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Crecimiento y redistribución

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Pablo Rodríguez: "Para comprobarlo, basta con evocar al grupo de chilenos que, contra viento y marea, luchó en el pasado por salvar la democracia y evitar que nuestro país se incorporara a la órbita de las naciones comunistas (entonces en su apogeo)..."

Si fuera forzoso resumir en dos palabras las aspiraciones mayoritarias de los chilenos, a pesar de la confusión y desconcierto que nos afecta, yo invocaría el "crecimiento" y la "redistribución del ingreso". Gran parte de la ciudadanía quiere progresar económicamente, con todo lo que ello implica (mejoramiento de la educación, de los servicios de salud, de los medios de seguridad, transporte, etcétera), sin necesidad de presionar a la autoridad ni aumentar el descontento y la odiosidad. Asimismo, pienso que la acumulación de la riqueza (que creamos todos los chilenos en la medida de nuestro esfuerzo) no puede acumularse en pocas manos en desmedro de una distribución equitativa y proporcional al aporte que cada cual entrega al proceso productor. El conflicto social surge, entonces, principalmente, en esta última fase, cuando se trata de determinar cómo funcionan y cómo operan los "canales" a través de los cuales se determina la retribución que legítimamente corresponde a cada persona. No creo que sea problemático decidir sobre el modelo económico, porque está ultracomprobado que es la "economía social de mercado", fundada en la propiedad privada de los medios de producción, en el Estado subsidiario, y el libre emprendimiento, el único capaz de promover un desarrollo efectivo y acelerado (los casos de Chile en los años 70 y de Venezuela en la actualidad ahorran mayores comentarios a este respecto).

Es un hecho, por otra parte, que el decaimiento y la desmoralización que nos afectan están asociados a la caída del producto, a la amenaza de un desplome en el empleo, y a una marcada fatiga en la iniciativa particular, consecuencias todas de factores que desincentivan la actividad de los particulares (reforma laboral, tributaria, educacional, constitucional, etcétera).

Tengo la impresión de que nuestro país está siendo arrastrado a una crisis política que justifique, en el día de mañana, una expansión del Estado sobre bases diametralmente distintas de las que actualmente sustentan el modelo vigente. Para nadie es un misterio que existen minorías empeñadas en convulsionar el orden público, al extremo de atentar contra cultos religiosos, empresas forestales (VIII y IX Región), establecimientos educacionales, personal policial, etcétera. Se intenta, entonces, generar un clima altamente conflictivo que justifique un viraje revolucionario al amparo de profundas reformas, partiendo por una nueva Constitución. La agitación estudiantil, a la que tanto se teme por el daño que provoca a las corrientes políticas y los consiguientes perjuicios electorales, se excusa, al igual que en el pasado, como la expresión de "jóvenes idealistas". No se repara en que ella tiene como objetivo la construcción de una educación estatizada, manejada y dirigida por la autoridad central, con específicos fines sociales y una muy bien definida concepción ideológica. La pérdida de la autonomía -presupuesto esencial de toda universidad-, el control financiero de su gestión y la supervisión del quehacer académico pulverizan lo que constituye la esencia de esta tarea y lo que garantiza el avance científico de la comunidad.

Una serie de otras iniciativas, especialmente en relación con el debilitamiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la regulación laboral bajo el viejo prisma del enfrentamiento, el financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos, apuntan en la misma dirección, esto es, generar condiciones objetivas que abran paso en el día de mañana a un proceso refundacional.

A todo lo anterior debe unirse una sostenida campaña destinada a denigrar al sector empresarial y a los órganos encargados de sancionar las infracciones en que aquel incurre (lo que sucede en todos los países del mundo en mayor o menor medida), cuestión que la opinión pública condena automáticamente procediendo como un auténtico "tribunal popular". 

Cabe preguntarse si todos estos síntomas son obra de una conjunción desafortunada de factores negativos o, por el contrario, corresponden a una estrategia peligrosísima que se va profundizando y corroyendo los pilares de nuestra convivencia. Desgraciadamente, las mayorías ciudadanas son veleidosas e inestables y pueden arrastrarnos a conflictos de inesperado desenlace. Para comprobarlo, basta con evocar al grupo de chilenos que, contra viento y marea, luchó en el pasado por salvar la democracia y evitar que nuestro país se incorporara a la órbita de las naciones comunistas (entonces en su apogeo). En el día de hoy, son estos los destructores de la democracia a pesar de haber entregado a la ciudadanía el pleno ejercicio de la soberanía y restaurado la libertad entonces seriamente amagada.

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