Tribunal Constitucional y Consejo de Estado Gonzalo Rojas

Tribunal Constitucional y Consejo de Estado

Se acusa a la mayoría de los políticos de cuanta maldad puede hacerse en la vida pública… y también en la privada. Y, de paso, se acusa a los jueces de estarse politizando cada día más.

Desde un lado se dice que los comunicadores son todos de izquierda; y desde el otro, que los dueños de los medios son todos de derecha, a lo que se contesta que los periodistas… son todos de izquierda.

Se afirma que la CUT tiene poder, que algunos sindicatos tienen capacidad de presión y que la Confech y casi todas las federaciones universitarias y secundarias han estrilado con eficacia, porque están en manos de políticos. Se agrega que para ser candidato a alcalde, concejal o core, hay que apitutarse en un partido, y que los que llegan sin afiliación a esas tareas de servicio social, pronto la buscan y se transforman en políticos. Y se acusa a la mayoría de los políticos…

Demonios. ¿No hay instancia alguna en la vida pública chilena que no esté en manos de los políticos o camino de sujetarse a su control? ¿No es acaso una de las mayores paradojas que aumentando su desprestigio sea cada día más grande su influencia?

Ahora, dicen, le toca al Tribunal Constitucional. Y en estas cosas pasa lo mismo que si el papá permite una vez palabras duras para la mamá: vendrán en cadena. O sea, si se designa para ese Tribunal a personas cuya cualificación primordial es la de ser operadores políticos, todo se habrá lanzado al precipicio. “¿Qué le paso a tu señora?”, le preguntaba el agricultor a su capataz recién viudo. “Le entró una jodiendita, se jue jodiendo y jodiendo hasta que se jodió”, contestó el fiel empleado.

“Sería lamentable”, afirma Raúl Bertelsen, cuando le consultan por la posibilidad de que los reemplazantes de él y el ministro Vodanovic fuesen operadores políticos. Sería lamentable, sería la jodiendita.

Operadores políticos: qué expresión tan magnética. Hay jóvenes profesionales que aspiran a serlo; hay individuos de mediana edad que practican la actividad con orgullo; se sabe ya de algunos a punto de jubilar después de largos años en tan omnicomprensiva tarea. Pero, mirada desde fuera, esa profesión huele mal: los sujetos aquellos no son políticos, son algo parecido, pero menos claro. No ocupan cargos formales, porque operan; es decir, anda tú a saber qué cosas hacen que no están definidas por verbos específicos. Cuando alguno de ellos llega a integrarse al Poder Ejecutivo, en planta o como asesores -vaya nómina la de Educación en el 2014-, entonces se sabe qué venían haciendo, porque la bendita transparencia los obliga a trabajar bajo normas sujetas a control. Pero antes de eso, operan; es decir, hacen aquello que algunos políticos no quieren o no se atreven a hacer. ¿Qué? Todo aquello.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional -con mejores o peores jueces- ha sido una zona de autonomía política, un ámbito donde la alineación de votos ha correspondido mucho más a convicciones jurídicas y morales que al reflejo pavloviano con que actúa el operador político.

No van quedando muchos ámbitos así en la vida civil chilena.

Los pocos que existen -las facultades de Derecho, algunos consejos de referencia ética o técnica, ciertas organizaciones empresariales o gremiales- van a ver su tarea autónoma mucho más dificultada si otro Tribunal cae bajo control de la operación política.

¿Algo que hacer? Quizás ha llegado el momento de insistir en un Consejo de Estado, en el que todo se discuta y se proponga -sin capacidad de comprometer a nadie- en esa gratuita colaboración desde la inteligencia de grandes viejos a su patria, tarea en la que todos los operadores sobran, porque la palabra sabia mueve más que la neurona a sueldo.

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