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Responsabilidades en La Araucanía

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La alta rotación de los mandos superiores de Carabineros en la zona, sin que se conozca asimismo una evaluación de su desempeño en una región con un desafío tan explícito en materia de orden público, lógicamente provoca el rechazo ciudadano.

 

Una de las características fundamentales de las políticas de control de la delincuencia que resultan exitosas es su permanencia, de modo que sean consistentes y entreguen mensajes claros a aquellos que pretenden disuadir. Del mismo modo, el acervo de experiencia que se acumula a lo largo de la ejecución de un programa como este es un activo muy valioso y por eso la alta rotación de sus autoridades resulta profundamente desaconsejable. 

Desde esa perspectiva, es perfectamente comprensible la preocupación mostrada por diversos personeros en La Araucanía, desde los parlamentarios de la zona, representantes de los agricultores, de la multigremial y de los contratistas forestales, por la alta rotación de los generales de Carabineros encargados del control del orden público en esa región del país. Es evidente que una política sostenible en esta dimensión, en una zona tan compleja, no admite ni improvisaciones ni falta de continuidad, lo que difícilmente puede conseguirse si quienes están a cargo cambian sucesivamente y cada vez es necesario que las nuevas autoridades se vuelvan a imponer de las características y complejidades del conflicto. 

Nadie piensa que las circunstancias que afectan a los habitantes de La Araucanía, con grupos radicalizados que se arrogan la representación de los pueblos originarios, sea un problema de mero orden público. Por cierto, se trata de una situación de múltiples aristas económico-sociales, culturales y políticas. Con todo, para el éxito de muchas de las políticas públicas que pueda impulsar el Estado en esa zona es clave su credibilidad en cuanto a la capacidad de hacer respetar el Estado de Derecho y dar protección efectiva a los vecinos y habitantes de esas comunas. 

La alta rotación de los mandos superiores de Carabineros en la zona, sin que se conozca asimismo una evaluación de su desempeño en una región con un desafío tan explícito en materia de orden público, lógicamente provoca el rechazo ciudadano. Esa percepción puede haber estado presente en las excepcionales mayorías que consiguió el Presidente electo Sebastián Piñera en esos distritos. Dichos resultados propinaron un duro golpe al Gobierno, y sin duda estuvieron influidos por la permanente sensación de inseguridad en la región, el abandono económico y la erosión del Estado de Derecho en la zona, lo que dista de haber sido afrontado con decisión y coherencia desde el Ejecutivo. Del mismo modo, esto le impone un considerable desafío a las autoridades entrantes, que deberán responder a las expectativas con un control consistente del orden público, y con un trabajo de reactivación económica de la región. 

Todo lo anterior demuestra, incluso más allá de las elecciones, que las decisiones de la autoridad en la gestión de las políticas públicas y en la persecución criminal están hoy sana y permanentemente sometidas al escrutinio de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, que se pronuncian tanto acerca de su racionalidad como de sus modos de implementación. El tan celebrado empoderamiento ciudadano resulta de escaso rendimiento si se queda solo en el aspecto vociferante de las demandas o las manifestaciones masivas y no va acompañado de un escrutinio propositivo para que las autoridades retroalimenten correctamente sus decisiones políticas. 

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