Reforma de pensiones o estatización del ahorro personal Actualidad

Reforma de pensiones o estatización del ahorro personal

Por Posición.pe

Reforma de pensiones o estatización del ahorro personal

Uno de los debates más esperados y a la vez incentivados desde distintos sectores de la opinión política en varios países de América Latina en particular, es el referido a las pensiones de jubilación

Debate esperado por los trabajadores, en tres grandes grupos. El primero, de los que esperan más y mejores pensiones por sus aportes acumulados a lo largo del tiempo, con expectativas crecientes para saber si estarán a la altura de sus proyecciones y satisfacciones personales y familiares. El segundo, de los que se encuentran en la duda de haber elegido bien o estar ahorrando lo suficiente para depender en la vejez de esas pensiones de jubilación. Y el tercero, de los que consideran que a pesar de haber puesto poco dinero, creen que de todas maneras se les debe dar pensiones superiores a lo que realmente corresponde.

Y en medio de estos tres grupos, están los administradores del ahorro previsional, los organismos reguladores, el Estado –poder legislativo y poder ejecutivo- y los medios de comunicación.

Relegados y con una carga absurda de populismo, algunos grupos políticos y partidos sin perfil de segura representación electoral, se han vuelto los animadores no del debate, sino de protestas y de propuestas insostenibles. Son esporádicos en sus arengas y generan más rechazos que identidad, así movilicen miles de personas en una jornada de agitación. Pero aprovechando algún proceso electoral, se vuelven incansables en hacerse notar y no dejan de seguir usando plataformas mediáticas para ello.

Sin embargo, existe un colchón poblacional gigantesco que no se encuentra en el debate y corresponde a los que no van a tener pensiones. Aquí están los trabajadores informales e independientes que en algunas ocasiones aportaron a algún sistema de pensiones –público o privado- y también los que tienen a su cargo el hogar, es decir miles, sino millones de amas de casa sobretodo.

Todos queremos mejores pensiones, allí no hay debate. El problema es cómo definir lo que es justo, lo que será digno, lo que debe corresponder a cada uno. Y allí si hay debate, porque ese es el núcleo de todos los conflictos.

Tomaremos brevemente dos casos para tener un panorama, el Perú y Chile.

Perú luego de una absurda ley aprobada en el anterior gobierno del Presidente Humala, hoy en prisión preventiva por escandalosos temas de corrupción, se generó una secuencia enredada de normas desde el organismo regulador, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – más conocida como la SBS- que han ido alejando a los ciudadanos del sentido del ahorro personal que estaba dirigido a la vejez.

El objetivo no era una reforma previsional, sino un operativo político, dirigido a  menoscabar, disminuir y afectar al sistema privado de pensiones, porque de haberse priorizado una reforma previsional en su conjunto, lo primero era resolver el gravísimo problema del quebrado sistema nacional de pensiones, sistema de reparto que se encuentra con un déficit superior a los cuarenta  mil millones de dólares y que cada año, aumenta incontrolablemente esa cuenta negativa, mientras sigue afiliando a decenas de miles de jóvenes.

Lo que hizo el Congreso de la República irresponsablemente, fue malinterpretar la situación económica y financiera de los peruanos con edad cercana a la jubilación, cambiando el sentido del ahorro para las pensiones de jubilación y la cobertura de sobrevivencia ligada al mismo, vendiendo la ilusión temporal de contar con dinero ahora, perder la pensión inmediata o futura y condenar a un estado de pobreza a una gran parte de los que opten por el retiro del 95,5 por ciento de sus ahorros previsionales.

Con un mercado laboral deprimido, con trabajadores que a los 45 -50 años dejan de pertenecer a empresas formales y adquieren condiciones muy complicadas de reenganche, la suma de deudas y responsabilidades financieras ahorca a miles de padres de familia. Ese dinero, es una vía de salvación temporal –es cierto- pero también es una cadena de condenas a la pobreza. Eso es lo que no vieron los legisladores o si lo vieron, les pareció perfecto para posteriores promesas de campaña, acrecentando el futuro del populismo.

El efecto es que de cerca de 100 mil trabajadores que han retirado ese 95,5 por ciento de sus fondos, el Instituto del Ahorro estima que más de 40 mil lo han gastado o derivado a sus familiares, 20 mil han pagado deudas, 20 mil han iniciado emprendimientos –mayormente informales- y 20 mil lo han colocado en cuentas de depósito a plazo fijo, fondos mutuos, aportes voluntarios en las AFP, adquisición de bienes inmuebles.

Esta distribución se interpreta de la siguiente manera. Sesenta mil afiliados a las AFP jamás tendrán una pensión de jubilación y no pueden cubrir a sus potenciales sobrevivientes, en especial viudas. De 20 mil emprendedores deben quedar generando ingresos solamente mil al cabo de dos años, lo que sumaría 19 mil peruanos más sin pensiones a los 60 mil mencionados anteriormente.

