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Odio y Prevaricación Hermógenes Pérez de Arce

Odio y Prevaricación

Blog de Hermógenes 12 de septiembre 2015

          Chile sería muy distinto si no hubiera tanto odio. Lo vimos expresarse, una vez más, en “la efeméride nacional del odio”, el 11 de septiembre, que, sin embargo, debería ser de celebración del día en que la nación se libró de convertirse en una colonia totalitaria, como lo dijo con tanto acierto Patricio Aylwin en 1973 y se reproduce hoy en una inserción pagada de “El Mercurio”, suscrita y financiada por un grupo de leales a la historia y la verdad.
 
          Este 11 se reunió en La Moneda un cuarteto de mujeres odiosas: Michelle Bachelet, Isabel Allende, Viviana Díaz y Lorena Pizarro. Propiciaron, cada una a su turno, que los ancianos Presos Políticos Militares sean trasladados del penal de Punta Peuco a una cárcel  común. La edad promedio de los PPM es de 76 años y hay entre ellos varios octogenarios y enfermos que han perdido la lucidez y no saben dónde se encuentran. Uno de estos últimos, Marcelo Moren Brito, acaba de fallecer. Si se respetaran los derechos humanos, debería haber sido liberado hace años por razones humanitarias. Pero éste es un tema visceral y político y para otra agente del odio de tiempo completo, como Lorena Fries, del Instituto de Derechos Humanos, sólo son tales los de los terroristas de izquierda.
 
Ya Piñera, en su caso no por odio, sino obrando por el móvil de todos sus actos, su propia conveniencia y popularidad, trasladó a un puñado de oficiales que estaban en un penal digno, Cordillera, a otro alejado y a punto del hacinamiento, Punta Peuco. Uno de sus perseguidos, el general Odlanier Mena, no soportó la idea y, siendo por añadidura inocente, puso fin a su vida. Hace poco otro camarada suyo, Hernán Ramírez Rurange, optó por el mismo camino. Resultado de la persecución odiosa y la injusticia.
 
          Seguramente las promotoras del odio no pueden soportar que los ancianos y enfermos estén encarcelados en condiciones dignas. Pero eso va a ser así en cualquier otro penal al cual los trasladen, porque se trata de personas decentes que con sus propias manos mantienen aseados sus calabozos, comedores y letrinas y, por tanto, nunca van a poder ser rebajados a las condiciones habituales en las cárceles nacionales, donde se camina sobre excrementos, los reos portan estoques para atacar, defenderse y abusar y donde “el bueno se hace malo y el malo se hace peor”. Las odiosas mujeres querrían que esos ancianos PPM, a quienes la saña y el atropello de las leyes mantienen privados de libertad, vivieran en medio de la hez de la sociedad. Pero fueron los que salvaron a Chile enfrentando las balas terroristas, lo que justifica el homenaje que les rindió en la Cámara el único parlamentario que se atreve, Ignacio Urrutia (UDI)).
 
          A propósito de eso la justicia de izquierda ha dado un testimonio más de su sesgo al suspender mediante una “orden de no innovar” la condena a veinte años de uno de los asesinos de Jaime Guzmán, Enrique Villanueva Molina, que estaba ya condenado por sentencia ejecutoriada. Contra la misma se interpuso un insólito e improcedente “recurso de queja”. Contra una sentencia ejecutoriada no procede recurso alguno. Pero estamos en el Chile de la justicia de izquierda.
 
          Por contraste, se condena a veinte años al caballeroso mayor (r) Arturo Silva Valdés, como “único autor material del homicidio de Berríos”, un químico de los servicios de inteligencia. Pero en carta al diario su abogado defensor, Carlos Neira, ha precisado que la condena fue sin pruebas. La mayoría de izquierda de ministros se atuvo a la “doctrina Solís” y lo condenó por “una ficción”: como Silva Valdés estuvo a cargo de la salida de Berríos en 1991, “mantuvo un deber de cuidado sobre la víctima, lo que la doctrina denomina posición de garante y por tal razón no le era posible desentenderse de ella”, según se lee en el fallo de la Sala Penal. Un año y medio después de haber llegado sano y salvo a Uruguay, en 1993, Berríos fue asesinado; y ahora, sin ninguna prueba, la Corte Suprema imputa el crimen a Silva Valdés, mediante la “ficción” de que si lo cuidó en 1991 tiene que haberlo asesinado en 1993. Presunción de culpabilidad, en lugar de inocencia.
 
          Terrorista libre, militar preso. Y éste, ojalá en medio de los delincuentes comunes. Entre el odio y la prevaricación, Chile prosigue su lamentable e inevitable retroceso moral. 

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