TRIBUNALES UNIPERSONALES PARA CAUSAS DE DD.HH Actualidad

TRIBUNALES UNIPERSONALES PARA CAUSAS DE DD.HH

Escribe: Adolfo Paúl Latorre

 

 

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inconstitucionalidad del auto acordado de la Corte Suprema Nº 81-2010 que designa Ministros de Corte como tribunales unipersonales en causas de DD.HH.; requerimiento que se fundaba en que el artículo 11 de la ley 19.665, de 9 de marzo de 2000, modificó el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, excluyendo de la competencia de los Ministros de Corte las materias criminales, dejándola subsistente solo para materias civiles.

El Tribunal Constitucional resolvió que, no obstante lo anterior, dicha norma seguía vigente en materias criminales para aquellos hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal —el que entró en vigor, para todas las regiones del país, el 16 de junio de 2005— por así disponerlo la disposición constitucional octava transitoria.

Al respecto, es preciso hacer presente que dicha disposición constitucional transitoria es manifiestamente inconstitucional por numerosas razones, entre otras: a) Adolece de un vicio de inconstitucionalidad de forma (porque no contó para su aprobación, en cada Cámara, con las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio; que era el mínimo requerido por tratarse de una disposición que afectaba garantías fundamentales establecidas en el capítulo III de la Carta Fundamental); b) Es contraria a las disposiciones constitucionales del artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y del 19 Nº 3 (igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos); c) Es contraria a la disposición constitucional del inciso final del artículo 77 (las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional, pero la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años); d) Es contraria al capítulo VII de la Constitución (cuyo propósito era el de reemplazar el sistema procesal penal inquisitivo por uno adversarial y acusatorio); e) Es contraria a diversos tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

En caso de antinomia debe preferirse la norma de mayor jerarquía o la más favorable al imputado. Evidentemente, las normas constitucionales establecidas en el Capítulo III de la Constitución —que para su reforma requieren la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio— son de mayor jerarquía que una disposición transitoria.

No es razonable que habiendo transcurrido ya más de diez años desde que la reforma procesal penal entró en vigor en todo el territorio de Chile —cuyo objetivo era poner fin, de manera definitiva, al sistema procesal penal inquisitivo— se continúe aplicando a algunos individuos el sistema de procedimiento penal antiguo, lo que aparte de constituir una discriminación palmariamente arbitraria y por lo tanto inconstitucional (pues carece de una motivación o fundamento racional, no propende al bien común, ni obedece a principios de justicia o equidad y es, por tanto, una discriminación injusta, odiosa y caprichosa entre ciudadanos o personas de una misma categoría) vulnera abiertamente derechos esenciales y garantías que la Constitución asegura a todas las personas y que no respeta los derechos humanos de los imputados.

Si es inconstitucional la precitada disposición constitucional octava transitoria, con mayor razón lo es el artículo 7º transitorio de la precitada ley 19.665 —que dispone lo mismo, en el sentido de que las disposiciones de esa ley que incorporan, modifican o suprimen normas del Código Orgánico de Tribunales u otros cuerpos legales relativas a la competencia en materia penal continuarán aplicándose, después de la entrada en vigor de la reforma procesal penal, respecto de las causas criminales referidas a hechos acaecidos con anterioridad—; artículo sobre la base del cual el Consejo de Defensa del Estado fundó su solicitud de declaración de inadmisibilidad.

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