se encuentra establecido el hecho de que durante el tiempo de funcionamiento legal de la DINA – hasta su reemplazo por la creación de la C.N.I.  – un número no inferior a 800 oficiales de las Fuerzas Armadas fueron destinados a servir en ella,  por comisiones de servicios ordenadas por los conductos jerárquicos. Así se encuentra establecido en un Oficio del señor Sub-Secretario del Interior, don Guillermo Pickering, dirigido al Ministro don Juan Guzmán y agregado a la causa que se cita, entre otros antecedentes relevantes.

t) Se puede establecer, también con precisión, que la planta permanente de personas que trabajaron en DINA mientras esta organización  funcionó – sin contar informantes ni terceras personas que pudieron haber actuado como colaboradores ocasionales de ella – alcanzó a un número no inferior a las 5.000 personas,  desplegada a través del país. Esto explica la magnitud del fenómeno.

Algunas consecuencias de la situación descrita.
a) El país deberá conocer, dentro de pocos días, un nuevo Informe elaborado por una Comisión especial designada por S.E. el Presidente de la República, para determinar los alcances del problema de la tortura y de los apremios ilegítimos sufridos por diferentes personas durante el período analizado.

b) Algunos aspectos relevantes de este Informe han trascendido a la opinión pública y, los efectos sociales e institucionales de su contenido, pueden apreciarse como especialmente delicados para instituciones que son esenciales para la vida presente y futura de la Nación.

c) Por otra parte, próximamente  la Excma. Corte Suprema deberá  pronunciarse sobre los alcances de diferentes disposiciones legales relativas al tema descrito,  en un proceso que es el primero en llegar a su conocimiento jurisdiccional y que, por lo mismo, deberá ser considerado como la expresión de una determinada jurisprudencia respecto de otros 400 procesos de igual carácter. Máxime si se tiene en consideración que el pronunciamiento de la Excma. Corte se producirá en el marco de una sentencia de casación cuya finalidad legal, de orden público, consiste precisamente en uniformar la jurisprudencia y la aplicación del derecho.

d) Paralelamente, en este mismo tiempo deben experimentarse otras actuaciones de la justicia en diferentes procesos de similar naturaleza, donde se encuentra comprometida la figura más importante del Gobierno Militar de 1973.

e) Por lo mismo, como no cabría sorprenderse, debe existir al interior de las Fuerzas Armadas y en los círculos de oficiales en retiro que conforman indivisiblemente ‘el mundo castrense’ , un ambiente de alta preocupación.

f) Así, en un cuadro verdaderamente muy complejo y de intereses contrapuestos de distintos grados, una solución del problema –cualquiera ella sea- debe consultar necesariamente aquellos distintos aspectos graves que, como en un complicado puzzle, se interpenetran y entrecruzan. Son muchos y muy variados los intereses que deben protegerse.
f.1. Es preciso  velar por el prestigio de las instituciones armadas ante la conciencia del país. Del debilitamiento moral de nuestras Fuerzas Armadas pueden seguirse consecuencias nefastas para nuestro Estado que, las Autoridades superiores del Estado, deben precaver y evitar hasta el límite de lo posible. En este caso, como en pocos otros, hay verdaderas razones de Estado esenciales que, seguramente, obligarán a ocupar un juicio fundado en una moral de la responsabilidad de Estado que resultará insoslayable, más allá de cualquier tendencia política o creencia particular. Porque el bien de un grupo social, por grave e importante que sea, no puede poner en riesgo o peligro los intereses superiores de la Nación.

f.2. Hacer justicia a las víctimas de las infracciones de derechos humanos es, asimismo, un propósito superior que no es posible esquivar. Esta justicia tiene, en el orden del derecho, dos dimensiones : uno es el reproche penal respecto de las personas que aparezcan responsables de las infracciones; otro, es la reparación económica que legalmente debe seguir como compensación de todo daño.

