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Un tema ético

 

Creciente apoyo concitan las iniciativas que transversalmente vienen propiciando aplicar beneficios humanitarios a condenados a penas privativas de libertad ancianos o gravemente enfermos, "sin discriminación de ningún tipo". Esto incluiría a algunos ex uniformados de variado rango, condenados por graves violaciones a los derechos humanos, pero cuyas avanzadas edades y condiciones de salud han suscitado un debate respecto de las consideraciones humanitarias que deben regir en la materia.

Una voz relevante en este tema ha sido la del sacerdote jesuita y ex rector Fernando Montes -cuya oposición al régimen militar nadie ignora-, que en "El Mercurio" se ha referido específicamente a reos ancianos y enfermos de Punta Peuco (de cuyos 121 internos, 36 tienen más de 75 años, cuatro sufren cáncer avanzado, 11 son diabéticos insulinodependientes, y uno padece alzhéimer), y también a los condenados de todas las cárceles.

Montes expuso esta posición ante la comisión de DD.HH. del Senado, afirmando que fue a plantear "un tema ético". No está "pidiendo indulto, sino consideraciones humanas. Resulta en extremo inhumano y poco civilizado tener a la gente presa cuando se encuentra en situación de avanzado deterioro o terminal". Y dirigiéndose a las familias de las víctimas añadió un "humilde consejo como cristiano: pedirles que hagan el esfuerzo más profundo de perdón, porque los que sanan son ellos mismos: los que perdonan".

Poco después, un texto del senador Larraín (UDI) devino en un proyecto de acuerdo transversal -de 19 senadores DC, PR, PPD, RN, independientes y de su propio partido, esto es, más de la mitad de aquellos en ejercicio- para solicitar a la Presidenta de la República que, mediante medidas administrativas, reos que padecen enfermedades graves o incurables puedan dejar los recintos penitenciarios y quedar sujetos a libertad vigilada en sus hogares. Según ha informado, encontró "mucho apoyo, incluso en quienes prefirieron no firmar".

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, declaró "no tener duda respecto de la bondad de una iniciativa como esta". Comprende que "esto ha de significar un dolor para las personas que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos", pero "la misericordia es para todos". Y concluye que "la sociedad no puede vivir estancada solo en los dolores, y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación".

Otras figuras, como la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado Clara Szczaranski, también han manifestado la necesidad de reconocer las razones humanitarias en la aplicación de las penas privativas de libertad, sin discriminación.

Estos beneficios se basan en principios y normas básicas del derecho internacional humanitario (DIH), que deriva fundamentalmente de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, tratados internacionales suscritos por Chile que protegen, entre otros, precisamente a los enfermos. Una muestra de su aplicación es el hecho de que desde 1999 se viene impartiendo capacitación en DIH a las Fuerzas Armadas, como parte de su programa en academias, y desde 1994 nuestro país cuenta con una poco conocida Comisión Nacional de Derecho Humanitario, cuya función es estudiar y proponer a las autoridades competentes las medidas para dar efecto en Chile a los citados convenios y protocolos adicionales.

Además, en los últimos días se han presentado dos proyectos sobre este tema. El primero, patrocinado por los senadores Navarro (MAS), Pérez y Ossandón (RN), busca modificar la ley sobre penas sustitutivas, mediante un artículo por el cual cuando a un condenado se le diagnosticare una enfermedad grave, de tratamiento incompatible con el que pueda brindar el recinto penitenciario, el tribunal podría reemplazar la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva. El segundo, de los senadores Prokurica, Chahuán (RN) y Moreira (UDI), busca modificar el Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de adultos mayores. Prokurica recuerda que el Pacto de San José dispone que toda persona privada de libertad debe ser tratada con la dignidad inherente al ser humano. Si prosperara esta visión, enaltecería al país y a sus impulsores. 

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