Una promesa comprometedora Despierta Chile

Una promesa comprometedora

Por Justos Pastor Suárez, VoxPress.cl

De las entrevistas privadas suelen rescatarse

 

 

sólo las versiones que las partes quieren revelar. El resto queda en la intimidad y en la reserva expresa de los participantes.

De ahí que ni el Papa Francisco I ni la Presidenta Michelle Bachelet hayan dado muchas luces respecto de su encuentro en el Vaticano, excepto que el Pontífice se encargó de poner énfasis en la “la salvaguarda del derecho a la vida” y ella, a su vez, se comprometió a que  “la Iglesia Católica será considerada para la nueva Constitución”.

Por lo escueto de los comunicados de una diplomacia de tan alto nivel, no fue  mucho más lo que se pudo rescatar del encuentro, pero este par de conceptos “oficiales” van a tener implicancias gravitantes en la dinámica del contaminado y crispado escenario político nacional, básicamente por la no convergencia del Gobierno socialista y las posturas extremistas de la izquierda dura en los dos puntos centrales que los dialogantes estimaron pertinente dar a conocer.

Hoy, la posición de la ultra izquierda, plasmada en algunos focos al interior del Parlamento y en la seguidilla de manifestaciones sociales, es absolutamente radical en cuanto a despenalizar el aborto y no quiere por ningún motivo ver a la Iglesia Católica cerca de las tomas de decisiones del Gobierno.

Los “estudiantes”, el PC y los parlamentarios intransigentes como Boric, Jackson y Aguiló, atribuyen los tropiezos de la Reforma Escolar y Universitaria a la “intromisión”  —según ellos— de la Iglesia Católica, un poder fáctico  que impidió el fin de la libertad de enseñanza, como era el objetivo original del programa de Gobierno, y ahora, en el debate sobre “los porcentajes de gratuidad” en la educación superior, fue un sacerdote, Fernando Montes, quien les salió al camino y se les transformó en una piedra dentro del zapato.

Mal, muy mal, cayó en la ultra izquierda la promesa de la Presidenta al Pontífice en cuanto a que “la Iglesia será considerada para la nueva Constitución”, con lo cual sepultó la rabiosa aspiración de aquélla de que “debe ser la calle y sólo la calle” la que proclame los contenidos de una nueva Carta Magna.

Su fanatismo ideológico los lleva, incluso, a desentenderse de los anuncios presidenciales: Michelle Bachelet comunicó que “a partir de septiembre se iniciará un proceso constituyente” destinado a debatir los cambios que requiere la Constitución y, sin especificar en qué consiste, dijo que habrá cabildos para escuchar a todos los sectores de la ciudadanía.

En el Congreso, aunque deslegitimado, hay consenso de que todo cambio constitucional debe pasar sí o sí por el Legislativo, de tal modo que el panorama se acerca cada vez a una vía institucional y no populista para materializar las modificaciones a la Carta Magna, precisamente lo que “la calle” rechaza de plano.

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) resolvió radicalizar su accionar de movilizaciones “hasta que la Presidenta no cumpla su compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente” en septiembre.

Ello, nunca lo ha anunciado ni prometido nadie de modo formal y, al revés, al asumir su cargo, el ministro del Interior reveló no ser partidario de esa vía, de tal modo que el clima político se encrespará todavía más de lo que ya está.

Es fácil imaginar cuál va a ser la postura de la Iglesia Católica al ser consultada para la nueva Constitución: sí a la plena libertad de enseñanza, sí a la total libertad de culto, no a la despenalización del aborto y no al matrimonio homosexual, todas, absolutamente todas, banderas de lucha de la izquierda ultra.

Es la misma izquierda multifacética y transversal a la que convocó Bachelet para asegurarse su elección presidencial y que dispuso del lápiz con punta más gruesa en la redacción de su programa de Gobierno, y que ahora –parece definitivamente–  le da vuelta la espalda. Los hechos lo demuestran, y lo seguirán demostrando, y la confrontación con La Moneda será cada vez más áspera.

Todas las autoridades financieras del país, en diferentes tonos, coincidieron en que el último IMACEC, de un paupérrimo 1.7 de crecimiento, decididamente ya no es consecuencia sólo de los vaivenes económicos, sino es el efecto del crispado clima político, con conflictos y divisiones profundas que nos recuerdan el odio que sembró en la sociedad chilena la Unidad Popular.

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