f.3. Es bastante seguro que, en esta oportunidad, el país alcanzará un grado mayor de verdad que el que nunca  tuvo respecto de estos sucesos, durante los treinta años pasados. Ello será consecuencia de múltiples elementos y antecedentes . Entre ellos, de la decisión de muchas personas que involuntariamente comprometidas en los hechos      ( así lo sienten cada uno de ellos) desean íntimamente también proclamar su propia justicia . Porque habiendo sido acusados de los más horribles crímenes de lesa humanidad, y maltratados como asesinos durante muchos años en forma pública, ya próximos a recibir condenas personales que les importará perder su libertad prácticamente de por vida, y no teniendo o no sintiendo tener una responsabilidad propiamente personal,  han alcanzado un punto emocional en el cual aspiran , para ellos y sus hijos,  la oportunidad de recibir una exculpación exhibiendo los antecedentes que, desde su punto de vista, explican sus conductas propiamente de carácter militar.

f.4. De una investigación objetiva y completa de los hechos – que deberá ser de este modo, si se quiere que la justicia consista en aquél viejo principio de ‘dar a cada uno lo suyo’ –  podrán  emanar más diáfanas las diferentes responsabilidades y los distintos grados de responsabilidades que a cada cual corresponden en aquella etapa triste y dolorosa de la historia nacional.
¿Puede el país sobrellevar el establecimiento verdadero y amplio de un cuadro justo y amplio de responsabilidades?… …¿ será necesario y prudente actuar en esta materia con responsabilidad de Estado, en virtud de principios insoslayables que tocan al interés nacional?
Chile ha sobrellevado con dolor y contratiempos unos 400 procesos diferentes en  materia de infracciones a los derechos humanos y que no envuelven o arrastran a más de unas cuarenta o cincuenta personas acusadas, cuyo grado y participación en los hechos en la mayor parte de los casos fue objetivamente parcial y menor. Unos veinte oficiales militares, casi todos ellos del grado inferior de tenientes a la época de las circunstancias ; otros pocos suboficiales; un puñado  de civiles, personas de condición social y cultural muy modesta,  que pudieron haber colaborado directa o indirectamente en la DINA. Esto solo ha provocado una permanente tensión político y social durante los últimos quince años.
Cabe imaginar el efecto que producirían procesos amplios, abiertos y profundos  encaminados a determinar grados de responsabilidad más verdaderos y justos, pero por lo mismo más extensos y mucho más sensibles.
f.5. No tiene   presentación  el que el Estado continue negándose a retribuir a las víctimas de las infracciones unas indemnizaciones compensatorias verdaderamente generosas y razonablemente equivalentes. Es un buen principio el que las autoridades cuiden los intereses patrimoniales del Estado, pero no con injusticia manifiesta.
El país entero debe  desde hace muchos años una justa reparación a todas las víctimas de estos tristes acontecimientos –también a muchos familiares de militares que cayeron en el período cumpliendo una misión que les había sido impuesta– solución que treinta años después de 1973  es, por lo demás, la única posible de ofrecer en la práctica.
El Estado y todas sus autoridades, sin reservas odiosas, debe necesariamente actuar  pronto y con generosidad en esta materia, y ninguna excusa es aceptable para no proceder en el sentido señalado. La posición del Consejo de Defensa del Estado es, en esta materia, esencialmente equivocada y absolutamente intolerable desde el punto de vista que a esa institución ha correspondido, a un mismo tiempo, la defensa de las víctimas en cuanto al reproche penal que aspiran. El Consejo de Defensa del estado ha servido a dos señores, y esa contradicción es insuperable.

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1.    Puede considerarse el año 1980 como una época de posible cierre del período analizado por tres razones diferentes : a) Porque recién ese año se dictó un Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual se ordenó por primera vez las funciones de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de aquellos otros como los de Carabineros, Investigaciones y C.N.I. . Hasta entonces, unos y otros, los primeros y los segundos, desarrollaron tareas de  inteligencia conjuntamente y de modo confundido; b) Porque ese año se promulgó la nueva Constitución de 1980 estableciéndose un régimen jurídico diferente del de los años precedentes, y la realidad se comenzó a adaptar progresivamente a esa nueva realidad jurídica; c) Por las consecuencias de la dictación de la ley de Amnistía que dividió los periodos de responsabilidad de los agentes del Estado en dos muy diferentes: una etapa exculpada legalmente de responsabilidad; y, una etapa futura o nueva con responsabilidades legales específicas dentro del orden general o común del derecho penal.

