Doctrina Schneider y Régimen de Facto

Doctrina Schneider y Régimen de Facto

Chile ya no vive bajo una democracia constitucional, sino bajo un régimen de facto. El golpe de estado lo perpetró la oposición el 12 de noviembre del año pasado cuando, desde comunistas a democratacristianos, proclamaron que debía establecerse una Asamblea Constituyente, pues «la ciudadanía movilizada» (es decir, la violencia callejera, no una elección) había «corrido el cerco de lo posible» para «establecer un nuevo modelo político, económico y social», comunicándole al país que «el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos», es decir (palabras de ellos), de facto.
El gobierno, lejos de meter presos a los sediciosos, cayó presa del pánico, se rindió, se plegó a ellos y el 15 de noviembre convino con los mismos un itinerario para llevar a cabo el golpe «establecido por la vía de los hechos». Todos aliados dictaron entonces la ley 21.200 de reforma de la Constitución para legalizar el golpe. Pero la institucionalidad se había venido abajo. Los ecos de la Ley de la Selva llegan a todas partes. Hoy en «El Mercurio» el agricultor Karin Schmutzer escribe: «El 28 de julio nos robaron 130 paltos plantados hace dos años. Esto se suma a la sustracción permanente de paltos y nueces. Lo de ahora nos deja sin futura producción y en la duda de si replantar o no…» Esto pasa no sólo en la Araucanía, sino en la comuna de Santa María, región de Valparaíso y en todas partes. 
Ahora todo puede suceder, porque no hay quien garantice el orden. Antes, las fuerzas armadas lo garantizaban. E incluso antes de eso regía la «Doctrina Legalista de Schneider», establecida en un Consejo de Generales de 23 de julio de 1970, según la cual el Ejército declaraba que «hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país», pero añadía: «La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del estado abandonen su propia posición legal. En tal caso las fuerzas armadas, que se deben a la nación –que es lo permanente– más que al estado –que es lo temporal– quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país». Es lo que sucede hoy.
Por eso mismo en 1973, cuando Allende se salió de la Constitución, la mayoría democrática civil hizo un llamado a las fuerzas armadas, que lo acogieron y sacaron al presidente del poder. Pero ahora la mayoría democrática civil no está representada en ninguna parte y no dice nada.
De hecho (de facto) está pasando lo que proponían en la elección de 2017 los candidatos Artés, comunista que sacó el 0,5 % de los votos, y Navarro, chavista que obtuvo el 0,35 %. Piñera, con 55 %, ganó precisamente porque la mayoría no quería que pasara nada de eso. Pero ahora Piñera está a la cabeza de la sedición que nos trae todo eso.
La Constitución de 1980, que el país ratificó en sucesivos plebiscitos, decía expresamente que «las fuerzas armadas garantizan el orden institucional de la República.» Pero la reforma de Lagos de 2005 suprimió esa frase y la reemplazó por otra inocua: «las fuerzas armadas son esenciales para la seguridad nacional». Así, la izquierda, siempre violenta y con votos de la derecha, consiguió la ansiada impunidad para atropellar la Constitución. Y ahora la atropella.
Ya mucho antes lo había hecho el Poder Judicial, desde que la extrema izquierda fue mayoría en la Corte Suprema y violó sistemáticamente las leyes vigentes para meter presos a militares y consagrar en favor de sus guerrilleros o sus familias millonarios pagos que ya han sobrepasado los seis mil millones de dólares, según informó el año pasado la subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren. Todo fuera de la ley y la Constitución.
Las instituciones armadas nada dijeron ni hicieron ante la dictadura judicial roja ni la prisión arbitraria de su personal en retiro. Es decir, abandonaron a sus «caídos tras las líneas enemigas». Ya el Ejército había olvidado, para esos efectos, la «doctrina Schneider» y tampoco dijo nada. Por lo menos cuando lo encabezaba Pinochet, éste les había advertido a los jueces: «Si tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el estado de derecho». Mientras estuvo él, respetaron la Constitución y las leyes. Lo peor fue que la derecha, alineada tras Piñera –que declara no ser de derecha– se convirtió en coautor de esa prevaricación de los jueces: triplicó, desde su ministerio del Interior, el número de querellas ilegales contra militares (r), trasladó a los oficiales de alta graduación del penal «Cordillera» a un recinto peor, Punta Peuco, en medio del aplauso comunista y con el símbolo de la hoz y el martillo instalado en el pórtico del primer recinto.
Claro, es verdad que el Ejército ya se había se rendido públicamente a la izquierda años antes, al declarar su comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre («El Mercurio», 10.12.04) «el Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir la responsabilidad que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado». Convirtió al Ejército en chivo expiatorio, en «el único malo de la película». Pero los jueces rojos le pagaron a Cheyre poco y mal su servicio, porque también él fue condenado ilegalmente por hechos no probados, que estaban amnistiados y prescritos. Pero al menos le remitieron la pena. No lo habría pasado bien en Punta Peuco.
Además del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo aliados en la contravención de la ley y la Constitución, el Poder Legislativo resolvió también sumarse, contravenirlas y tomar la iniciativa de legislar en materias que, según la misma Constitución, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esta la establece clarísimamente el artículo 65 de la Constitución y no puede contravenirse ni por una ley ni por una reforma constitucional. Pero el gobierno, al no ejercer su derecho de veto ni recurrir al Tribunal Constitucional, de nuevo se plegó al régimen de facto al promulgar y publicar leyes inconstitucionales.
La única voz que se ha alzado contra el golpe ha sido el Partido Republicano, que tiene un diputado, y le escribió el 01.03.20 al Presidente: «Como Partido Republicano nos declaramos en oposición a este gobierno. Rechazamos el itinerario constitucional  que usted ha definido como solución a los problemas de Chile y que su gobierno ha posibilitado como respuesta a la crisis de violencia que vive Chile».
Y bajo el mismo régimen de facto el Tribunal Constitucional ha sido marginado de hecho. El otro día se reunió para analizar su triste papel ante la sucesión de inconstitucionalidades. Su ministro Juan Ignacio Vásquez lamentó que se le haya negado el ejercicio de sus atribuciones en el proceso constituyente, haciendo notar que el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» fue obtenido «en un grave contexto de violencia política que no cesó tras la dictación de la ley 21.200.»
Nadie que se tomara el poder hoy día estaría más fuera del orden institucional que los que hoy lo ostentan. En esta «ley de la selva», cualquier cosa puede suceder, aunque lo más probable es que no suceda nada. Lo cual es una mala noticia, porque Chile no puede estar peor.
Hermógenes Pérez de Arce

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