Vulneración de Derechos Despierta Chile

Vulneración de Derechos

El diputado afirma que el Ejecutivo está cometiendo una “discriminación política” hacia los uniformados, al negarles la entrega de beneficios carcelarios.

 

Primero visitó Punta Peuco para observar en persona el delicado estado de salud de algunos militares que están presos en dicho recinto, donde constató, según sus palabras, la frágil situación que afecta a varios de ellos, al no contar con los debidos cuidados que requieren.

Luego se reunió con la agrupación de familiares de militares que se encuentran presos por causas vinculadas a la violación de derechos humanos. Con ellos programó un cronograma de acciones destinadas a lograr que a estos uniformados se les respete el derecho a optar –como cualquier reo del país- a los beneficios que establece la normativa vigente.

Y en tercer lugar, visitó al director de Gendarmería para exponerle la situación por la que atraviesan estas personas -en su mayoría de la tercera edad- al interior del centro penitenciario.

“Aquí hay personas que están con un avanzado estado de Alzheimer, otra que sufrió la amputación de una de sus extremidades por la diabetes, otro que está ciego, y a otro que no se le permitió asistir al funeral de su mujer”, explica el diputado, José Antonio Kast, quien desde hace un tiempo está impulsando una cruzada para intentar que a los militares presos en Punta Peuco –que cumplen con los requisitos- se les otorguen beneficios carcelarios que en la actualidad les son negados.

El parlamentario acusa al gobierno de cometer una “arbitrariedad” y actuar de manera discriminatoria en contra de los militares por “razones políticas”. Agrega que el Ejecutivo está incumpliendo la ley al no conceder beneficios carcelarios a personas que en la actualidad cumplen con todos los requisitos para optar a alguna de las salidas alternativas, como es la  salida diurna, dominical o el arresto domiciliario.

“Aquí el gobierno ha intentado traspasarle la responsabilidad a los tribunales de justicia, cuando son las autoridades de La Moneda las que se oponen a otorgar los beneficios, actuando movidos por la venganza, y no según lo que establece la ley”.

A juicio de Kast, el Ejecutivo debe asumir que aunque estos militares estén recluidos por violaciones a los derechos humanos, se trata de personas que de igual forma tienen derechos humanos que deben ser respetados, y el gobierno por consideraciones políticas no lo está haciendo. Estamos en presencia de una arbitrariedad y discriminación inexcusable”.

“El gobierno debe comprender que Punta Peuco es una cárcel y no un hospital o geriátrico, por lo que no existen las condiciones adecuadas para tratar a personas que tienen severos trastornos de salud, y que por lo mismo requieren de cuidados especiales que en ese recinto no se les están entregando”, enfatiza el legislador.  

Añade que se trata de una situación sumamente injusta, de la cual ya se han dado cuenta otras instituciones como la Iglesia Católica –refiriéndose a las declaraciones del sacerdote jesuita Fernando Montes a favor de que se revise la situación humanitaria de estos uniformados- y de algunos abogados dedicados al tema de los derechos humanos.

“Esta no es una acción que esté impulsado porque a mí se me ocurrió que estas personas deben estar libres, o porque es lo que quiero, sino que se trata de una situación objetiva, real, en que estos militares están siendo vulnerados en sus derechos. Son personas de la tercera edad que lo están pasando muy mal en términos de salud, y que cumplen con los requisitos para optar a los beneficios carcelarios que contempla la ley”, argumenta Kast.

Ante lo cual, el dirigente dice estar dispuesto a llegar hasta el final para conseguir que a los uniformados se les concedan esas prerrogativas, y de esa forma puedan pasar su última etapa tranquilos y bajo cuidados adecuados.

Asegura no haber recibido reproche alguno por parte de su partido, al asumir la defensa de estos militares, en momentos que la tienda política intenta desvincularse institucionalmente del régimen militar, como una forma de salir de la actual crisis que atraviesa la colectividad.

Los próximos pasos 

El diputado José Antonio Kastquiere ser riguroso, por lo que está recabando la mayor cantidad de información oficial posible, mediante oficios, con el fin de contar con todos los antecedentes para enfrentar el tema.

También se encuentra revisando los decretos supremos relacionados a la entrega de los beneficios carcelarios, con el propósito de conocer los criterios sobre los cuales se entregan los mismos. Además, estaría analizando la legislación comparada, colocando como ejemplo que, en algunos países, a las personas mayores de 65 años se les concede automáticamente la reclusión domiciliaria, por ser considerados adultos mayores.

Una vez que recopile todos estos datos, solicitará audiencia con la Ministra de Justicia para entregarle dicha información, y pedirle a la autoridad que se revierta la actual negativa a conceder beneficios carcelarios a uniformados con problemas de salud.

Consultado si corresponden beneficios carcelarios a personas condenadas por delitos de “lesa humanidad”, el parlamentario es categórico en señalar que esa figura no corre para estos uniformados, afirmando que el Estado chileno adhirió a partir de 2009 a tratados internacionales que regulan esta materia, y que la totalidad de los casos que involucra a militares es anterior a esa fecha, incluso en las resoluciones adoptadas por los tribunales de justicia.

“Ese es un tema que han querido instalar algunos abogados de derechos humanos muy de izquierda para precisamente evitar que los uniformados presos puedan optar a beneficios carcelarios, utilizando figuras como el “secuestro permanente” y otros recursos jurídicos que se contraponen a la realidad.

Kast remarca que su iniciativa no está destinada a defender los derechos de los militares que están recluidos, sino que de todos los reos del país que se encuentran en una situación similar. Para lo cual, dice, ha solicitado el listado de todos los presos mayores de 65 años y la condición en que se encuentran, de manera que exista un criterio claro para abordar su situación.

Asegura no haberse reunido con el Ejército para abordar este tema, y dice desconocer cuál es la postura de la institución, aunque piensa que la entidad está enfocada en los funcionarios en servicio activo.

Tampoco descarta recurrir a organismos internacionales para exigir el cumplimiento de los derechos de los presos de Punta Peuco, aunque explica que primero agotará todas las instancias en Chile, ya que está confiado en que se impondrá la ley.

Carlos Cuadrado S./El Muro

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