2.    Cabe considerar especialmente el hecho cierto de que entre 1973 y 1980 ( como se consigna en la letra a.  de la nota 1 precedente) operaron confundidamente y de manera conjunta los Servicios de Inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, más la DINA, primero, y la C.N.I. a continuación. Solo mediante la dictación del Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional, de 1980, se dispuso la separación definitiva de actividades de estos diferentes servicios. En dicho Decreto, como fácil es comprobarlo, e cometió como función unica de los servicios de inteligencia de las tres ramas de las F.F.A.A. las tareas de producción de inteligencia asociadas a conflictos bélicos convencionales con potencias extranjeras; y a los servicios de Carabineros, Investigaciones y C.N.I. las tareas de inteligencia relativas al orden interior dentro del país.

3.    En la investigación del caso de don Tucapel Jímenez, los antecedentes de las notas anteriores quedaron de manifiesto y probados, y la condena que se impuso al General de Ejército Jefe del D.I.N.E. ( servicio de inteligencia del Ejército) deriva de la precisa circunstancia de que personas que participaron en aquél hecho servían en aquél momento en dicho servicio de inteligencia especial al que no correspondía de manera alguna  actividades de inteligencia interior de acuerdo al precitado Decreto Supremo de 1980.

4.    Que se estiman en más de 180 diferentes, sin contar los establecimientos regulares o conocidos que ocupan u ocupaban a la fecha de los hechos investigados las diferentes ramas y unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, ubicados a través de todo el territorio nacional, y por largo tiempo.

5.    Se ha estimado, con antecedentes fidedignos, que el personal de planta de la DINA no fue inferior a unas cinco mil personas. Que, durante los años de su  funcionamiento, fueron destinados a servir en la DINA no menos de ochocientos oficiales de las diferentes Fuerzas Armadas y Carabineros          ( ver informe del Sub Secretario del Ministerio del Interior, 1989, que se alude más adelante en detalle), y todo ello con un organización jerárquica de tipo militar.

6.    ¿Quién y cómo podrá explicar, después de conocido el Informe Valech sobre tortura, que solo unas diez personas individuales pudieron efectuar, a un mismo tiempo y en todo el país, de la forma que se establecerá, unas 35.000 acciones de apremios ilegítimos?

7.    Protocolo I Adicional  relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de  fecha 12 de Agosto de 1949.

8.    Bajo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, tras el retorno del régimen democrático.

9.    Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra, de 12 de Agosto de 1949, sobre protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. No promulgado por Chile hasta 1991, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, como se ha dicho.

10.    Gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo.

11.    Varios otros países de América Latina, entre ellos Argentina bajo el Gobierno del Presidente General Domingo Perón, aceptaron el mismo predicamento en la misma época.

12.    El caso de Carabineros de Chile hay que analizarlo separadamente.

13.    Es decir, “participar en el empleo de Fuerzas de Guerrillas y en apoyo de dichas fuerzas”.

14.    Es decir, ” participar en acciones de contraguerrillas de Fuerzas Regulares o Especiales”.

15.    Como bien se sabe, el Consejo Superior de la Defensa Nacional, organismo militar integrado o conjunto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, elabora y aprueba anualmente los documentos en los cuales se consignan los principales aspectos de definición de la política del Estado de Chile en materia de defensa nacional. Las hipotésis bélicas, los medios, los estudios de alternativas, las misiones, los medios, se describen en una completa documentación que las actuales autoridades pueden revisar en dichos Registros reservados. En la documentación citada del Consejo Superior de la Defensa Nacional, ecperimentados entre los años de 1953 y 1973, invariablemente, puede consultarse y confirmarse todos estos antecedentes expuestos aquí en forma de suyo general.

16.    Ver Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra, de 12 de Agosto de 1949, sobre protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. No promulgado por Chile hasta 1991, durante el Gobierno del Presidente Aylwin.

17.    Hay textos que pueden revisarse a este respecto y que son de suyo elocuentes: entre ellos, toda la documentación que anualmente se produce y se define en el Consejo Superior de la Defensa Nacional y definiciones anuales de Planes de Guerra, que necesariamente se encuentran o deben encontrarse en el Ministerio de Defensa Nacional, escritos, en los cuales se consigna – año a año- todas las hipotesis de empleo de las Fuerzas Armadas.
También, por ejemplo, ver Historia de los Comandos en Chile y la Escuela de Paracaidismo en Chile.
A nivel internacional , más interesante y decisivo resulta a este punto revisar los textos del Jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA , Sidney Gotlieb, y su proyecto denominado MK-Ultra, aplicado en Guatemala, destinado a afectar los comportamientos humanos.
Destaca, entre estos últimos textos, su Manual ” Estudio del Asesinato” , oficialmente CSI-1997-00018, Doc. N° 135832, del año 1953.