En resumen, 79 mil peruanos sin pensiones y sin dinero. El Instituto del Ahorro calcula que de los 20 mil que han invertido en instrumentos financieros, la mitad ha efectuado proyecciones razonables de retorno de su dinero.

El estimado de los siguientes años, si sigue esa Ley vigente, es muchísimo peor. Y aunque suene impopular,  debe corregirse esa norma, pero en base a indicadores y explicaciones razonables a los afiliados a las AFP.

Chile se acaba de anunciar una legislación que propone obligar a que los afiliados a las AFP entreguen un porcentaje mensual de sus aportes previsionales al Estado. Ese aporte lo separará el nuevo ente administrador del Gobierno, haciendo que por cada 5,000 pesos –en este ejemplo- tres mil sean guardados a nombre de cada trabajador en el Estado y dos mil se trasladen a los actuales jubilados.

Esto en pocas palabras es un Impuesto al Trabajo, porque significa la estatización de una parte del ahorro previsional,  algo absolutamente inconstitucional. El estado no puede trasladar al ciudadano la responsabilidad del gobierno, apropiándose de sus aportes.

Resulta increíble que en el país donde nació la idea del sistema privado de pensiones, esté ahora naciendo la destrucción del mismo y enmascarándose un nuevo sistema de reparto bajo la excusa de una solidaridad que no funcionará de esa forma.

El enredo va de la siguiente forma. En cifras redondas –sólo para este ejemplo-, si un trabajador recibe un salario de 10,000 pesos, el Gobierno ha propuesto que el empleador le aumente 5 por ciento a su aporte previsional, cuya cifra es del 10 por ciento ahora, con lo cual el aporte subiría de 1,000 a  1,500 pesos al mes. Suena bonito, veamos más.

Ese 5 por ciento se parte en dos cifras a su vez. El 60 por ciento –o sea 3- irá a una cuenta a nombre de cada trabajador, según dicen, en una nueva entidad previsional a cargo del Estado y el 40 por ciento restante –o sea 2-, administrado por esa entidad, será trasladado al Estado quien lo derivará a los jubilados con menores pensiones. Eso, no es solidaridad, eso es apropiación ilícita del ahorro previsional. Pero veamos más.

Se creará una nueva entidad pública para esa administración del dinero que le quitarán a los trabajadores. Además, los afiliados perderán el derecho a elegir libremente la empresa que administre sus fondos individuales de pensiones. Perderán también el derecho a la libre contratación del ahorro previsional.

El estado crecerá aún más en su burocracia, gastando por lo menos 200 millones de dólares en formar una empresa pública que no garantiza nada en realidad y se volverá una caja receptora de dinero no autorizado por el trabajador para su administración.

Y aquí vienen más problemas. Se tendrán que emitir dos Cartolas de los estados de cuenta de cada trabajador. Las rentabilidades de la AFP y la de la empresa del Estado serán diferentes. En este caso, esa diferencia cuando perjudique al afiliado, debería asumirla el de menor rentabilidad. Si es la  AFP, es fácil identificar el cobro –si la Ley lo indicase-, pero si se trata de la empresa del Estado, el gobierno echará mano de los impuestos para seguir aumentando al capital inicial de esa empresa pública –recuerden los 200 millones de dólares- más dinero que justifique los errores, la menor rentabilidad, el crecimiento de la burocracia y más, muchos más aspectos solamente de administración. No nos imaginamos lo que será la gestión del dinero de los trabajadores y dónde y cómo se invertirá. Transparencia que faltará.

Por otro lado, la parte del pago de las pensiones, sean de invalidez, viudez, orfandad y la misma pensión de jubilación encontrarán serios inconvenientes operativos para saber quién paga, o en qué tiempo uno remite a otro el dinero. Y esto, es peor sino se determina que esa elección es potestad del trabajador, no otra imposición del Estado.

Vean cuantos enredos, en la contabilidad, en la rentabilidad, en el pago de beneficios, en la herencia, en la gestión de los activos. Si pensaron que eso es una reforma, se alocaron con los tiempos de elecciones y solamente suman caos en momentos de necesidad de confianza. Eso Chile lo está perdiendo progresivamente y en materia de economía, la confianza no puede disminuir.

Conclusiones

Perú y Chile están en la espiral populista y muy pocos se enfrentan a esa demagogia electoral que pretende convertir las ilusiones de algunos iluminados, en el paraíso terrenal.

Los organismos reguladores han perdido el rumbo y las posibilidades de liderazgo, el Estado se ha puesto de rodillas frente a la escalada populista y los partidos políticos miden sus expectativas de futuros votos, antes que las expectativas del país.

Los administradores de fondos en el sistema privado de pensiones y la academia, tienen que unir esfuerzos para hacer popular, todo lo que es bueno para sus naciones. Y el ahorro, es el principal motor que impulsa el progreso y el desarrollo.

Populismo no, Ahorro sí.

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