18.    Conforme se ha reconocido últimamente estos documentos impresos en Chile para uso e instrucción de nuestros soldados fueron, por lo general,  copias prácticamente literales de los instructivos y textos de entrenamiento producidos y entregados en el exterior, en los centros especiales creados al efecto, en diferentes puntos de los Estados Unidos y América.

19.    Una decisión que en su origen puede considerarse similar a esa otra aquella que, hace unos diez años, se intentó imponer como nueva misión permanente de nuestras Fuerzas Armadas en el combate al Narcotráfico. Chile se resistió y no aceptó ese involucramiento, como sí lo hicieron o tuvieron que obligadamente hacerlo otras Naciones de América Latina. Si Chile hubiese cedido a tal pretensión, y la decisión en el sentido señalado se hubiese adoptado, es seguro que nuestras Fuerzas Armadas habrían tenido que formar unidades especiales anti narcotraficantes, con entrenamiento especial, métodos especiales, armas y medios especiales. Es obvio decir que las consecuencias, fáciles de preveer, habrían sido lo más altamente desastrosas.

20.    El Manual FM 31-15, Operaciones contra Fuerzas Irregulares” fue publicado completo en la Revista Causa ML de 8 de Mayo de 1969.

21.    Ver copia de documentos respectivos.

22.    Actual VIII° Región.

23.    El Bando u Orden de la Junta de Gobierno del día 24/25 de octubre establece precisamente en sus téngase presente ( N°2) ” que a la fecha se encuentran funcionando en forma normal los Tribunales Militares de Guerra en cuanto a procedimiento garantiza una justicia rápida y expedita”.

24.    Estos antecedentes pueden verificarse en muchas fuentes abiertas diferentes. Pero especial mención caba hacer de los antecedentes registrados en el llamado proceso por Operación Albania, donde se encuentra consignado perfectamente bien – por declaraciones, entre otras, del General Gordon, y del Jefe de Inteligencia Militar en 1980, General Alvarez – cómo sucedieron las cosas. Ahí se acompañan numeros antecedentes escritos y documentos en el mismo sentido anterior.

25.    De acuerdo a la doctrina más o menos universal de la época tratada, las condiciones de Guerra se consideraban divididas en las siguientes diferentes clases: a) Guerra General; b) Guerra Limitada; c) Guerra Fría. Se define o se definía esta última del siguiente modo: “Uso de medidas políticas y económicas, tecnológcas, psicológicas y militares que  no llegan al conflicto armado abierto que  implica fuerzas militares irregulares para alcanzar objetivos nacionales. La guerra fría incluye períodos de tensión internacional creciente, actividades cuasimilitares aceleradas y actividad creciente por fuerzas militares”.

26.    Pueden consultarse directamente los Instructivos militares sobre establecimiento y conducción de campos de prisioneros.

27.    Protocolo II que, en Chile, no fue promulgado hasta el año 1991, bajo el gobierno del Presidente Aylwin, habiendo permanecido entonces unos cuarenta años sin promulgación legal, a pesar de haber sido suscrito por Chile el tratado o convenio de Ginebra.

28.    Conforme el Manual 31-15 “Operaciones contra Fuerzas Irregulares” según se ha establecido.

29.    Oficio de fecha 21 de Abril de 1998, agregado a la causa caratuladoa “Gladys Marín con Augusto Pinochet y otros” – o causa Villa Grimaldi- con antecedentes complementarios del Departamento V de Investigaciones y otros archivos.

30.    Debe observarse como un antecedente de interés el hecho cierto de que la inmensa mayor parte de Oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas – y, en particular, de numerosos Oficiales sometidos a procesos – son padres, abuelos o parientes directos de Oficiales en servicio activo, lo que establece condiciones de vínculos objetivos mucho más considerables que aquellas que provienen de la tradicional camaredería y lealtad recíproca que desde siempre se observa al interior del ‘mundo militar’. Las autoridades deben tener presente este antecedente de un modo especialmente cuidadoso

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